De acuerdo a las estadisticas
que nos llegan por nuestro
contador de visitas del Sitio
nos están visitando desde estos paíse
sitio puesto al día:25/06/2008
35 aniversario del
GOLPE FASCISTA en Uruguay
Estimados compañeros:
La Coordinadora por la anulación de la Ley de caducidad en Uruguay convocó a una jornada internacional contra la impunidad el próximo 27 de junio, fecha del 35 aniversario del golpe de estado de 1973.
La asociación ¿Dónde Están? de Francia les propone, para esa fecha, publicar una declaración conjunta de apoyo a la campaña para la anulación de la Ley, firmada por todas las organizaciones uruguayas de Francia y organizar un acto, que sugerimos consista en la proyección de videos sobre la memoria histórica y la lectura de la declaración en La Parrilla
Con respecto a la declaración, tomaríamos como base el comunicado adjunto publicado por las asociaciones ¿Dónde Están? de Francia y Ginebra.
Les rogamos que nos respondan lo más rápidamente posible para hacer la convocatoria.
Reciban nuestros cordiales y solidarios saludos..
Asociación ¿Dónde Están?
Héctor Cardoso - Sergio Boubet - Luis Magallanes - Marcelo Datena - Zelmar Michelini
CONVOCATORIA DE ¿DÓNDE ESTÁN?
Jornada internacional para el 27 de Junio
La larga lucha de los orientales por la verdad y la justicia encara en
un momento difícil su objetivo más trascendente: terminar con la Ley
de caducidad, ley de impunidad que ofende la memoria de los mártires
de la democracia y mansilla el nombre de Uruguay.
La campaña por la anulación de la Ley de caducidad exige el compromiso
y el esfuerzo de todos los compatriotas, dentro y fuera del país. Se
trata de un deber ético: la ley es profundamente inmoral. Y de un
deber democrático: la impunidad es un vestigio de la dictadura.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad,
integrada por decenas de organizaciones sociales y de defensa de los
derechos humanos y por reconocidas personalidades de todos los
ámbitos, lo decía claramente en su convocatoria fundacional de
noviembre del 2006:
"La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más
elementales principios éticos y jurídicos de la República, desconoce
la separación de poderes, viola derechos humanos fundamentales y
transgrede, flagrantemente, normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos que obligan al Estado a juzgar los crímenes de lesa
humanidad."
A pesar de la inercia de los poderes del Estado, de las presiones de
las Fuerzas Armadas, de las amenazas de los militares violadores de
los derechos humanos y de sus cómplices civiles, la Coordinadora ha
logrado, con grandes esfuerzos y pocos recursos, impulsar una vasta
movilización social que hoy se traduce en más de 100.000 firmas
favorables a un referendum consitucional para anular la Ley de caducidad.
Hay que anular la Ley de caducidad. Terminar con esta ley que protege
a los asesinos, a los torturadores, a los violadores, a los
secuestradores de niños y a los responsables de desapariciones.
Hay que apoyar la campaña para anular la Ley de caducidad. Juntar las
300.000 firmas necesarias para que el pueblo oriental se exprese y
anule esta ley de impunidad.
Con ese fin, convocamos a todos los compatriotas y a todas las
organizaciones uruguayas en el exterior a celebrar una jornada
internacional de lucha contra la impunidad en Uruguay. Proponemos que
el próximo 27 de junio, fecha aniversario del golpe de estado de 1973,
en todas las ciudades del mundo los uruguayos y los amigos del Uruguay
manifestemos nuestro apoyo concreto a la campaña por la anulación de
la Ley de caducidad.
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
CONVOCATORIA conjunta
Jornada internacional para el 27 de Junio
La larga lucha de los orientales por la verdad y la justicia encara en un momento difícil su objetivo más trascendente: terminar con la Ley de caducidad, ley de impunidad que ofende la memoria de los mártires de la democracia y mansilla el nombre de Uruguay.
La campaña por la anulación de la Ley de caducidad exige el compromiso y el esfuerzo de todos los compatriotas, dentro y fuera del país.
Setrata de un deber ético: la ley es profundamente inmoral. Y de un deber democrático: la impunidad es un vestigio de la dictadura.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, integrada por decenas de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos y por reconocidas personalidades de todos los ámbitos, lo decía claramente en su convocatoria fundacional de noviembre del 2006:
"La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, desconoce la separación de poderes, viola derechos humanos fundamentales y transgrede, flagrantemente, normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos que obligan al Estado a juzgar los crímenes de lesa humanidad."
A pesar de la inercia de los poderes del Estado, de las presiones de las Fuerzas Armadas, de las amenazas de los militares violadores de los derechos humanos y de sus cómplices civiles, la Coordinadora ha logrado, con grandes esfuerzos y pocos recursos, impulsar una vasta
movilización social que hoy se traduce en más de 100.000 firmas favorables a un referendum consitucional para anular la Ley de caducidad.
Hay que anular la Ley de caducidad. Terminar con esta ley que protege a los asesinos, a los torturadores, a los violadores, a los secuestradores de niños y a los responsables de desapariciones.
Hay que apoyar la campaña para anular la Ley de caducidad. Juntar las 300.000 firmas necesarias para que el pueblo oriental se exprese y anule esta ley de impunidad.
Con ese fin, convocamos a todos los compatriotas y a todas las organizaciones uruguayas en el exterior a celebrar una jornada internacional de lucha contra la impunidad en Uruguay.
Proponemos que el próximo 27 de junio, fecha aniversario del golpe de estado de 1973, en todas las ciudades del mundo los uruguayos y los amigos del Uruguay manifestemos nuestro apoyo concreto a la campaña por la anulación de la Ley de caducidad.
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
Asociaciones : Amitiés France Uruguay - Artesss- Comité FA Jorge Carrozino- Consejo Consultivo de Paris - ¿Dónde Están? - Orilla 3 Rive 3 - Ultimos Charruas-
DESDE TODOS LOS PAISES DONDE
SE ENCUENTREN URUGUAYOS
ESTE 27 DE JUNIO 2008
BIEN MILITANTE
Jornada internacional de recolección de firmas y adhesiones
PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
27 de Junio de 2008 – Por verdad y justicia
El próximo 27 de junio, fecha aniversario del golpe de estado de 1973, en todas las ciudades del mundo los uruguayos y los amigos del Uruguay manifestaremos nuestro apoyo concreto a la campaña por la nulidad de la Ley de caducidad.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, junto con la Asociación ¿Dónde Están? (Francia y Suiza) ha convocado a todos los compatriotas y a todas las organizaciones uruguayas en el exterior a celebrar una jornada internacional de lucha contra la impunidad en Uruguay.
Las organizaciones de uruguayos de Argentina, Australia, Bélgica, España, Francia, México, Suecia y Suiza ya han confirmado su participación en esta jornada.
Invitamos a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales a difundir una nueva acción de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad.
Algunas de las actividades ya confirmadas:
Barcelona
Jornadas de recolección de firmas
27 y 28 de junio
Asociación de uruguayos en Catalunya
Bruselas (Bélgica)
Jornada, Coloquio y Adhesiones
27 de junio
Entrega de firmas y adhesiones al Sr. Embajador de Uruguay en Bruselas acompañados por miembros de Amnistía Internacional y del CIDAL.
Coloquio en Solidaridad con América Latina organizado por el sindicato Belga FGTB CGSP.
Adhesión del Presidente de Amnistía Internacional.
Envío de 200 dossiers con información a parlamentarios europeos, Adhesión de CIDAL contra la impunidad y por al democracia en A Latina.
Colectivo de la red Alternativas y Solidaridad
Estocolmo (Suecia)
Exibición de cine testimonio y recolección de firmas27 de junio, 19:30 hs.
Triskel Kultur Center
Casa Uruguay en Estocolmo
Gotemburgo (Suecia)
Jornada de recolección de firmas27 de junio
Instalación de 2 mesas volantes en coordinación con el GRUPO VIDA, para que los que aún no han firmado, puedan hacerlo.
Zona Centro: 031-3302811, teléfono celular 0704 940796.Zona Angered: 031–7156192, telefóno celular 0739 289840.Comité de Base del FA "Luciano da Silva"
Madrid (España)
Jornada de recolección de firmas28 de junio,
a partir de 13 hs.
Sede de la Escuela Sindical de CC. OO. "Juan Muñiz Zapico"Comité de Base, "Gral. Carlos Zufriategui"
México (México)
Acto
27 de junio de 2008, 18.00 horas
Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Plantel Colonia del Valle
Participantes: Dr. Iván Gómez César, Director del Centro de Enlace Comunitario, UACM; Ibraim Ford, por el Comité del FA en México; Ana Buriano, por la Comisión de uruguayos en México; Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la CDH del Senado
Comisión de Uruguayos en México
Ana Maria Buriano
Paris (Francia)
Concentración27 de junio,
a partir de las 19 hs.Local del CICP ( La Parrilla)
En la reunión se repudiará una vez más el golpe de estado, del cual se cumplen 35 años, se recordará a todas las víctimas de la dictadura, se proyectará varios videos sobre la lucha y la memoria histórica del pueblo uruguayo y se dará lectura pública de una declaración.
¿Dónde Están?, Amitiés France Uruguay, Artesss, Comité FA Jorge Carrozino, Consejo Consultivo de Paris, Orilla 3, Ultimos Charrúas.
Uppsala (Suecia)
Jornada de recolección de firmas27 de junio, 17:30 hs.
Local de CETAL
Casa Uruguay de Uppsala con el apoyo de los grupos solidarios; CETAL, Bolivia Chasqui, Radio Latinoamérica y Comité contra la impunidad.veronika.engler@bredband.net
Seguiremos informando sobre las distintas acciones que se emprendan.
Coordinadora Nacional por la Nulidad
de la Ley de Caducidad
Comisión para Uruguayos en el exterior
Internet:
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Para mirar el futuro con esperanza.
Verdad, Justicia y reparación integral
El próximo viernes 27 de junio se cumplen 35 años de la disolución del Parlamento y el inicio de la histórica huelga general con que los trabajadores y el pueblo uruguayo enfrentaron el golpe de estado.
El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos procesados ya por la justicia militar.
El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada y lacaya del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares. Fue la estrategia para, a sangre y fuego, imponer un nuevo orden político y económico que facilitó la consolidación de un modelo económico-financiero al servicio del capital internacional y de la cual venimos sufriendo las gravísimas consecuencias.
La Violencia de Estado expresada en diversas formas y con diferentes intensidades fue empleada por los sectores más poderosos del Uruguay durante el siglo XIX y el mismo siglo XX para dificultar, frenar e impedir la organización de los trabajadores y el surgimiento de los sindicatos. Fue empleada muchísimas veces a lo largo de todo el siglo XX para enfrentar las huelgas y los conflictos obreros, para reprimir sus manifestaciones y la difusión de sus aspiraciones y reclamos en Montevideo pero también en el interior del país.
La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del 13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente.
Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Heber Nieto militantes estudiantiles, fueron asesinados mientras manifestaban haciendo uso de sus legítimos derechos civiles y políticos durante el pachecato. Los miles de trabajadores reprimidos y militarizados en ese período fueron víctimas de la violencia destinada a frenar el proceso de unidad y de organización de los trabajadores y de los sectores populares.
La Violencia de Estado a través del Ministerio del Interior, gestó y organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes militantes políticos. Perpetró decenas de atentados con explosivos en los locales sindicales, de los medios de prensa y de los partidos de la oposición al tiempo que intentó amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles y sociales.
Luego de la disolución del Parlamento del 27 de junio de 1973 se inició una nueva fase represiva en la vida del país, un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población.
El Terrorismo de Estado prohibió la actividad política y sindical, ilegalizó la CNT, la FEUU y la mayoría de los partidos de izquierda, clausuró los medios de comunicación opositores, acabó con la libertad de prensa e inició una etapa histórica represiva que llevó al Uruguay a ser el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. Un uruguayo de cada cinco fue detenido e interrogado. Centenares de uruguayos fueron desaparecidos y asesinados dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor y más de 30 fueran asesinados en la tortura.
Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez, dar "vuelta la página", ocultar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado.
A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Anular la ley de caducidad permitirá que la justicia pueda actuar sin cortapisas para esclarecer todas las violaciones a los derechos humanos, identificar a sus instigadores, a los autores intelectuales y materiales de ellas y llevar a cabo los juicios que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes.
Verdad y justicia siguen siendo una necesidad histórica para afirmar la institucionalidad democrática y profundizarla con el horizonte de un Uruguay auténticamente democrático, solidario y justo.
En ese mismo sentido, aprobar una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado que contemple a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los asesinados, a los presos políticos, a los familiares de ellos, a los niños nacidos en cautiverio, a los exiliados, a los clandestinos, a los despedidos por las patronales reaccionarias y al conjunto de la sociedad es imprescindible para que realmente haya Justicia.
El Estado uruguayo, como lo establece la normativa internacional y nacional, debe asumir su responsabilidad por el terrorismo desplegado por sus poderes ilegítimos y sus institutos armados. El Estado uruguayo debe pedir disculpas públicas y formales a todas las víctimas y a toda la sociedad y cumplir con las obligaciones jurídicas, políticas y éticas que correspondan.
Este es el único y auténtico camino para que
Nunca Más haya Terrorismo de Estado.
Convocamos a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y a los descendientes a mantener, aumentar e intensificar la movilización por estos objetivos imprescindibles. Llamamos a todas las fuerzas políticas auténticamente democráticas y a todos los representantes de la ciudadanía a actuar con esta orientación.
Crysol
asociación de ex pres@s ític@s"polític@s del uruguay
Lorenzo Carnelli 1294. Telefax: 418 3017
Montevideo.Uruguay
crysol2003@yahoo.com.ar
24 de Junio GARDEL DE SIEMPRE
La copia de una tarjeta postal que circuló por
años entre los uruguayos en el tiempo del exilio
Y "el mago" pronosticó bien:
VENCEREMOS !
----------------------------------------------------------------
Bordaberry 
El golpe, de puño y letra
El siguiente texto recoge las secciones más significativas del decreto del dictador Juan María Bordaberry, por el que se dispuso la disolución de las cámaras parlamentarias.
"Visto que la realidad político-institucional del país demuestra un paulatino descaecimiento de las normas constitucionales y legales que consagran derechos y confieren competencias a las autoridades estatales (...) que la acción delictiva de la conspiración contra la patria, coligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones y adherida muchas veces a ellas, para así presentarse encubierta como actividad formalmente legal. Este proceso ha conducido, bajo la apariencia de legalidad, a frenar la legítima acción de los poderes representativos y a desvirtuar el legítimo ejercicio de los derechos individuales tales como los de libertad. (...) Que por otra parte, las organizaciones sindicales, la enseñanza en general y aún los propios poderes del Estado padecen esa penetración y sufren esa conspiración que, por diferentes medios, pretende desconocer la voluntad de las mayorías expresadas libremente en las elecciones nacionales (...)
Que la no consideración por la Cámara de Senadores de la solicitud de desafuero de un senador, efectuado por la justicia militar competente por la comisión de delitos de lesa nación, y la resolución de la Cámara de Representantes no haciendo lugar a la acusación ante el Senado por violación de la Constitución al citado legislador, constituyen grave desconocimiento de fundamentales principios de la Constitución, el presidente de la República decreta disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Y créase un Consejo de Estado".
Testigo. Ex funcionario Catalurda recordó
detalles de la noche del golpe de Estado en 1973
Pajarito Silveira comandó la
tropa que invadió el Palacio
El destino de los detenidos desaparecidos será el tema de reflexión de una sesión especial de la Comisión de DDHH de Diputados cuando el viernes 27 se recuerde el golpe. "No queremos que familiares sigan sin conocer qué pasó", dijo la diputada Daniela Payssé.
27 de junio de 1973. La suerte está echada.
Comienza la larga noche dictatorial.
En pocas horas más, el Parlamento uruguayo será uno de los públicos lugares donde se realizarán actos alusivos a la fecha en que se recuerda el golpe de Estado de hace 35 años.
La clausura de las dos cámaras del Poder Legislativo el 27 de junio de 1973 tras un decreto del entonces presidente Juan María Bordaberry fue el sino más rutilante de la caída de las instituciones democráticas por ser ese el símbolo por excelencia de la democracia republicana. El mismo día (que en el calendario cayó un miércoles), Bordaberry utiliza la cadena de radio y televisión para aludir las razones por las cuales resolvió disolver las cámaras parlamentarias.
Desde que fue creado, fue esta la primera vez que el Parlamento dejó de funcionar.
El día 26 de junio, horas antes de la disolución y durante la última sesión del Senado, ingresa en calidad de suplente por primera vez el senador Jaso Anchorena (Partido Nacional). Ocupó su banca escaso tiempo por cierto y ostenta el récord en ese sentido. Hoy el nombre de Anchorena lo lleva una escuela del departamento de Lavalleja.
Ese día permaneció nublado en Montevideo y el invierno ya se había asentado sin compasión. Desde las ventanas del Palacio Legislativo, funcionarios y algunos legisladores observaban el despliegue de tanques y vehículos militares. El escenario no podía ser más agorero y ya caída la noche se convoca a una reunión extraordinaria y urgente del Senado. En Diputados no hubo sesión, "En esa sesión última del Senado, yo estaba parado atrás de Vasconcellos", recuerda Horacio Catalurda, uno de los pocos funcionarios legislativos hoy retirado- testigo de la asonada golpista contra el Parlamento.
"Me acuerdo que (Jorge) "Pajarito" Silveira fue el que comandó la tropa que invadió el Palacio aquella noche". Silveira es hoy uno de los militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos. "Al primer lugar que fueron a revolver todo fue el despacho del senador Zelmar Michelini.
Fueron derecho para allí diciendo que lo allanaban en la búsqueda de armas que nunca encontraron", recuerda Catalurda. Michelini estaba en Buenos Aires reunido con Enrique Erro. Vasconcellos mocionó interpelar al ministro de Defensa, Walter Ravena; Carlos Julio Pereyra denunciaba irregularidades en Ancap, Eduardo Paz Aguirre auguró "el pronto retorno de la democracia y el fin de los mesianismos". Y fue la noche del último discurso de Wilson Ferreira Aldunate, aquel que se cerró con un "viva el Partido Nacional... viva la Patria!".
"Estos no vuelven por 50 años", se escuchó decir a un militar que allanó la noche del 26 de junio el Palacio Legislativo. Una de las primeras medidas que se adoptó fue tapiar con maderas de entrepiso los dos hemiciclos parlamentarios de manera tal que también a la vista desapareciera todo vestigio legislativo.
Este viernes y por tercera vez consecutiva, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados acordó sesionar extraordinariamente y en forma pública aludiendo a uno de los valores cercenados por la pasada dictadura. Han sido invitadas a participar de la sesión la integrante de "Familiares" Milka González y Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman.
El acto comenzará a las 11:30 horas en la antesala de la Cámara baja.
Larrañaga en homenaje a Sapelli
Por primera vez en su historia reciente, el Partido Colorado realizará hoy al mediodía un homenaje a Jorge Sapelli, el vicepresidente que ejerció el cargo hasta la disolución de las cámaras parlamentarias.
Al acto, asistirá el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.
---------------------------------------------------
Cultura - Politica
Eduardo Galeano, será el primer y único
Ciudadano Ilustre de MERCOSUR PULSE >>>>>>>
------------------------------------------------------
Triste recuerdo.
A 32 años de la detención en
Buenos Aires de los dirigentes sindicales uruguayos
Secuestro de Gatti y Duarte condenará
al coronel Cordero
en causa argentina
El militar uruguayo será extraditado a la Argentina para que lo juzguen únicamente por delitos de secuestro. Los dos dirigentes sindicales que permanecen desaparecidos son la prueba de cargo contra el torturador. Ahora, el grupo de uruguayos sobrevivientes de Orletti será testigo en el juicio contra el represor en Argentina
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El secuestro y desaparición de los dirigentes sindicales Gerardo Gatti y León Duarte, se constituirá en prueba de cargo contra el coronel uruguayo Manuel Cordero, quien será extraditado a la justicia federal argentina en el marco de la causa sobre la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
Gerardo Gatti, dirigente sindical gráfico, fue secuestrado en Buenos Aires el 9 de junio de 1976 y resultó víctima de un chantaje por el que los militares uruguayos y argentinos pretendían un rescate de dos millones de dólares de su grupo político, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
León Duarte, dirigente sindical de Funsa, fue capturado el 13 de julio de 1976 y también fue víctima de aquel secuestro extorsivo en el que se jugó la vida de otra veintena de militantes del PVP que finalmente fue trasladada ilegalmente a Uruguay en un vuelo del Transporte Aéreo Militar Uruguay (TAMU) que piloteaba el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli.
Ese grupo de uruguayos sobrevivientes del centro de reclusión clandestino identificado como "Automotores Orletti" se constituirá ahora en testigo de cargo en el juicio que la justicia argentina le hará a Manuel Cordero, quien será extraditado desde Brasil donde fue detenido en febrero de 2006, luego de fugar de Uruguay.
Cordero, quien venía siendo enjuiciado por apología de la tortura en la justicia uruguaya, pasó luego a ser requerido por un delito de desacato por ofensa que le inició el juez penal José Balcaldi. El militar uruguayo huyó al país norteño donde fue localizado por el militante de derechos humanos Jair Krischke en Santana do Livramento.
Detenido en Brasil, Cordero fue recluido en la Superintendencia de la Policía Federal de Porto Alegre y luego pasó por la cárcel común de Santana do Livramento antes de ser trasladado a una unidad de la Policía Militar en la ciudad fronteriza con Rivera. Desde allí será ahora llevado a Buenos Aires para su enjuiciamiento por parte de la justicia federal. La extradición de Cordero ya fue decidida por el presidente del máximo organismo de justicia de Brasil, el ministro Marco Aurelio de Mello, quien aceptó una serie de condicionantes establecidas por la Procuraduría General del vecino país, a cargo de Antonio Fernando Souzas.
Cordero también había sido requerido por el juez penal uruguayo Luis Charles, quien lo indagaba por el secuestro de uruguayos en Buenos Aires, y por los jueces argentinos Daniel Rafecas, actuante en la causa sobre Automotores Orletti, y su colega Norberto Oyarbide, a cargo del caso de secuestro de niños en la coordinación represiva.
De acuerdo al Tratado de extradición vigente en el marco de los acuerdos del Mercosur, Brasil decidió otorgar la extradición de Cordero a la Argentina porque había sido el primer país en solicitarla y sólo podrá ser juzgado por cargos de secuestro, ya que otros delitos de lesa humanidad no son reconocidos por el sistema jurídico de ese país. Sin embargo, son los secuestros de Gerardo Gatti y León Duarte, quienes permanecen en condición de desaparecidos, los que prometen condenar al militar uruguayo, que terminaría cumpliendo sentencia en el complejo carcelario modelo de Marcos Paz o en el viejo establecimiento de Devoto, donde están presos otros de sus socios de Orletti.
---------------ooOOOOoo--------------
OPINION INTERNACIONAL
ENCUENTRO EN MONTEVIDEO
EL FORO DE SÃO PAULO (FSP) EN SU 14ª EDICION, QUE TIENE COMO SEDE NUESTRA CAPITAL Y AL FRENTE AMPLIO COMO ANFITRION, HA ECHADO A ANDAR BAJO LOS MEJORES AUSPICIOS. ESTAS HORAS HAN ESTADO MARCADAS POR LA FRATERNIDAD DEL ENCUENTRO CON LOS COMPAÑEROS DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, MIENTRAS SE AGUARDA EL ARRIBO DE DELEGACIONES DE VARIAS NACIONES DE EUROPA Y DE ASIA. EN ESTA INSTANCIA SE HABRA DE VALORAR EL CAMINO RECORRIDO EN ESTOS 18 AÑOS DESDE SU FUNDACION EN LA URBE PAULISTA EN JULIO DE 1990 Y PROYECTAR CAMINOS DE FUTURO.
Niko Schvarz
Ya en las actividades previas de su denominado Grupo de Trabajo se recordó que el FSP adquirió ese nombre de bautismo recién en su segundo Encuentro, efectuado en México al año siguiente bajo los auspicios del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En los próximos días se repasarán los aspectos más salientes de su trayectoria desde aquel momento, en que solamente el gobierno revolucionario de Cuba representaba los ideales y los anhelos de la izquierda, hasta el día de hoy, en que la mayoría de los países de América Latina tienen gobiernos representativos de las fuerzas de izquierda y progresistas, logro al cual han contribuido de manera decisiva partidos integrantes del Foro de Sâo Paulo desde su origen o que se han ido incorporando en el curso de la lucha.
En los primeros intercambios de opiniones han asomado situaciones peculiares que serán profundizadas en los próximos debates y motivarán sin duda resoluciones y propuestas de acciones específicas. Una de ellas refiere a los graves peligros de secesión en Bolivia.
El conocido militante de la izquierda boliviano Osvaldo "Chato" Peredo (que hoy debe desempeñarse en las difíciles condiciones de Concejal municipal en Santa Cruz de la Sierra, asediado por las fuerzas oligárquicas del departamento) demostró en una exposición ceñida que estos sectores demostraron en el referendo autonómico, en el que estuvieron muy lejos de alcanzar los porcentajes de adhesión que proclaman en su campaña mediática, su pretensión de crear organismos de poder autónomos en el departamento, al margen del gobierno central que la ciudadanía confió a Evo Morales por 54% de los votos en las elecciones de diciembre 2005.
El presidente respondió al desafío convocando a los referendos revocatorios del 10 de agosto. Peredo expresó su seguridad de que en esa fecha Evo Morales será confirmado en la presidencia, habiéndose iniciado una fuerte movilización popular para poner en jaque la permanencia de los prefectos opositores, particularmente el de Santa Cruz.
Otro caso particular es el de Paraguay. La elección de Fernando Lugo significó una victoria espléndida de las fuerzas democráticas, quebró el dominio incompartido del Partido Colorado por más de 60 años y confirmó que América Latina vive un nuevo tiempo.
El presidente electo se entrevistó en Uruguay con Tabaré Vázquez para interiorizarse del ejemplo uruguayo en materia de transición gubernamental, a la vez que abrió la perspectiva de la colaboración en el terreno energético. Ricardo Canese, secretario de Relaciones Internacionales del movimiento popular Tekojojá, que cimentó la candidatura de Lugo, expuso los desafíos para el nuevo gobierno que se iniciará el 15 de agosto.

Un gran tema de las deliberaciones será el de la paz en Colombia. Asiste al Encuentro una delegación de alto nivel de ese país, integrada por representantes del Polo Democrático Alternativo (PDA), dos legisladoras de ese sector y el presidente del PDA y su candidato presidencial, el Dr. Carlos Gaviria Díaz, de amplio ascendiente en la opinión pública colombiana como luchador por los derechos humanos. Este tema se ha complicado extraordinariamente y además se ha extendido a Ecuador y Venezuela, para pasar a constituir a estas horas un problema de toda la región y, más aún, del continente entero.
Han obrado en ese sentido las acciones agresivas de las fuerzas armadas colombianas, en primer término contra Ecuador, también contra Venezuela, a las que se sumaron las acciones provocativas de EEUU mediante el sobrevuelo de un avión militar sobre la isla de Orchila y la consiguiente violación del espacio aéreo venezolano. Se proyectan una serie de iniciativas, actos y movilizaciones en varios países para reimpulsar el proceso de paz en Colombia, y en particular para retomar la senda del intercambio humanitario. Urge hacer sentir el peso de la opinión pública latinoamericana en esa dirección, porque de ello dependen vidas humanas.
Se firmó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). América del Sur pasa a ser ya no solo una entidad geográfica, sino también política y social.
Participantes en este acto llegarán al Encuentro del FSP para hacernos partícipes de este acontecimiento trascendente.
Testimonio.
Hallazgo sería similar al de 1973:
restos atados con alambre
Aparecen piezas óseas en Rincón del Bonete
En 1973, aparecieron los restos de Gomensoro identificados en 2001.
Restos óseos, atados con alambre, fueron hallados en el lago de Rincón del Bonete. El hecho viene siendo seguido de cerca por el equipo técnico que dirige José López Mazz, en el entendido de que se pudiera estar ante restos de personas detenidas-desaparecidas.
La información fue corroborada a LA REPUBLICA por el propio López Mazz, quien por el momento se mostró cauto ante el hallazgo y señaló que estaba a la "espera de nuevos datos" y que por estas horas procuraba tomar contacto con las personas que hicieron la denuncia.
De acuerdo a la información que pudo recoger LA REPUBLICA en la noche de ayer, el hallazgo tuvo lugar hace unos días atrás, en oportunidad en que el lago mostró una bajante considerable y dejó al descubierto dichos restos óseos, enterrados, atados con alambre.
Los escasos datos que se poseen hasta el momento, no permiten asegurar la procedencia de los restos, ni que cantidad fueron encontrados, y si efectivamente pertenecen a seres humanos. López Mazz añadió que quedará a la espera de datos más contundentes y de haberlos, evaluará la posibilidad de trasladarse al propio lugar del hallazgo.
En 1973, en ese lugar fue hallado otro cuerpo con las mismas características; rodeado de alambres y tres piedras atadas a los pies.
En el 2001 se supo que ese cuerpo enterrado como NN, pertenecía al desaparecido Roberto Gomensoro Hoffman, que había sido detenido en marzo de 1973
En espera
Entre tanto, se sigue a la espera de iniciar nuevas excavaciones en predios militares. Por el momento, el juez no ha determinado posibles lugares de excavaciones, aunque se iniciarían en un predio militar, que ya fuera excavado pero con resultados negativos.
Nuevos datos aportarían otros elementos, que reforzarían la tesis de que en dicho predio militar, pero en otra zona del mismo, habrían sido enterrados militantes detenidos y desaparecidos, entre ellos la maestra Elena Quinteros.
Como se recuerda el propio Tabaré Vázquez ha dicho que cuando se tengan datos, sumamente confiables, se procederá a excavar, en los predios que oportunamente la Justicia determine.
FORTUITA DECISION
El análisis de ADN sobre un cráneo que durante 28 años conservó en su consultorio de Tacuarembó un médico forense, permitió confirmar que un cuerpo hallado en el Lago del Rincón de Bonete en 1973 pertenecía al primer uruguayo desaparecido en democracia, Roberto Julio Gomensoro Josman.
Roberto Gomensoro había sido detenido en su domicilio de Montevideo el 12 de marzo del 73, a la 1.30 de la madrugada, por agentes vestidos de civil que se identificaron ante él y su esposa como miembros de las Fuerzas Conjuntas y lo llevaron en una camioneta "camello" del Ejército custodiada por un jeep.
El cuerpo, encontrado el 18 de marzo de 1973 por el propietario de un campo lindero al Batallón de Ingenieros Nº3 de Tacuarembó, estaba atado con alambres gruesos, rodeado con una malla de alambre nuevo y asegurado a tres pesadas piedras, con la intención de "fondearlo" en el lago de la represa de Rincón del Bonete.
Gomensoro nació el 30 de enero de 1949. Tenía 24 años cuando lo detuvieron. Estaba casado. Era estudiante y profesor con el grado de Ayudante de la Cátedra de Microgeología de la Facultad de Agronomía.
Era dirigente de la FEUU y militante del Movimiento de Independientes 26 de Marzo.
La confirmación de su identidad se logró luego de una gestión iniciada en diciembre del año 2000 por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que realizó trámites para la exhumación de los restos del cuerpo que había sido enterrado en 1973 en la tumba 10.936, cuadro 7, del cementerio de Paso de los Toros. En el caso participó también la Comisión para la Paz.
-----------------------------------
Derecha, ´dré".
Blancos y colorados se alejan del centro liberal
Si el FA logra tener un buen diálogo con el electorado del centro, sus posibilidades se verán acrecentadas porque es previsible que los partidos tradicionales tengan un deslizamiento a la derecha. El Frente Amplio sólo puede perder por sus propios errores, lo que no está descartado
Raúl Legnani
Si (los radicales) optan por la intemperie, en circunstancias como las de 2004, podrían hacer necesaria una segunda vuelta.
Algo parecido le pasó a Lula cuando buscó su reelección. Pero no es seguro que ése sea el resultado de su opción por la intemperie, porque si los radicales se van de la coalición gobernante, eso podría hacer que muchos votantes que hoy están más o menos a mitad de camino entre el gobierno y la oposición votantes que hoy son, a mi juicio, un grupo más numeroso que los radicales se decidan, finalmente, a favor del FA", dijo en el suplemento Economía y Mercado de El País, el politólogo Luis Eduardo González.
De confirmarse la segunda opción de González, estaríamos ante la posibilidad de que el Frente Amplio se pare ante la sociedad de centro de nuestro país, con la posibilidad de morder parte importante de ese electorado, que siempre es decisivo en un marco de polarización electoral, con actores competitivos.
En 2004 la izquierda ya hizo una experiencia exitosa en este sentido, cuando jugó una fuerte señal hacia el centro, al resolver el doctor Tabaré Vázquez antes de los comicios que Danilo Astori fuera el próximo ministro de Economía. La seguridad que transmitió el líder de Asamblea Uruguay, permitió superar los miedos que los uruguayos teníamos después de la crisis financiera de 2000-2002.
La personalidad de Astori y la alianza con las "culebras" por parte de José Mujica, terminaron dando el triunfo a la izquierda, aunque los nuevos votos prefirieron volcarse al sector del segundo nombrado, aunque hayan sido atraídos por el primero.
En las próximas elecciones a la izquierda se le planteará, otra vez, el desafío de captar a los electores de centro, que ya dan por aceptada la estabilidad financiera, pero que ante una nueva realidad se sienten "lastimados" por la aplicación de la reforma tributaria (IRPF).
Lo que puede pasar es que haya sectores de centro (capas medias) que votaron en 2004 al FA y que en 2009 no lo hagan, pero que haya sectores de la misma zona del electorado que votaron o no al FA, pero que ahora sí lo hagan.
La premonición de González sobre la reacción del centro ante el alejamiento de los ultras, podría crear un marco cultural y político, favorable a la retención de ese electorado, que terminará definiéndose, seguramente, a principios de 2009, cuando haga el balance de la acción del primer gobierno progresista.
Si el FA logra tener un buen diálogo con el electorado del centro, sus posibilidades se verán acrecentadas, porque es previsible que los partidos tradicionales tengan un deslizamiento a la derecha.
El caso más claro es el Partido Colorado, donde se consolida la opción de Pedro Bordaberry, al grado que el candidato comienza a nuclear a sectores liberales y republicanos como la familia Batalla.
En el Partido Nacional la perspectiva no es tan sencilla. Si bien ninguna encuestadora da ganador a Lacalle, todos los analistas coinciden que va a vivir una etapa de crecimiento electoral, incluso porque va a aprovechar el desafío que le lanzaron algunos dirigentes del FA de confrontar las gestiones del gobierno de Vázquez con su gobierno.
Si esta polarización se procesa, Larrañaga va a tener que salir a defender al gobierno de Lacalle y eso va a fortalecer al líder del Herrerismo y a la cultura tradicional de derecha de ese partido.
Si este cuadro político se consolida, el Frente Amplio sólo puede perder por sus propios errores. Lo que no está descartado.
ARCHIVESE LA VERDAD
El previsible corrimiento a la derecha del Partido Nacional, ya ha comenzado a manifestarse. El senador Jorge Larrañaga, presidente del directorio del Partido Nacional y líder de Alianza Nacional, dijo en los últimos días a Ultimas Noticias, que no va a continuar con la política de derechos humanos que implementó Tabaré Vázquez, en caso de que llegue a la Presidencia de la República.
"El país no puede estar mirando hacia atrás y, con franqueza, yo no voy a mirar hacia atrás. Se pueden mencionar avances en materia de derechos humanos, pero no es posible seguir con toda esta retórica de los derechos humanos que no hace a lo que tenemos que hacer, que es mirar el país de hoy y proyectar las soluciones del país para mañana", dijo el ex intendente.
Cuando se le pregunta si va a aplicar el artículo 4º de la Ley de Caducidad "como lo está haciendo el presidente Vázquez", Larrañaga no duda en responder que "No". Porque "creo que es un tema que ya ha tenido una conclusión".
Estas contundentes declaraciones de Larrañaga, profundamente revisionistas de lo hecho por Vázquez, lo ponen en la otra vereda, cuando el ex senador Carlos Julio Pereira exige que se aclare el asesinato, mediante envenenamiento, de Cecilia Fontana de Heber, al grado que se le pide al Presidente de la República que le reclame al presidente George W. Bush que desclasifique todos los archivos de la CIA sobre este caso.
La sensación que queda es que el caso Fontana de Heber se aclara durante este gobierno del Frente Amplio o en el segundo, pero que si gana el Partido Nacional será archivado porque "no es posible seguir con toda esta retórica de los derechos humanos".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Archivos que queman 
Finalizado el régimen militar, los gobiernos electos pudieron confirmar la desaparición de todo tipo de documentación en dependencias del Estado, aunque durante los primeros veinte años de reinstitucionalizado el país las autoridades de los partidos tradicionales tampoco buscaron la existencia de los archivos.
La sobreviviencia de archivos surgió por un incidente durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando trabajadores del diario "El Observador" fueron detenidos en una razzia y la policía utilizó antecedentes políticos de uno de ellos.
El ministro del Interior Luis Hierro López anunció entonces que quemaría los archivos de la dictadura.
También entonces aparecieron los primeros archivos de la Cancillería con el documento que comprometía a Juan Carlos Blanco en el Caso Elena Quinteros. "Asunto: Conducta a seguir frente al caso Venezuela", así se caratulaba el memorándum secreto del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se analizaba "a) no entregar a la mujer y b) entregar la mujer" (ver facsímil).
Sólo luego de asumir el presidente Tabaré Vázquez el material del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a ser desclasificado.
Otro tanto ocurrió con los archivos de la policial Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que aceptó desempolvar fotos e informes de sus seguimientos al movimiento estudiantil en 1983 y luego abrió sus fichas sobre desaparecidos incluidas en el libro del gobierno y por algunos casos específicamente solicitados a nivel judicial.
También aparecieron archivos del Fusna que la Armada Nacional incorporó a sus informes sobre desaparecidos; pero los microfilmes hallados en una dependencia del Ejército por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, son los que mayor expectativa y polémica han generado en la medida que aún no se ha develado su contenido.
En distintos ámbitos se reclama hoy la aprobación de las leyes de un archivo nacional y el hábeas data para regular el uso de esa documentación, que se supone incluye materiales falsos u obtenidos bajo tortura, para que de una vez por todas lo que queda de los archivos de la dictadura pueda ser usado por la Justicia en la búsqueda de la verdad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ooOOoo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sin huellas. Días antes de la muerte de Zelmar y El Toba firmó un decreto que permitió eliminar pruebas
Bordaberry habilitó destrucción
de los archivos de la dictadura
El Decreto Nº 253/976 reglamentó la destrucción de documentos que debían ser microfilmados. La eliminación de archivos se estableció en una ley de 1973, cuando ya actuaba el Cosena. Decena de crímenes sin registros documentales se verificaron durante la dictadura. Los microfilmes que ahora aparecieron permitirían saber la verdad.
Roger Rodríguez |
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El 6 de mayo de 1976, doce días antes del secuestro de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, el dictador Juan María Bordaberry promulgó un decreto por el que se establecía la microfilmación de documentos del Estado y la destrucción de los archivos que no se consideraran de "valor histórico".
El Decreto Nº 253/976, publicado siete días antes de ambos asesinatos, el 13 de mayo, permitió la destrucción de documentos originales en todas las dependencias del Estado y demás organismos públicos, a la vez que validaba toda microfilmación o copia fotográfica que de esos archivos se hubiere hecho con anterioridad.
La resolución dictatorial fue firmada por el consejo de ministros que entonces integraban Hugo Linares Brum-recientemente fallecido-, Juan Carlos Blanco, Alejandro Végh Villegas, Walter Ravenna, Daniel Darracq, Eduardo Crispo Ayala, Adolfo Cardoso Guani, José E. Etcheverry Stirling, Mario Arcos Pérez, Julio Eduardo Aznárez y Federico Sonería.
La decisión de Bordaberry reglamentaba un artículo de la ley presupuestal que él había dictado tres años antes (artículo 688 de la Ley 14.106 del 14 de mayo de 1973), con la que modificó un párrafo de otra ley de 1965 (artículo 242 de la Ley Nº 13.318), por la cual se había incorporado la tecnología del microfilmado en la documentación pública.
Aquella ley presupuestal impulsada por el mandatario, cuando el Poder Ejecutivo uruguayo ya funcionaba bajo la "asesoría" del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) impuesto por los militares el 9 de febrero de 1973, incorporó por primera vez la destrucción de los archivos del Estado.
Un mes más tarde, el 12 de junio de 1976, Bordaberry fue destituido por las Fuerzas Armadas, pero antes y después de su derrocamiento la dictadura había quedado habilitada para eliminar sus archivos y destruir las eventuales pruebas o registros documentales de sus crímenes.
Crímenes sin archivo
Durante los cuatro años de gobierno de Bordaberry ya se habían producido incidentes como los del 14 de abril de 1972 que derivó en la declaración del Estado de Guerra interna en Uruguay, y a partir de entonces una serie de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles bajo terrorismo de Estado, de los que no aparecen archivos.
El asalto a la Seccional 20ª del Partido Comunista, la muerte por torturas de Walter Sanzó, Luis Batalla, Edison Marín, Juan Fachinelli, Héctor Avellaneda, Carlos Alvariza y Oscar Fernández Mendieta, o los entretelones del alzamiento de febrero y la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, aún bajo régimen institucional.
Y, tras la disolución del Parlamento, las muertes de Ramón Peré, Gerardo Alter, Walter Arteche, Hugo De los Santos, Gilberto Goghlan, Aldo Perrini, Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanick, Nybia Zabalsagaray, Ivan Morales, Oscar Olveira, Amelia Lavagna, Alvaro Balbi, Carlos Curuchaga, Pedro Lerena, Carlos Argenta, Julián López, Nicanor Aldabadle, Eduardo Mondello, Ivo Fernández, Silvina Saldaña y Humberto Pascaretta.
También durante la dictadura bordaberrista, se produjo la desaparición de José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira, Olivar Sena, Luis González González, Asdrúbal Paciello, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, y Ubagesner Chaves Sosa.
En ese período se concretó, el primer traslado ilegal masivo de secuestrados en Argentina: los pasajeros del "vuelo cero" (Floreal García, Mirtha Yolanda Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell), quienes serían fusilados en Soca como "represalia" por el asesinato del coronel Ramón Trabal en París.
Los archivos quemados
Una semana después de publicado el decreto de Bordaberry, aparecían en un auto los cuerpos acribillados de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, a la vez que desaparecía Manuel Liberoff. Semanas después, era secuestrado Gerardo Gatti, para comenzar la pesadilla de muertes en el pozo Automotores Orletti.
Luego de Bordaberry, pasaron a firmar como presidente Alberto Demichelli y Aparicio Méndez, hasta que en 1981 el general Gregorio Alvarez se instaló en el poder para determinar que la hasta entonces dictadura "cívico militar" se pusiera el uniforme y las botas que sus antecesores camuflaban con trajes y corbatas. Con el decreto de Bordaberry, todos los documentos comprometedores elaborados durante los trece años de dictadura pudieron ser reducidos a cenizas, aunque por la propia reglamentación debieron ser microfilmados "sin alteraciones", registrados en microfichas y respaldados en un "Archivo Central de Seguridad".
La destrucción de los documentos se dejaba a las "necesidades" de cada organismo y dependencia del Estado, pero debían labrarse actas que contuvieran la identificación y cantidad de documentos destruidos, el lugar de ubicación de los microfilmes y el lugar, repartición y fecha en que fueron incinerados. También se preveía la creación de una Comisión integrada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Archivo General de la Nación, la Comisión del Patrimonio Histórico, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que debía establecer las características de los documentos a conservar. No hay datos de que ello haya ocurrido.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se inauguró el MUSEO DE LA MEMORIA
Uruguay inauguró el Centro Cultural Museo de la Memoria, que nació como testimonio de la voluntad popular de rechazar el horror del terrorismo de Estado y de hacer irrepetibles los crímenes vividos durante los años de dictadura militar en el país (1973-1985)
El Centro Cultural Museo de la Memoria también rinde homenaje a los esfuerzos del pueblo uruguayo contra la dictadura y toda clase de represión que atente contra el derecho humanitario internacional.
El escritor Mauricio Rosencof, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo y encargado de la administración del museo, explicó que “el lugar nació para honrar la vida donde no caben los odios o el rencor sino un homenaje a la lucha de miles y miles de uruguayos contra la noche de la dictadura”.
La inauguración significará la apertura de un espacio de intercambio social y un ámbito generador de conocimiento, no sólo histórico, sino sociológico y pedagógico.
Rosencof, quien estuvo 13 años preso por integrar el ex grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), agregó que entre la piezas que integran el Museo de la Memoria están “los uniformes de los ex presos políticos, artesanías, canciones o tejidos realizados dentro de la cárcel para familiares y amigos”.
Como parte de sus labores y objetivos, la institución cultural organizará seminarios, investigaciones, mesas redondas, actividades artísticas, educativas y culturales en general, así como la edición de publicaciones que promuevan el sentido crítico y la reflexión.
Este museo, en el que están “representadas todas las personas y organizaciones” que hicieron frente a la dictadura en Uruguay, también propiciará la participación ciudadana para promover la paz, los derechos humanos y la recordación de las luchas populares por la libertad, la democracia y la justicia social.
El Centro Cultural Museo de la Memoria de Uruguay está ubicado en una amplia quinta de Montevideo que, paradójicamente, fue propiedad de Máximo Santos, dictador que gobernó en Uruguay entre 1886 y 1890.
Macarena Gelman
Presentará el pedido de reapertura de la causa que investiga el secuestro y desaparición de su madre, María Claudia García Irureta Goyena, "en función de nuevos hechos intervinientes surgidos en este último período de tiempo", dijo su abogado José Luis González.
Macarena Gelman. "Tengo derecho a saber qué pasó con mi mamá y dónde están sus restos"
"Quien sepa algo, que lo piense y me haga llegar la información"
Macarena Gelman se presentó por primera vez ante la Justicia. Pedirá saber lo que ocurrió con su madre. Macarena habló con LA REPUBLICA y le pide "a quien sea" que tenga información que se la haga llegar. En su primera entrevista, cuenta su historia y su necesidad de encontrar la verdad.
Roger Rodriguez | rogerrodriguez@adinet.com.uy
Macarena Gelman se presentó ante la Justicia para reclamar la reapertura de las indagaciones judiciales que permitan saber la verdad sobre lo ocurrido con su madre, María Claudia García Iruretagoyena, secuestrada en Argentina en 1976 y trasladada ilegalmente a Uruguay, donde fue asesinada y su cuerpo desaparecido luego de dar a luz.
pulse la flecha para leer la continuación..
URUGUAY
Personal castrense.
Deberá brindar información de hechos del pasado Militares: Ejecutivo derogó ayer el secreto profesional
Subordinados no estarán obligados a
cumplir órdenes de carácter ilegal.
El Poder Ejecutivo derogó ayer un antiguo decreto por el cual se establecía que los militares podían ampararse en el secreto profesional militar, frecuentemente utilizado para no brindar información sobre los hechos acontecidos durante la pasada dictadura militar (1973-985), y de obediencia a los mandos, recurso aplicado por subalternos para que no recayera sobre ellos responsabilidad por haber cometido delitos de lesa humanidad.
La iniciativa, que fue presentada por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, establece que los militares no podrán ampararse en el secreto militar para negarse a brindar información sobre los hechos acaecidos durante la pasada dictadura cívico militar.
Además, determina que cuando un superior da a un subordinado una orden manifiestamente ilegal, como por ejemplo torturar o golpear a un recluso, la misma no debe ser cumplida por quien recibe el mandato, pero si se lleva a cabo entonces también existe responsabilidad de quien la aplica.
La iniciativa tiene una vigencia establecida entre los años 1968 y 1985, fecha en la cual el país volvió a la vida democrática.
Respuesta esperada
Amenaza. Iván Paulós advirtió que "ocurrirá un problema"
que la sociedad "va a sufrir
Derogación del secreto militar
sacudió el ámbito castrense
Berrutti. Se buscó "liberar la conciencia" de los que quieren aportar.
El decreto de Presidencia establece que a través de la invocación del secreto profesional militar se han constatado "limitaciones a los esfuerzos tendientes a alcanzar la verdad material y eventual responsabilidad personal sobre hechos vinculados con presuntas violaciones a los derechos humanos, acaecidas entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985".
pulse sobre la flecha para seguir elartículo
Crysol reclama resarcimientos
A casi 23 años del retorno a la institucionalidad democrática el colectivo de ex presos y exiliados políticos Crysol reclama el cumplimiento cabal de la normativa de DDHH.
"El Parlamento uruguayo debe asumir este año sin más dilaciones el abordaje de esta cuestión que cada vez es más apremiante y que hace esencialmente a la afirmación plena de los valores democráticos y de la cultura humanitaria de DDHH resarciendo de manera integral a las víctimas del oprobioso pasado reciente", afirmó Gastón Grisoni, integrante de Crysol.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vence plazo.
Fiscal Guianze presenta su posición ante el juez Roberto Timbal
Bordaberry dice que Zelmar y el Toba fueron asesinados por cuatro sicarios
Plantean que el homicidio lo cometió "Paqui" Forese, de las milicias irregulares argentinas, Miguel Ángel Trimarchi o Pedro Matto. Piden interrogar a Eduardo Ruffo, Rafael Bielsa, Végh Villegas, Rafael Michelini, Dinges y hasta el propio Henry Kissinger.
Roger Rodríguez - rogerrodriguez@adinet.com.uy
La fiscal penal de 2º turno Mirtha Guianze, tiene plazo para pedir nuevas pruebas y pronunciarse sobre solicitudes realizadas por la defensa en la causa del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz por la que fueron procesados con prisión el dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco.
Bordaberry permanece en arresto domiciliario mientras un grupo técnico busca una dependencia del Ministerio del Interior donde pueda ser encarcelado, bajo las condiciones de atención médica requeridas; en tanto que Blanco, ha apelado una negativa para pasar también a prisión en su casa, que decidirá el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno.
Bordaberry y Blanco fueron procesados con prisión el 16 de noviembre de 2006 por resolución del juez penal de 11º turno, Roberto Timbal, quien los encontró implicados en el homicidio de Michelini, Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
Un tribunal de apelaciones ratificó ese fallo judicial, a la vez que en otro juzgado, a cargo de la jueza penal de 7º turno, Graciela Gatti, también se procesó al ex dictador por su responsabilidad en el homicidio de once personas, víctimas de desaparición forzada, durante su mandato presidencial y su período dictatorial, tras el golpe de Estado de 1973. Fue él, ellos, otro o aquél
La fiscal Guianze también deberá pronunciarse , sobre una serie de pruebas pedidas por la defensa de Bordaberry, a cargo del abogado Gastón Chaves Sosa, que incluyen interrogatorios a una serie de personas en el exterior, que han dado distintos nombres a la hora de identificar al responsable de los asesinatos.
En el petitorio, se incluye un interrogatorio a Eduardo Ruffo, lugarteniente de Aníbal Gordon, quien se encuentra preso en la cárcel argentina de Villa Devoto, al que, Pedro Bordaberry, hijo del dictador, habría ido a visitar, para que le dijera que, a Michelini y Gutiérrez Ruiz los mató Osvaldo "Paqui" Forese, otro represor de la banda de Gordon.
Asimismo, se pide interrogar al ex canciller argentino Rafael Bielsa en su condición de ex montonero y al ex ministro de economía uruguayo Alejandro Végh Villegas para que diga que los homicidios los cometió un grupo de milicias irregulares argentinas que no tenían ninguna conexión con el gobierno uruguayo de la época.
En la larga lista de pruebas, también se incluye al investigador norteamericano John Dinges, autor de un libro sobre el Plan Cóndor, quien afirma que los legisladores fueron muertos por un agente llamado Miguel Ángel Trimarchi y, como cuarto eventual responsable, también se pide interrogar al coronel uruguayo Pedro Matto.
Pregúntele a Kissinger
La prueba, pedida por la defensa del dictador, también incluye un interrogatorio al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, para que reconozca si existió un Plan Cóndor y si dio instrucciones a su embajador Ernest Siracusa para que no hablara con el presidente Bordaberry sino con el general Julio César Vadora.
En Estados Unidos también se pide al Departamento de Estado que especifique la credibilidad de los documentos que han sido desclasificados en un trámite que demoraría meses y que observadores judiciales consideran una clara maniobra dilatoria para que se venzan plazos sin que se llegu e a una condena del ex mandatario.
Entre la prueba, también se llama a testificar al senador Rafael Michelini, hijo del político asesinado, para que explique su convicción sobre que Bordaberry nada tuvo que ver, según una grabación clandestina que le hizo el hijo del ex jefe de Estado, quien la exhibió sorpresivamente en un programa de televisión.
Otra prueba televisiva solicitada es la de un programa periodístico en el que los ex tupamaros Luis Alemañi y Kimal Amir, señalaron que pertenecían a un grupo disidente de la organización guerrillera y habían sido condenados por traición al igual que los asesinados Rosario Barredo y William Whitelaw.
Carlos Julio Pereyra presenta documentos desclasificados
La CIA desclasificó un documento
sobre la muerte de Cecilia Fontana
El material de tres hojas, la mitad tachada, menciona dos hipótesis sobre el asesinato de los vinos envenenados en 1978 y confirma que existían dos grupos enfrentados en el gobierno ante una salida de la dictadura. Los abogados de Heber iniciarían acciones en Estados Unidos para que se desclasifique toda la documentación existente.Roger Rodríguez
Apelación.
Tras el recurso presentado por el abogado Barrios Bove, el gobierno estadounidense modificó su actitud de no desclasificar.
El líder del Movimiento Nacional de Rocha (MNR), Carlos Julio Pereyra, presentó a la prensa una nueva documentación desclasificada por el Departamento de Estado estadounidense, vinculada al asesinato de los vinos envenenados por los que en 1978 se provocó la muerte de Cecilia Fontana, madre del senador Luis Alberto Heber.
Pereyra habló con la prensa luego de la semanal sesión del Directorio del Partido Nacional y, al anunciar la aparición de la nueva documentación proveniente de la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) estadounidense, pedirá públicamente una audiencia al presidente Tabaré Vázquez para hablar sobre el tema.
La documentación, según pudo saber LA REPUBLICA, fue enviada por la CIA y el Departamento de Estado, luego de que el abogado Javier Barrios Bove realizara una apelación a la decisión del gobierno estadounidense de no desclasificar todo el material que poseía sobre el caso de los vinos envenenados.
Sin embargo, de toda la documentación existente sólo se ha agregado ahora un documento de tres páginas, la mitad de las cuales se mantiene tachada, donde se alude al caso y a la existencia de dos hipótesis para el homicidio, a la vez que se revela que entonces había dos grupos del gobierno enfrentados en una salida a la dictadura.
El abogado Barrios Bove no descarta iniciar acciones judiciales en Estados Unidos para exigirle a la CIA y al Departamento de Estado la desclasificación de todo el material que pueda existir sobre aquel atentado que tenía como objetivos a los dirigentes blancos que encabezaban la oposición a la dictadura.
Los vinos de la muerte
El 5 de setiembre de 1978 Cecilia Fontana de Heber, esposa del dirigente nacionalista Mario Heber, cayó fulminada al beber apenas un trago de una copa de vino blanco que en forma anónima había llegado días antes a la casa de Lacalle y también tenía como destinatarios a Mario Heber y Carlos Julio Pereyra.
Las tres botellas de vino Riesling habían sido recibidas a mediados de agosto con una tarjeta que rezaba "El jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa" y llevaba como firma las
iniciales "M. D. N.".
Nadie más tomó del vino.
Lacalle vació su contenido y Pereyra mantuvo la botella cerrada.
Ese día sesionaba el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), donde, según se rumoreaba entonces, los militares podrían sustituir al presidente de facto Aparicio Méndez y designar un triunvirato conformado por un militar (el general Gregorio Alvarez, flamante comandante en jefe) y dos representantes de los partidos tradicionales.
Las investigaciones policiales fueron adjudicadas, extrañamente, a la Brigada de Narcóticos que encabezaba el comisario Hugo Campos Hermida en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Sólo se confirmó que el vino tenía Foxdrín, un insecticida fulminante.
Una investigación periodística de LA REPUBLICA apunta a que la propia DNII y grupos de ultraderecha, apoyados por agentes de la CIA y la embajada estadounidense en Montevideo, estarían implicados en el homicidio ya que entonces el Departamento de Estado no quería una salida de los regímenes dictatoriales en el Cono Sur.
- - - - - - - - - - - -
"CONFIDENTIAL"
El Departamento de Estado estadounidense aceptó el año pasado desarchivar 14 documentos de su servicio exterior que incluían correspondencia entre el embajador estadounidense y el gobierno de Jimmy Carter, sin embargo se admitió que otros documentos no serían desclasificados porque implicaban secretos de la CIA.
Dirigentes del Partido Nacional se reunieron entonces con el embajador estadounidense Frank Baxter, quien luego de realizar consultas en su país, anunció que el material que tenía la CIA no aportaba mayor información para esclarecer quiénes habían realizado el atentado de los vinos envenenados por los que murió Cecilia Fontana de Heber.
Sin embargo, el abogado Barrios Bove realizó las apelaciones pertinentes para lograr que se desclasificara un primer documento que será revelado públicamente hoy y que evidencia que existen otros materiales aún bajo el rótulo de "Confidential" que podrían arrojar luz sobre el crimen cometido hace ya 30 años.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obreros, estudiantes, unidos......Y adelante.
Por Carlos Scorovich
Esta frase arraigada en todo aquel que ha estado en la lucha y actividad intentando que nuestro país saliera de la oscuridad que nos quisieron imponer durante muchas décadas todos aquellos que sólo pensaban en sus réditos personales, en estos momentos, creo, que toma trascendental importancia.
Estamos en un año crucial, como decíamos en nota anterior.
Deben todos los sectores ser claros en sus conceptos.
No dejar duda respecto en donde están parados, y hacia dónde apuntan. Sobre este tema, quien juega un papel importante y que debe ser esclarecedor es la Central obrera.
El PIT-CNT intenta recomponer posiciones y alinearse en apoyo a conseguir que el gobierno del Frente Amplio culmine su primer período de conducción nacional con éxito, y además lograr en el año próximo una segunda etapa y así poder consolidar lo hecho en la actual.No podía ser de otra manera que los dirigentes actuales de la Central obrera tomaran esa posición, a pesar de que nunca estuvieron en la vereda de enfrente.
Su tradición, su lucha por mejorar las condiciones de trabajo, salarios, y elevar el número de ocupados, ha sido reflejado en la política de este gobierno. Las cifras son elocuentes.
Estamos lejos del ideal, pero para seguir avanzando, en esta tarea es prioritario darle una oportunidad más al Frente Amplio en la gestión. Sabemos lo fatídico que sería para el país volver a una administración tradicional como tuvimos durante muchos años. Sería un retroceso de todo lo actuado y logrado en estos tres años de mandato de Tabaré.
Que la Central obrera se coloque codo a codo con la tarea de lograr estos objetivos electorales, no significa que renuncie a sus postulados y a sus cometidos. Seguir luchando por las mejoras de las masas obreras. Ostensibles han sido los logros en poco tiempo.
Restaurando los Consejos de Salarios, arma fundamental para los trabajadores tener una equiparación real en sus bolsillos.
Se ha logrado algo inédito en nuestro país, que los trabajadores rurales, tan postergados desde siempre, tengan regulada su actividad, es decir con 8 horas de trabajo, con aportes al BPS como corresponde, y asegurada su asistencia de salud.
Y dejo para el final algo que los que 'peinamos canas' vivimos, supimos ver, y participamos de décadas de lucha obrero-estudiantil, sector éste último, que debe tomar fundamental importancia y participación en las mejoras para sus propios intereses, y salir de la 'mediocridad' que las cifras muestran respecto de todos aquellos que intentan y no logran culminar sus estudios.
Es decir históricamente en nuestro país sus luchas fueron trascendentes, costando vidas en procura de justas reivindicaciones. Por lo tanto, no se debe olvidar todo ello. Tampoco de los históricos dirigentes sindicales que estaban al frente de la Central en épocas oscuras, y que sufrieron cárcel y muerte en procura de lo que hoy tenemos, fueron partícipes y cofundadores del FA.
Por ello no debe ser extraño, para propios y ajenos, que la actual conducción del PIT-CNT tome el camino de la UNIDAD para lograr un objetivo común para toda la izquierda, cimentar todos los planes que tenemos y que debemos afirmar.
Revelación.
El forense uruguayo Carlos Milles habría envenenado a Joao Goulart y a
Cecilia Fontana de Heber
Las muertes del Capitán Adonis
El ex agente uruguayo Mario Barreiro Neira, preso en Porto Alegre, narró a la televisión brasileña cómo fue asesinado el derrocado presidente de Brasil. 
La familia de "Jango" pidió reabrir el caso. Serían los mismos homicidas que enviaron las botellas de vino envenenado que mataron a la madre del senador Luis Alberto Heber.
Roger Rodríguez | Editor rogerrodriguez@adinet.com.uy
Un médico uruguayo que actuaba con los servicios de inteligencia de la dictadura bajo el alias "Capitán Adonis" habría sido el mismo que adulteró medicamentos del ex presidente brasileño Joao Goulart para asesinarlo en 1976 y quien inyectó el veneno en la botella de vino con la que se provocó la muerte a Cecilia Fontana de Heber en 1978.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
congreso LIBER SEREGNI
analisis de
--------------
FAMILIARES DE GOULART PRESENTARON PRUEBAS
Las huellas
del cóndor
Familiares del ex presidente brasileño Joao Goulart, muerto en Argentina en 1976, presentaron al Fiscal General de la República una denuncia sobre el supuesto asesinato por envenenamiento del ex mandatario, informó este sábado el diario O Globo.
La denuncia sostiene que Goulart fue envenenado por agentes de inteligencia de Brasil y Uruguay, y se apoya en el testimonio de uno de esos agentes, el uruguayo Mario Neira Barreiro, quien se encuentra preso en Brasil por robo, asociación ilícita y posesión ilegal de armas.
Joao Vicente Goulart, hijo del ex presidente brasileño depuesto por el golpe militar de 1964, relató que entrevistó a Neira Barreiro con un equipo de televisión del Senado, y en la conversación el ex agente uruguayo admitió que el exiliado ex mandatario brasileño fue envenenado.
"No me acuerdo si usamos Isordil, Adelpan o Nifodin. Conseguimos colocar un comprimido en los remedios importados de Francia. (Goulart) no podía ser examinado por 48 horas o esa substancia sería detectada", habría dicho Neira Barreiro a su entrevistador sin saber que era un hijo de Goulart.
El ex presidente brasileño falleció aparentemente de un ataque cardíaco en una hacienda que poseía en la ciudad argentina de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Fue sepultado, sin autopsia, en su ciudad natal de Sao Borja, en el Estado de Rio Grande do Sul.
La denuncia, siempre apoyada en el testimonio de Neira Barreiro, afirma que el veneno fue preparado por un médico legista uruguayo, Carlos Miles, quien más tarde fue asesinado. Goulart era vigilado por agentes de inteligencia uruguaya en la llamada 'Operación Escorpión'.
Con su denuncia, los familiares del ex presidente esperan que el gobierno se decida a investigar en los documentos del Centro de Informaciones del Exterior, el servicio secreto de la cancillería brasileña que tenía como objetivo vigilar a los exiliados políticos en otros países.
Una comisión de la Cámara de Diputados brasileña ya había abierto una investigación hace seis años para aclarar detalles de la misteriosa muerte de Goulart, pero no alcanzó resultados conclusivos. (AFP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diario 
.
Las acciones de la CIA en los años sesenta,
según el diario del ex agente fallecido
en La Habana.
El Uruguay de Philip Agee
Las anotaciones del diario del ex agente de la CIA, Philip Agee, fallecido esta semana en Cuba, permiten observar lo que aquel espía veía en el Uruguay de los sesenta. Entretelones del Consejo de Estado, la colaboración ruralista, el exilio de Goulart, la tortura policial, las coimas políticas y los fraudes financieros, entre otros temas.
ROGER RODRIGUEZ rogerrodriguez@adinet.com.uy
Philip Agee. El ex agente que trabajó para la CIA, falleció en La Habana el 7 de enero.
La injerencia norteamericana en los asuntos internos de Uruguay y otros países después de la segunda guerra mundial fue una de las denuncias más escandalosas que el ex agente de la Central de Información e Inteligencia Philip Agee realizó en 1975, cuando escribió su libro
"La CIA por dentro.
Diario de un espía".
Agee, quien falleció en La Habana el 7 de enero, desertó de la CIA luego de doce años. Sus libros "Guerra Sucia" y "La CIA en Europa Occidental", desenmascararon operaciones encubiertas y se convirtió en un objetivo de la propia CIA. En 2000, fundó la agencia de viajes "Cubalinda" para romper el bloqueo turístico a la isla.
El 22 de marzo de 1964 lo transfirieron a Montevideo, donde permaneció como espía estadounidense durante dos años, en los que realizó múltiples misiones de infiltración, que narra con detalle en el diario de actividades publicado en su libro "La CIA por dentro. Diario de un espía".
Agee explica que en Uruguay sus "objetivos" eran el Partido Comunista (PCU), la Confederación de Trabajadores del Uruguay (CTU), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), el Partido Socialista del Uruguay (PSU), el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), trotskistas y anarquistas, exiliados argentinos y paraguayos y las misiones diplomáticas de la Unión Soviética, Cuba, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Yugoslavia.
Algunas páginas del diario de Agee, permiten hoy mirar en perspectiva la realidad uruguaya de mediados de los años sesenta y los movimientos que la base de la CIA realizaba en Montevideo, con colaboración de personalidades políticas, militares y policiales que años más tarde tendrían un singular protagonismo en el país.
La llegada a Montevideo
"Montevideo, 22 de marzo de 1964."
"Hasta hace alrededor de un año, la estación de Montevideo mantenía las típicas operaciones políticas anticomunistas, como las que se realizan en otras estaciones del hemisferio, y de éstas las más importantes eran efectuadas a través de Benito Nardone, dirigente de la Liga Federal de Acción Ruralista y presidente de Uruguay en 1960-61.
Otras operaciones se realizaban para controlar las calles y "limpiarlas" de comunistas y otros izquierdistas, y nuestros escuadrones, con la eventual participación de policías fuera de servicio, podían disolver reuniones y generalmente los aterrorizaban. En los interrogatorios se acostumbraba torturar a los comunistas y otros izquierdistas de extrema, cosa que hacían nuestros agentes de enlace en la policía. Un hecho sobresaliente fue la expulsión, en enero de 1961, justo antes del término de la presidencia de Nardone, del embajador de Cuba, Mario García Incháustegui, junto con el primer secretario de la embajada soviética, por supuesta intervención en los asuntos uruguayos...".
"Estas operaciones se han expandido, tanto como las de ECACTOR en Ecuador, bajo la dirección de Tom Flores que se hizo cargo en 1960 como jefe de estación. Sin embargo, cuando llegó el embajador Wymberly Coerr en 1962, insistió en que Flores terminara con la intervención política con Nardone y con las operaciones militantes, que habían provocado varias muertes y les habían dado a los comunistas suficientes víctimas para sus campañas de propaganda contra el gobierno de los "fascistas blancos". Flores se resistió y, en 1963, el embajador Coerr consiguió que Flores fuera transferido y cesaran estas operaciones.
En reemplazo de Flores vino Holman, pero él ha mantenido discretas comunicaciones con Nardone, sólo para recolectar información y sin que tengan implicaciones de acción política. En este momento, Nardone está en una etapa terminal de cáncer, y por propósitos prácticos todas las operaciones con él han terminado".
El exilio de Joao Goulart
"Montevideo, 24 de abril de 1964"
"Acabamos de tener la visita del nuevo jefe de la División WH, Desmond FitzGerald, quien está recorriendo las estaciones. Holman ofreció un lunch para todo el personal de la estación con sus esposas, y en la oficina cada uno de nosotros tuvo una corta reunión con FitzGerlad para explicarle sus operaciones.
Se mostró satisfecho con el reclutamiento del cubano, pero sospecha que puede haber sido provocado, por el alto estimado que dio de la producción de azúcar: en vez de cinco millones de toneladas, según FitzGerald, la producción de este año es menor de cuatro millones. Me alentó para que tratara de hacer un reclutamiento aceptable del oficial de códigos de la embajada cubana aquí. Cuando le contamos que una de las oficinas de nuestra estación tiene una pared común con un departamento que nosotros no controlamos en el edificio contiguo, ordenó que se colocara de inmediato un cartel sobre esa pared que diga: "¡Esta habitación tiene micrófonos!". También en la CIA el rango tiene privilegios".
"FitzGerald estuvo muy insistente en que la estación de Montevideo le dedique atención al apoyo del nuevo gobierno militar brasileño a través de recolección de información y operaciones de propaganda. Holman le ha dado a O´Grady la responsabilidad de los problemas brasileños, y la estación de Río va a ayudarlo enviando a uno de sus agentes como agregado militar a la embajada de Brasil. Es el coronel Cámara Sena y va a llegar en estos días. O´Grady va a tener reuniones con él y lo va a ayudar a desarrollar operaciones para infiltrarse en la comunidad de exiliados de ese país".
"A pesar de la popularidad de Goulart en Uruguay, el CNG votó ayer a favor de reconocer el gobierno brasileño, lo que va a servir para aliviar tensiones. Y Goulart ha sido declarado asilado político en vez de refugiado, que es un estatus que le podía permitir mayor libertad para actividades políticas".
Los "contactos" de la CIA
"Montevideo, 15 de julio de 1964"
"El cuartel general nos ha enviado un extraño despacho, que Holman cree es el preludio para que volvamos a operaciones de acción política. Como organización previa, Holman me dio la responsabilidad de informar los progresos y de desarrollar nuevos contactos políticos.
El mantendrá encuentros más seguidos con la señora de Nardone y con Gari, y pronto me va a presentar a mí a otro líder ruralista, senador Wilson Elso, que es diputado federal. Por el momento no vamos a contactarnos con el otro líder ruralista, senador Juan María Bordaberry, porque él ya está en contacto continuo con el embajador Coerr, y Holman no quiere tener problemas con él. La importancia de los ruralistas es que ellos ya han anunciado su respaldo a la reforma constitucional, a fin de que Uruguay vuelva a tener un presidente fuerte. Los otros partidos se oponen abiertamente a esa reforma".
"Además de los ruralistas, Holman me pidió que comenzara a entrevistarme con algunos de los líderes liberales de las secciones legítimas del Partido Colorado, especialmente la Lista 15 y la Lista 99. Estas dos facciones van a estar en el grueso de las elecciones en 1966, y también constituyen un potencial atractivo para agentes de acceso en el programa de operaciones soviéticas".
"Al tratar el tema de la expansión en los contactos políticos, Holman dijo que teníamos que ser muy cuidadosos para evitar que nuestro embajador tuviera la más mínima razón para sospechar que estamos volviendo a las operaciones de acción política. Cuando sea el momento, la decisión va a ser tomada en Washington y se le va a informar al embajador por los canales correspondientes".
La ruptura con Cuba
"Montevideo 12 de setiembre de 1964"
"Esta mañana se rindieron los manifestantes que tomaban la Universidad y se les permitió retirarse después de haberles tomado las huellas digitales, fotos de identificación y sus datos biográficos. Se arrestó a cuarenta y tres no estudiantes entre las cuatrocientas personas que salieron".
"En el aeropuerto esta tarde había varios miles de personas que fueron a despedir a los cubanos. Cuando la policía trató de hacer que los manifestantes retrocedieran y se colocaran a cierta distancia del edificio principal estallaron los disturbios que terminaron en una batalla campal. La policía se impuso con cierta facilidad usando sus efectivos de caballería en las áreas abiertas de los alrededores del aeropuerto, pero hubo muchos heridos de ambos bandos".
"Como los diplomáticos uruguayos (y agentes nuestros) que trabajaban en La Habana se vuelven a Montevideo, se suspende la tarea de la estación de Miami en la que Roosen y Gonçalves trataban de sonsacarle información a Earle Pérez Freeman. Si bien Suiza se va a hacer cargo de los asuntos uruguayos en La Habana, el embajador uruguayo se quedará todavía para cerrar la embajada y transferir a los ocho asilados, incluyendo a Pérez Freeman, a otra embajada."
Las torturas y Otero
"Montevideo, 28 de octubre de 1965"
"La única razón por la que el estado de sitio todavía no ha sido levantado es que Arizaga sigue en malas condiciones; si fuera liberado podría demostrar que fue torturado, y si no hubiera estado de sitio, seguramente habría manifestaciones contra el jefe de policía, que es lo que los "blancos" quieren evitar, y así proteger a él y al ministro del Interior, Adolfo Tejera. El caso Arizaga, de hecho, está causando serias fricciones entre ambos, y los "colorados" quieren sacar de esto provecho político".
"Por medio de la misión de Seguridad Pública yo he pedido que envíen al comisario Otero, jefe de Inteligencia de la Policía, a un curso que comenzará en enero en Washington, en la Academia Internacional de Policía. Es unas doce semanas en la Academia. Otero recibirá entrenamiento oficial de operaciones de inteligencia. He pedido que la Oficina de Entrenamiento se concentre en vigilancia física y en operaciones de infiltración en partidos comunistas búsqueda de blancos, reclutamientos, manejo de agentes-. Quizás con suficiente entrenamiento de oficiales como Otero la policía podrá reclutar agentes y pagarles por información en vez de aplicar la tortura".
"Dios sabe que Otero necesita este entrenamiento, pues también está mezclado, desde marzo, en el caso Cukurs (un sucio caso de secuestro de un ex nazi). Finalmente Cukurs fue cremado, y hace unos días Otero entregó las cenizas a su hijo junto con un puente dental. El hijo y el dentista de la familia de Cukurs, sin embargo, dijeron a la prensa que su padre nunca había usado una prótesis dental, así que ahora Otero está buscando otro cuerpo".
Los nuevos "amigos"
"Montevideo, 24 de diciembre de 1965"
"...Hoy liberaron a siete de los banqueros que habían sido detenidos por fraude en abril (no fue un castigo justo, si se considera todo el dinero perdido)".
"Le hemos hecho una visita al nuevo ministro del Interior, que está ansioso por que se mantenga la operación AVENGEFUL, y para ello ya ha dado instrucciones al nuevo jefe de policía. El ministro Storace es el negociador del gobierno con los sindicatos y nos pidió que, para mantener la presión sobre los sindicatos y los soviéticos, trabajáramos junto al nuevo director de Inmigraciones, Luis Vargas, que está desarrollando un nuevo plan en relación con las misiones diplomáticas comunistas en Montevideo. Horton me pidió que me hiciera cargo de las tareas al lado de Vargas, a quien conocimos en nuestra segunda entrevista con Storace".
"Horton y yo también nos hemos comunicado con el nuevo jefe de policía. Rogelio Ubach, quien nos presentó al teniente coronel Amaury Prantl, nuevo jefe de la Guardia Metropolitana y supervisor de nuestro LP de AVENGEFUL.
Ubach desea continuar y expandir el programa AID de Seguridad Pública, que está llegando a su primer año. Además de los equipos y del entrenamiento de los oficiales en Montevideo, se ha enviado a diez oficiales de la policía a un entrenamiento especial en la Academia Internacional de Policía de Washington, lo que costará a la Agencia unos 300.000 dólares."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
Exhortos.
Libraron pedidos de extradición hacia Uruguay,
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia
Justicia italiana también reclama a los cóndores
La Justicia italiana solicitó la extradición de 139 ex militares y civiles sudamericanos relacionados con la actividad represiva del Plan Cóndor en las décadas del 70 y 80, por el secuestro y asesinato de 25 ciudadanos de origen italiano.
Las autoridades italianas reclaman que los ex dirigentes de las dictaduras militares de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, y sus subalternos, comparezcan ante la Justicia para ser juzgados por los crímenes cometidos durante el accionar del "Cóndor".
Del total de víctimas, 13 son italo-uruguayas, 7 argentinos y 5 de origen chileno.
El fiscal Giancarlo Capaldo, quien espera recibir en los próximos meses las respuestas a los pedidos de extradición requeridos, aseguró que los procedimientos judiciales podrán continuar incluso si los sospechosos no son extraditados, ya que la ley italiana permite los juicios "en ausencia".
La causa judicial en Italia contra los ex represores se abrió en 1999 cuando familiares de las víctimas de las dictaduras del Cono Sur presentaron ante el fiscal Capaldo una "denuncia genérica", que sirvió como base para la ampliación de la causa.
"Las familias de las víctimas que no obtuvieron justicia nos contactaron porque en sus países no fueron realizados juicios por estos hechos", ya que "incluso después de tantos años, hay necesidad de que se haga justicia", señaló el fiscal.
La detención del ex marino Jorge Tróccoli el pasado 24 de diciembre, en Salerno, luego del pedido de "captura internacional" que libró el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, brindó un nuevo impulso al proceso italiano, que se mantenía estancado.
Tróccoli, quien en el año 2002 se naturalizó como ciudadano italiano, está comprometido ante la Justicia italiana por la desaparición y muerte de seis militantes del Grupo de Acción Unificadora, entre el 21 y 27 de diciembre de 1977.
La Justicia italiana pretende juzgar alrededor de 32 ex militares y civiles uruguayos que participaron en la actividad del "Cóndor", entre los cuales trascendieron públicamente los nombres de los principales referentes de ese período, los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio "Goyo" Alvarez, ambos procesados en nuestro país por crímenes de lesa humanidad.
La Justicia italiana requiere para juzgar, entre otros, a los ex ministros de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira (también ex ministro del Interior), al ex ministro de Defensa Walter Ravenna, al ex comandante en Jefe de la Armada Víctor Ibargoyen, y al ex marino Juan Carlos Larcebeau (procesado en Uruguay por el traslado clandestino de presos políticos en 1978).
Se define libertad de Tróccoli
El Tribunal de la Libertad definirá el próximo lunes 14 si concede la excarcelación del ex marino Jorge Tróccoli, quien se encuentra detenido en Italia acusado de la desaparición de seis ciudadanos uruguayos, de origen italiano, durante el accionar represivo del Plan Cóndor, en las décadas del 70 y 80. El fiscal de la causa, Giancarlo Capaldo, informó al abogado Pablo Sodani, representante de ocho uruguayos querellantes ante la Justicia italiana, que ese día vence el plazo legal.
---------------------------------
Cordero huyó a Brasil en julio de 2004.
Goyo encabezó "acto" en la cárcel especial

Los ex represores, que están encarcelados por violación a los derechos humanos en la prisión del cuartel de Domingo Arena, realizaron en la noche del 31 de diciembre una formación militar encabezada por el ex dictador Gregorio Alvarez, en la cual entonaron las estrofas del Himno Nacional. Tras cantar el Himno, los militares se abrazon y el "Goyo" improvisó un discurso en el cual deseó un futuro mejor para el país en el año que comienza. La particular situación tuvo lugar dos horas antes del año nuevo en el comedor de la cárcel. Allí estaban todos los militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura, además los dos ex policías, José Sande Lima y Ricardo "Conejo" Medina. Para recordar sus épocas castrenses los ex represores se pararon en formación militar y cantaron el Himno Nacional con el "Goyo" Alvarez al frente. Vale señalar que en ese centro de reclusión son nueve los militares encarcelados, Gregorio Alvarez, José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau y Carlos Calcagno.
Informantes.
El jefe del equipo técnico sostiene que volvería a los batallones sólo con "información correcta"
López Mazz pide garantías para excavar en unidades militares
Ha culminado, sin resultados, la segunda etapa de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en La Tablada y en la Brigada de Artillería Nº 1. El jefe del equipo técnico, José López Mazz, dijo respecto a reanudar la búsqueda en unidades militares: "No nos gustaría volver con información errónea".
Mario Delgado Gerez
Sin rastros. A diferencia de la primera etapa, no se encontró nada ni en la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1 ni en La Tablada.
Desde que en junio de 2005 comenzó la primera etapa de excavaciones, sólo se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda, ambos desaparecidos en 1976.
El primero apareció en un predio privado, en las cercanías de Pando; el segundo, había sido sepultado en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13. A mediados de julio, el presidente Tabaré Vázquez ordenó reanudar la búsqueda en base a nuevos testimonios aparecidos en distintos medios de prensa. Al cabo de casi seis meses, las toneladas de tierra removida no reportaron ningún indicio tangible. Todas las miradas apuntan a la calidad de los informantes. Ahora, afirma López Mazz, "no tenemos voluntad de entrar, ni en el 13 ni en el 14, si no contamos con una información más precisa que nos dé garantía a todos".
--Usted y su equipo finalizan el 30 de diciembre, de acuerdo con lo acordado con Presidencia, los trabajos de esta segunda etapa de búsqueda de restos de detenidos - desaparecidos, por el momento sin resultados positivos ¿qué trabajos se realizaron? ¿Cuál es la evaluación que hace?
--Lo que hicimos en esta segunda etapa fue integrar nuevos lugares de búsqueda de manera que la agenda donde se practicó la búsqueda de enterramientos clandestinos tuviera más relación con el conjunto de los lugares manejados. Sonaba paradójico que, como el caso de La Tablada, habiendo el número de muertos que se conoce y habiéndose visto gente que vino de Buenos Aires allí, no hubiera investigación en ese lugar.
Y en la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, que reunía tantos testimonios de gente que mencionaba que en ese lugar había habido enterramientos clandestinos, nos parecía inapropiado que tampoco hubiese estado en la agenda. Entonces nos parecía que esos dos lugares debían ser objeto de búsqueda. Se realizó entonces la búsqueda en estos dos sitios. Terminamos en La Tablada, aunque hay dos lugares pequeños que no hemos podido finalizar por problemas técnicos, pero el 99% del terreno está pronto, y pese a que teníamos datos de primera mano, no hubo resultados positivos. Y en el Batallón de Artillería Antiaérea pese a que faltan dos o tres días, tampoco hemos realizado hallazgos.
Acá, donde es un terreno amplio, ya es un campo, y no un lugar tan acotado como La Tablada, no nos quedamos con la convicción de que se excavó todo.
El objetivo era entonces ampliar en esos lugares. La Justicia nos pidió que volviéramos a buscar en los batallones 13 y 14, pero en esta segunda etapa no hemos querido volver. Entendemos que son lugares complicados. Tienen un antecedente como es el que trabajamos con información que era incorrecta, e invertimos mucho trabajo allí.
Ahora queremos trabajar con la información correcta. No nos gustaría volver a esos batallones con información errónea. En el Batallón 13, está siempre el tema pendiente del movimiento de cuerpos hacia construcciones que se realizaron a partir del año 84. Tal vez se hicieron casualmente, o deliberadamente, esos movimientos, no lo puedo afirmar, como es la reforma que hubo en la pista alrededor de la cancha de fútbol, hayan sido ubicados cuerpos que ya habían sido enterrados y hayan sido retirados y puestos debajo de algunos edificios.
Eso es bastante más complicado para nosotros buscar allí y en el 14.
En esta etapa también respondimos a algunas inquietudes de la Justicia, como fue el caso del testimonio de aquel seudotestigo, Asunción Alegre, que, según él, habría visto algo, testimonio que, desde nuestro punto de vista, no era muy sólido.
Y también abordamos sobre otro testimonio que le llegó al juez Fernández Lechini de una persona detenida en Libertad, que también tratamos en base a sus datos, de pesquisar para saber si había algo.
En ambos casos no hubo resultado favorable.
--Los datos que tenían, para usted, ¿eran confiables?
--Sí. En La Tablada eran datos confiables de gente que vio cuerpos, como se lo informamos. Y en el Grupo de Artillería Antiaérea había información abundante que las manejan las ONG de derechos humanos, sobre enterramientos, tal vez en dos momentos diferentes, en el 74 y en el 80 y pico. Allí ya hay dos zonas posibles. A una la completamos con mucha exhaustividad, no quedó metro de terreno sin buscar. Y en la otra, estamos haciendo una aproximación para ver si hay algo.
--¿Qué pasa con esa segunda zona si no llega a completarse antes de la fecha de finalización de las tareas?
--Estamos ahora en esta segunda etapa en un período de balance, de evaluación de las zonas que investigamos para ver si hay anomalías estatigráficas que son indicadores de que hubieran existido enterramientos clandestinos y que eventualmente los hubiesen retirado.
Esta es una explicación que ha estado mucho en el tapete, se insiste mucho en ella. Lo que hacemos es no negarla de entrada, sino tratar de que en cada lugar en que no se producen hallazgo ver, de manera sucedánea, si existen indicadores de que pudieran haber enterramientos y que hubieran sido recuperados en una etapa posterior. Ese tipo de información es la que estamos analizando ahora.
--¿Ustedes van a hacer alguna sugerencia en el sentido de continuar con las excavaciones?
--Nosotros entregaremos nuestro informe con lo actuado que tiene que ver con el plan de trabajo que entregamos al principio y allí se marcarán conclusiones y perspectivas. No olvidemos que el trabajo arqueológico precisa la elección de un lugar al cual ocurrir. Nuestra metodología se orienta a que esa selección de lugares viene de los testimonios.
Y si nosotros hemos hecho tantas investigaciones durante estos dos años, también tenemos que hacer un balance sobre el no hallazgo. Tal vez aquí haya algo que esté más en el tipo de la información, que realmente haya una investigación previa a la nuestra que sea necesario agotar, para obtener información de mejor calidad que nos permita a nosotros manejarnos mejor.
--Personalmente, ¿cree que se debe seguir excavando?
--Creo que la investigación debe realizarse siempre. Debe ser una actividad constante porque el conocimiento que nosotros tenemos de ciertas cosas es perfectible, es mejorable y nunca nos podemos conformar con el grado de conocimiento que tenemos sobre las cosas.
Es normal el de la inquietud humana el profundizar los conocimientos, y de los académicos aun más. En el caso concreto de este tema, y lo digo como una reflexión general, mientras haya dudas, mientras haya sombras, siempre se precisará ir echando luces sobre ellas. En este caso particular, hay otras circunstancias, que las ubico en ese eslabón que hay entre la información que orienta el lugar al se va a ejecutar nuestros trabajo.
Ahí habrá que escuchar a la gente del gobierno, a las ONG de derechos humanos, y los familiares, y ver si tienen expectativa de que aparezca información nueva. El escenario político-social en torno a este tema está muy dinámico. Nosotros no somos tomadores de decisiones, sino que empezamos a actuar en la medida de que otros toman las decisiones. En nuestro caso concreto debemos decir que la información no ha sido de buena calidad. Lo que está claro es que ha habido una voluntad sostenida y sistemática de ocultamiento, y a eso lo expresamos en el primer informe.
Y de esa voluntad de ocultamiento se beneficia un grupo de trabajo que tiene espíritu de cuerpo, que tiene un voto de silencio, que tenía en su momento la más grande libertad para moverse en cualquier lado y hacer cualquier cosa. Y si tenían como cometido la desaparición sistemática de los cuerpos, lo pueden haber hecho, pero habría que ponerle un poco el cascabel al gato. Alguien va a tener que decirnos si hay expectativa de mejorar la calidad de información.
--¿Hubo algún militar que se hubiera entrevistado con ustedes?
--No, aparte no sé si es el camino más adecuado. He tenido posibilidad de entrevistar a muchísimos soldados que revistaron en diferentes lugares de los que estamos hablando. No son arrepentidos, son gente que obedecía órdenes y que con el tiempo se ha dado cuenta de la magnitud de lo ocurrido en aquel momento y que es una irresponsabilidad no facilitar la información para acceder a restos humanos.
--Según se ha informado, Macarena insistirá para que se busque el cuerpo de su madre que de, acuerdo con el informe brindado por el Ejército, estaría en ese lugar. ¿Quedaron allí zonas para excavar?
--Sí, sí, claro que quedaron, y así lo hicimos saber en el primer informe. Al mismo tiempo que damos cuenta de los lugares donde investigamos, que fueron áreas muy extensas, y no se produjeron hallazgos, señalamos áreas en el mismo batallón, donde hubo movimientos de tierra muy conspicuos, de grandes magnitudes en los mismos tiempos de los hechos que estamos hablando.
Si veo indicios en esos lugares y las puedo relacionar con enterramientos y desenterramientos, no puedo más que decir allí hubo movimiento de tierra muy grande. Que fue lo que señalamos en relación al crecimiento que tiene el Polígono de Tiro que hay en el Batallón 14.
He escuchado lo mismo que usted, de la intención de Macarena de realizar acciones para que se revitalice el trabajo. Claro, todo depende de que haya información de primera mano, que hace más fácil certificar lo que haya que certificar. Si hubo una Operación Zanahoria, si hay algún pozo.
En realidad algún pozo fue encontrado en el 14, indicios de que pudo haber habido una actividad de desenterramientos clandestinos. Hay algunas pruebas en esa dirección. Es muy inocente pensar que cualquier pozo es una explicación a que los cuerpos no aparezcan, como para tapar las malas intenciones de la gente que no quiere decir dónde están.
Hay que ser muy delicado al proponerlo como explicación válida para todos los cuerpos que no aparecen y también nosotros ser demasiado inocente para la responsabilidad de la labor en la que estamos. No digo que un número de cuerpos no hayan podido ser objeto de enterramientos y desenterramientos, no lo digo. No soy necio, necia es la persona que niega la realidad.
En el Batallón Nº 13, nosotros encontramos zonas donde se nos dijo que hubo movimientos de tierra. Atrás de un arco de la cancha de fútbol se encontró un fragmento de un radio humano. Allí hay información de enterramientos y hay las pruebas necesarias y suficientes para sostener que hubo un desenterramiento.
Hubo una remoción totalmente caprichosa de los sedimentos dentro del pozo y el hallazgo de un fragmento aislado de hueso humano. Esas son pruebas. Si ha habido exhumación de cuerpos en el 13 o en el 14, y nos indican esos lugares, nosotros no tenemos inconveniente en buscar, y si están los localizamos, Sería un argumento más que explicara la no aparición y no quedaría solo de que es un juramento de secreto, algo salido de los tiempos.
--En definitiva, entonces se puede volver a intervenir en los Batallones 13 y 14.
--Eso está en la órbita de la Justicia. Los hallazgos que se realizaron en el 13 se efectuaron sólo en una parte del batallón. Hay información de enterramientos en construcciones del Servicio de Material y Armamento. En esto no tenemos las condiciones para demoler construcciones, si no tenemos testimonios más directos.
No tenemos voluntad de entrar, ni en el 13 ni en el 14, si no contamos con una información más precisa que nos dé garantía a todos. La información falsa no es algo que facilite la disposición del Ejército. Hay que reconocer que estamos trabajando en conjunto con ellos. Tanto a ellos como a nosotros nos facilitaría, hacer intervenciones de cirugía mucho más rápida, con retorno positivo, y saldríamos de esta presión de estar siempre con el mal gusto, de que somos conscientes de que quedaron enterramientos pero que esa información es objeto de tabú, entre un grupo de personas que piensan todavía que tenerlo como tabú les podría traer algún beneficio. Parece que responde más a un capricho que al hecho de posesionarse en el país en el que vivimos.
BUSCANDO EN EL INTERIOR
"En el interior, hemos trabajado. Hubo hallazgos eventuales en el cementerio de Colonia, donde hubo enterramientos de NN. Están los NN que pasaron por el cementerio de Maldonado, estuvimos atrás de ellos, pero lamentablemente llegamos tarde porque fueron removidos a los osarios. En el cementerio de Rocha también se produjo la remoción de aquellos cuerpos que habían llegado a las playas.
En Rocha estamos buscando información sobre enterramientos que llegaron a la playa, y que fueron enterrados porque nadie fue a hacerse cargo de los mismos. Hubo enterramientos espontáneos en lugares aislados que hacen difícil su búsqueda.
Hemos ido a Salto, Rivera, Tacuarembó a buscar testimonios y a ver algunas cosas.
Pero las que han tenido más fuerza de convicción de esa información y que han permitido proyectar hacia ella una investigación han sido las más notorias y que se han dado en Montevideo y Canelones".
EL SOTANO DE LA TABLADA
"Sobre una posible intervención en el sótano de La Tablada, no tenemos testimonios de calidad que digan: `Yo enterré una persona allí´, y que nos justifique el pedir desalojar a los presos y hacer una intervención en la construcción. El Batallón 13 está lleno de construcciones en donde se menciona que se habrían colocado cuerpos de enterramientos primarios. Pero para intervenir en construcciones precisamos testimonios mucho más directos, más precisos que los que tenemos hasta ahora".
"NUEVOS DATOS INTERESANTES"
El 23 de agosto pasado, desde la Presidencia de la República se informaba sobre la evolución de los trabajos de José López Mazz y su equipo de arqueólogos y antropólogos.
El equipo, señalaba Presidencia, "ubicó otra zona de excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos, a cien metros del centro de reclusión La Tablada. Allí estarían enterrados los 9 militantes asesinados en el centro de detención recordado como "El infierno de La Tablada".
"En base a testimonios calificados, los integrantes del equipo técnico comenzaron a trabajar en este nuevo sitio, desmalezando y despejando el área", sostenía el breve remitido. "Los nuevos datos que hemos recibido son interesantes", había dicho entonces López Mazz.
"En algún lugar de los que se está trabajando podrían estar Amelia Sanjurjo, Julio Castro Pérez, Luis Eduardo Arigón, Oscar José Baliñas, Oscar Tassino, Ricardo Valiente, Félix Ortiz, Antonio Omar Paitta y Miguel Angel Matto", señalaba el somero informe de Presidencia.
---------------------------------------------------------------
LA "lata" del GOYO !!!
Denuncia.
Legisladores solicitarán se indaguen sus cuentas bancarias, sospechosas de haber recibido dinero fraudulento
Desde el FA pedirán investigar al Goyo por la "Operación Conserva"
Al ex dictador Gregorio Alvarez le están apuntando a la línea de flotación. Legisladores del Frente Amplio promoverán que la Justicia investigue sus cuentas bancarias, que se sospechan abultadas y con dinero fraudulento. El oscuro "Operativo Conserva" será uno de los capítulos a abrir.
Ricardo Portela Ostrawsky
Carita de "inocente"
Negocio ruinoso. La operación obligaba al Estado uruguayo a comprar el producido a un precio superior al internacional.
Contrariamente a lo aplicado a otros dictadores latinoamericanos como es el caso del fallecido Augusto Pinochet al que se le investigaron sus cuentas bancarias locales e internacionales, en nuestro país la Justicia no ha podido incursionar en esa materia y por lo visto ha sido así hasta estos días.
El senador Jorge Saravia (Espacio 609) dijo a este diario que "sería oportuno y razonable que la Justicia investigara las cuentas bancarias de Alvarez porque en ellas hay dinero obtenido de negocios turbios, como el caso conocido como Operativo Conserva, en el que el ex dictador participó junto a un terraniente de Cerro Largo y a un empresario frigorífico".
El llamado "Operativo Conserva" fue una maniobra comercial desarrollada entre los años 1981y 1982 en la que participaron los que luego fueron identificados como "la triple A uruguaya". Allí estaban el empresario cárnico José María Alori, titular del Grupo Alori, un terraniente y ganadero de apellido Arigón, allegado a Alvarez cuando éste estaba al frente del Regimiento de Caballería Nº 7 apostado en Santa Clara de Olimar, y la tercera "A" es la del hoy procesado.
En esa maniobra en la que el terceto se enfundó -por lo menos- unos 13 millones de dólares consistió en exportar ganado en pie a Argentina para ser procesado allá, luego transformado en corned beef para que volviera enlatado a Uruguay.Posteriormente, el MGAP asumía la obligación de comprar el producto e intentar venderlo al exterior aunque el rédito oculto estaba en que la totalidad de las ganancias iba para los grupos económicos que intervenían en la maniobra.
Pero existe un detalle más terrible aún que a la postre le costó el cargo como titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC) al Mayor de la Marina Armando Méndez cuando ocupaba ese lugar en 1982.
En aquél año Méndez dijo que el operativo era "inconveniente" porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional y que la conserva no procedía del ganado exportado. Tras esta afirmación, el INAC pasó a estar comandado por un Coronel del Ejército.La partida de corned beef se hizo a un costo promedio de 22 dólares la caja, equivalente a un 25% por encima del precio internacional del producto, precio/valor de aquellos años.
La conserva cárnica fue re-exportada por el Grupo Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Clink, caja.Coincidentemente, la esposa de Alvarez trabajaba en uno de los frigoríficos que participó en la maniobra y el ex dictador era accionista de Central Frigorífica Uruguaya Sociedad Anónima (Cufsa), perteneciente al Grupo Alori.
Cufsa era un establecimiento frigorífico erigido en un inmueble que pertenecía a Efcsa en el departamento de Durazno y que fuera expropiado por la dictadura.Las acciones de Alvarez en Cufsa son datos que -según los legisladores- están fácilmente detectables en los archivos de la Dirección General Impositiva.
ZUMARAN NO PUDO
La investigación sobre el "Operativo Conserva" tiene únicamente un antecedente en los andariveles judiciales. El entonces senador Alberto Zumarán en la primera administración gubernamental del ex presidente Julio María Sanguinetti llevó adelante una investigación que finalmente no prosperó. Por otro lado, en el año 1986 el Ministerio de Ganadería realizó también una investigación administrativa como consecuencia de las denuncias de Zumarán en el Parlamento.
Tras esa investigación oficial, se determinó que el Estado uruguayo había perdido más de 12 millones de dólares en el operativo comercial, que se violó la ley de contabilidad y de administración financiera. No obstante la contundencia del dictamen del MGAP, el entonces ministro Pedro Bonino determinó que el expediente se clausurara y se archivaran los documentos.
El ex senador Alberto Zumarán contraatacó en 1987 y realizó la denuncia penal correspondiente. Tras esa gestión logró que el ex dictador respondiera ante la Justicia. Allí por segunda vez consecutiva, el caso fue archivado y no repercutió en ningún otro estado.
EL RESPALDO DE LA REVISTA "HOY" DE ALORI
Algunos medios periodísticos que circulaban en las postrimerías de la dictadura titulaban la noticia del "Operativo Conserva" como "Operativo Coraje". Como la revista "Hoy", un medio periodístico perteneciente también al Grupo Alori. En la revista "Hoy frigoríficos" (así se presentaba) funcionaba como editor Danilo Arbilla.
En "Hoy" Alori tituló en su editorial de setiembre de 1982 como Operación Coraje, definiendo así al "Operativo Conserva".Al final del editorial, se aseguraba "es mucho lo que está en juego. Para mantenerlo, en una operación de las características atípicas como las que hoy analizamos, sólo se puede salir adelante como lo ha hecho el Gobierno Nacional: pisando fuerte.
Duela a quien le duela. Pese a quien pese (porque éste es) un acto de soberanía sin precedentes, desafiando al poder mundial que controla el mercado de conservas, con todos los beneficios y riesgos que ellos implica". Uno de los pocos trabajos periodísticos de investigación que se dieron a conocer estuvo a cargo del economista Miguel Carrió en su libro "País vaciado. Dictadura y negociados" publicado en 1987.
El libro reseña el entramado comercial del "Operativo Conserva" y la participación de Alvarez en el mismo. Por otro lado, desde el exterior, el periodista uruguayo Javier Zevallos realizó un trabajo de investigación para el semanario Voces del Frente sobre el Operativo. En el mismo se informa de la aparición de un dato nuevo en el caso que compromete el accionar del dictador Gregorio Alvarez. Zevallos prometía en esa crónica que denunciaría el hecho ante la Justicia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La sospechosa detención
de Jorge Tróccoli en Italia
A mediados de 2006 hubo un rumor que recorrió ámbitos policiales y judiciales: “Tróccoli se va”. El asunto, que no pasó de especulaciones, finalmente no se concretó… ese año. El ex jefe de Inteligencia de Fusileros Navales Jorge Tróccoli tenía un plan, eso es obvio, y esperó quizá hasta último momento para dar los pasos fundamentales
Walter Pernas ("BRECHA")
El 27 de setiembre de 2007, cuando la información extraoficial sobre la causa judicial que lo involucra indicaba que estaba en serios problemas, y que muy factiblemente terminaría en la cárcel, el ex represor de la dictadura abandonó el país.
Habían pasado 11 años desde aquel polémico libro que, a modo de lavada confesión, relataba algunas de las andanzas represivas del marino supuestamente arrepentido: La ira del Leviatán.
Eran otros tiempos. El gobierno de Julio María Sanguinetti rendía culto a la impunidad bajo la aplicación permanente de la ley de caducidad ante los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Tróccoli se inició entonces como escritor, en un aparente devaneo con la verdad buscada por los familiares de las víctimas. Hoy se sabe que aquella historia de monstruos marinos jamás se internó en aguas profundas, y ocultó así a la verdadera bestia.
El tiempo pasó, y durante el gobierno de Jorge Batlle –que nombró una Comisión para la Paz, en busca de verdad sobre los desaparecidos, aunque siguió obstaculizando las investigaciones penales aplicando la ley de impunidad– resurgió y se extendió en la sociedad un espíritu de justicia. Fueron años de denuncias judiciales contra los mandos civiles de la dictadura –excluidos de la ley de caducidad– y la apertura del camino hacia el posible juzgamiento de todos los criminales, incluidos los militares.
Así probablemente lo interpretó Tróccoli, que en 2002 –año en que fue procesado por primera vez el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, y en el que se presentó la denuncia contra el ex dictador Juan María Bordaberry– tramitó y obtuvo la nacionalidad italiana, quizá cumpliendo la primera parte de su plan.
En diciembre de 2003 manifestó en una entrevista con Búsqueda su intención de irse del país porque se sentía rechazado por la sociedad. Alegó, sintomáticamente, que si bien podía aportar más, ya no quería “seguir hablando” de su actuación y conocimiento de la época represiva, sino escribir “novelas” o “guiones”.
ACORRALADO. 
En 2005, con el acceso de la izquierda al gobierno, proliferaron las denuncias penales contra los crímenes de lesa humanidad, y el Ejecutivo habilitó todas las investigaciones.
Ese año, luego del falaz informe oficial de la Armada entregado a la Presidencia de la República, investigaciones y análisis periodísticos dejaron a Tróccoli como el “hombre clave” en la desaparición de los integrantes de los gau y otros grupos de la resistencia uruguaya en Argentina durante los años 1977 y 1978 (véanse Brecha, 12-VIII-05 y 19-VIII-05).
El ex jefe de Inteligencia del Fusna había viajado a Buenos Aires en el momento en que se producían los operativos represivos y la desaparición de los uruguayos vinculados a los gau, y la Armada estaba implicada hasta la médula. En Uruguay habían detenido a algunos de los integrantes de esos grupos izquierdistas y se les habían presentado declaraciones de sus compañeros interrogados bajo tortura en Buenos Aires. Esa documentación apareció en 2005 en los archivos de la Armada, pero los jerarcas militares no supieron explicar cómo llegó hasta ese lugar.
El 29 de mayo de 2006 se presentaron denuncias contra los mandos militares de la época de la dictadura. Tróccoli sabía que, a la larga, alguna de esas denuncias lo alcanzaría.
Pocas semanas después, la información señalaba el inminente procesamiento de la llamada “patota” de Orletti. Tróccoli no estaba en esa camada, pero se sentía acorralado: allí surgen los rumores de su salida del país, pero no se confirman.
José Gavazzo y otros represores caen finalmente el 11 de setiembre de 2006, y Bordaberry y Blanco entre el 16 y el 17 de noviembre de ese año.
Tróccoli pasa las fiestas en su casa, y piensa que pueden ser las últimas en libertad.
El 16 de mayo último, familiares de desaparecidos vinculados a los gau, patrocinados por el abogado Óscar López Goldaracena, presentan denuncia penal contra Gregorio Álvarez por su actuación como jefe del Ejército e integrante de la Junta de Comandantes de la dictadura en 1978 y 1979. El escrito incluía a otros mandos militares presuntamente implicados en los crímenes: Tróccoli era uno de ellos.
En pocos meses, la investigación judicial se profundiza: en junio surge documentación relevante extraída de documentos desarchivados para la Investigación Histórica sobre Desaparecidos encargada por la Presidencia de la República; el periodismo aporta datos y tesis respecto de los operativos represivos; las organizaciones de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, logran acercar a testigos clave. El expediente penal se nutre de toda esa información.
En setiembre ya se sabía que Álvarez, Tróccoli y Larcebeau iban camino a la cárcel.
En ese escenario, y presumiblemente desesperado, el marino represor decide salir del país, antes de que la justicia eventualmente decretara el cierre de fronteras. El hombre de mar prefiere abordar un avión. Pasa por Brasil y luego cruza el Atlántico, hasta su nuevo país. Ahora es el ciudadano italiano, residente en Salerno, Jorge Tróccoli. La nueva barba, recortada como un candado, comprime su bocca chiusa. Así camina por las calles, simulando despreocupación, pero esperando el momento.
Nada de esto se conocía a principios de diciembre, cuando Tróccoli, junto a Álvarez y Larcebeau, debían presentarse ante el juez Luis Charles, sabiendo que podían quedar presos. Los dos últimos concurrieron a la citación, pero el abogado Gastón Chaves se presentó ante la sede y le dijo al juez que su cliente, Tróccoli, estaba navegando. Argumentó que dada su condición de marinero lo habían contratado para remolcar un barco hacia Uruguay, y que antes de fin de año volvería. Ni el juez ni la fiscal creyeron la patraña.
Finalmente, el lunes 17 el ex dictador y Larcebeau terminaron en la cárcel, y Charles pidió la captura nacional e internacional del Leviatán prófugo.
Una semana después, en vísperas de Navidad, se produce el nuevo movimiento.
LA ENTREGA. 
Tróccoli queda detenido en Italia, y la noticia pasa inadvertida, al menos por unas horas. Desde Navidad, los medios nacionales destacan la información y la foto del ahora detenido. El miércoles 26 el abogado italiano Adolfo Domingo Scarano salió públicamente a defender a su cliente.
A través de las agencias de noticias, la defensa hizo trascender que Tróccoli se enteró de que estaba requerido en Italia, leyendo un ejemplar del diario local Il Mattino. “Él se presentó voluntariamente a la policía italiana, no fue detenido en su casa, sino que fue conmigo a la oficina de la policía de aquí”, afirmó Scarano, desde Salerno, a Montevideo Portal. Y amplió la estrategia jurídica a seguir: “Tiene pasaporte italiano y por eso no puede ser extraditado fuera de Italia, ahora es italiano, no es más uruguayo, no puede salir de Italia”, dijo el abogado, y añadió que su cliente afronta en Uruguay “un juicio político que (se) inició por venganza de los gobiernos de izquierda de ahora que estuvieron cerca de la guerrilla, hablemos claro, la cosa es así”.
El abogado, que da pistas de su ideología, no se equivoca al señalar que Tróccoli se puede quedar en Italia. Pero, para ser más precisos, es evidente que viajó allí para tratar de quedarse. La pregunta es por qué.
Por el lado jurídico, el convenio de extradición entre Italia y Uruguay habilita a ambos países a no extraditar connacionales. De esa manera, el ahora italiano podría quedarse en la península europea.
Scarano ha dicho que en Uruguay la justicia no es confiable, lo que se contradice con los estudios internacionales más respetados, que consideran al Poder Judicial uruguayo y al de Costa Rica como los mejores de la región.
Por oposición, se supone que sí hay que confiar en la justicia italiana. La causa del Plan Cóndor en Italia se inició hace más de ocho años, y no ha habido un solo procesado hasta el momento. El primer detenido de los 140 requeridos es Tróccoli. El fiscal Giancarlo Capaldo, que lleva adelante la investigación, alega que no hubo colaboración de los gobiernos latinoamericanos en el caso, pero en principio a Uruguay jamás llegó un pedido de captura desde Italia para represor alguno.
Tróccoli afronta en Italia delitos de lesa humanidad tanto o más severos que el de desaparición forzada, que en Uruguay se pena con hasta 25 años de penitenciaría. Lo extraño es que un improvisado ciudadano italiano, que para sus pares de prisión no dejará de ser un sudamericano torturador de las dictaduras del Tercer Mundo, prefiera quedarse en Italia a ser juzgado en Uruguay. Él sabe que en su país natal, donde se encuentra su familia, sería remitido a la cárcel especial para violadores de los derechos humanos, un establecimiento privilegiado respecto a los atestados e infrahumanos pabellones del penal de Santiago Vázquez o el de Libertad.
Pero además, en Uruguay se lo persigue por 39 casos de desaparición forzada y en Italia se lo juzgaría, en principio, por cuatro: Julio César D’Elía, Yolanda Casco, Edmundo Dossetti y Sara García Ramos. Luego, la justicia italiana debería asumir la responsabilidad de juzgarlo por los otros 35 casos, y para ello el juez Charles debería enviar los antecedentes contenidos en la investigación local. La hipótesis de extradición es remota .
“De no procederse a la extradición a otro Estado, debe enjuiciarse. Se extradita o se juzga”, de acuerdo a la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, señaló a Brecha López Goldaracena.
En ese contexto, el testarudo afán de Tróccoli por ser juzgado en Italia siembra sospechas sobre sus posibles nexos en ese país (véase página 3). Quizá piense en colaborar con la justicia e invoque la figura del arrepentido, que en Italia se aplica, y pretenda beneficiarse con una condena más benigna. Quién sabe, pero por ahora queda el enigma. Lo seguro es que el represor buscará completar su plan, y para ello se guarda un as en la manga.
Masacre y plurihomicidio
Gennaro Carotenuto desde Roma
Después de ocho años de investigación por la procuraduría de la República italiana en Roma, son más de 140 militares latinoamericanos los buscados por Interpol en el ámbito de la investigación italiana sobre el Plan Cóndor. Son 61 argentinos, 33 uruguayos, 23 chilenos, 11 brasileños, siete bolivianos, siete paraguayos y cuatro peruanos.
Entre los uruguayos se cuentan los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez; los ex diplomáticos de la dictadura Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira; y los marinos Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli.
El único arrestado hasta ahora es el marino uruguayo Tróccoli. Según informaciones no confirmadas de la agencia ansa, Tróccoli residía en la localidad de Salerno desde 2002, cuando le fue concedida la ciudadanía italiana. Pero, como es notorio, Tróccoli residió en Uruguay hasta hace tres meses.
Justamente es la ciudadanía italiana del represor la que está en el centro del caso. Si, como es posible, ésta fue concedida sobre la base de documentos irregulares, le sería retirada y Tróccoli podría eventualmente ser extraditado a Uruguay. Pero eso es improbable, aún.
Las acusaciones contra los más de 140 militares son por los delitos de masacre, plurihomicidio y secuestro en el marco de un plan internacional (el Cóndor). El caso en general investiga la muerte de 25 ciudadanos italianos a manos de las dictaduras latinoamericanas.
Hace unos meses, en un juicio por crímenes de lesa humanidad, la justicia italiana dictó cadena perpetua contra seis represores argentinos.
- - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - -- -
Salud. Marenales destacó que con la reforma los niños tendrán cobertura médica;
antes o iban al curandero o pagaban una sociedad.
Limpiar el Ejército.
Los militares perdieron el honor militar;
si queremos tener FFAA hay que recomponerlo
Marenales denuncia campaña de la CIA y la derecha contra Mujica
El líder del MLN-T Julio Marenales denunció que los ataques que realiza la derecha contra su figura son parte de una campaña "elíptica" y "muy inteligente" contra la posible candidatura presidencial del ministro de Ganadería, José Mujica.
Marcel Lhermitte
Entrevistado por LA REPUBLICA analizó el Congreso del FA, su relación con Mujica y Fernández Huidobro; además aseguró que el procesamiento con prisión de Gregorio Alvarez no hace justicia, porque los daños efectuados por el dictador son "irreparables".
¿Qué balance hace del Congreso "Líber Seregni" del Frente Amplio (FA), que debió pasar a cuarto intermedio?
Fue mi primer congreso, no sé si va a ser el último, pero fue una experiencia. Estuve en la comisión de Inserción Internacional y Regional. Por la información que tengo de las comisiones, en general no se trabajó mal, hubo propuestas que funcionaron, aunque no sé cuánta importancia puedan tener los papeles, porque a veces se decide una cosa y otra es la que se hace.
Ante la incapacidad de poder elegir un presidente de la fuerza política, ¿cómo sale parado el FA?
No lo afecta dramáticamente, pero sí le afecta la incapacidad de no resolver la Presidencia. Yo iba a hacer una pregunta en la sesión plenaria, pero compañeros más expertos no me dejaron: Todos alabaron a la politóloga Constanza Moreira, todos hablaron a su favor, entonces ¿porqué no la votan? Es inexplicable que una persona que no tiene objeciones no haya sido votada.
¿Se puede decir que el Congreso se constituyó en una derrota política del MPP?
No, las derrotas del MPP son de otro orden. Una derrota del MPP, que todavía no es derrota, es no tener la capacidad de transformar una parte importante de los votos, unos 330 mil, en fuerza militante, y eso es serio.
En el MPP entendemos que hay que estar en la base del FA y hay que trabajar, pero no es un objetivo absoluto.
El origen del MPP es el de los disconformes del FA. Cuando los tupamaros hacemos la convocatoria y empieza el proceso, había un porcentaje muy grande de disconformes. Hoy el MPP ha superado bastante eso, pero no del todo; de ser un sector de disconformes ahora se ha mejorado mucho la militancia.
En el Congreso hubo apoyo de las bases a la propuesta nuestra. Los tupamaros somos cofundadores del FA, nunca nos lo reconocieron pero no importa. Antes perdíamos mil a diez y ahora veo que tenemos un gran porcentaje de votos.
¿Van a seguir impulsando la candidatura de Constanza Moreira en la clausura del Congreso, en abril?
Sí. No lo hemos conversado mucho, pero si la compañera está dispuesta a dar la batalla y permanecer, es seguro. Consideramos que tiene el perfil adecuado, no vamos a cambiar de opinión porque no la voten. Esto no quiere decir que no vayan a aparecer otros compañeros que podamos votar. Pero yo pienso que tenemos que seguir manteniendo a Moreira.
Ha habido excelentes votaciones de jóvenes, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado. ¿Cómo está evaluando la renovación del FA?
Las votaciones de jóvenes de la oposición las pongo entre comillas, fueron muy gordas y ya sabemos cómo son esas cosas, pero es problema de ellos. El FA tiene jóvenes, incluso en el MPP estamos pensando en 2008 hacer un encuentro de jóvenes.
No sé qué métodos utilizaron los partidos tradicionales para llevar jóvenes, pero en los actos del FA uno ve muchos jóvenes.
La síntesis es la que me hizo un compañero: "Viejo, por supuesto que vamos a votar al FA, pero no nos pidan que vayamos a bancarnos las reuniones".
El comité de base no es atractivo para los jóvenes. ¿Cómo se cambia la estructura del FA para aggiornarla a las nuevas generaciones?
No es fácil. Hay que hacer otro tipo de actividades. Hay un estilo de militancia que dice que hacer política es reunirse, discutir los informes y todo eso. Hace años que venimos diciendo que con la gente la cosa es diferente, esto lo vengo peleando hace años. Hay que trabajar, estar con la gente, tratar de resolver sus problemas y después, pensando desde el punto de vista electoral, no son tontos, ellos se ubican. Los tupamaros trabajamos con esa idea muchísimos años y en el MPP en cierto modo se ha adoptado. Lo que importa es que una idea buena se difunda, no quién es el inventor de la misma. Yo estoy convencido de trabajar así.
En la izquierda tenemos intención de saber desde dónde parten las buenas ideas, porque después vamos a pedir votos. Durante la campaña electoral, siempre digo que yo no junto votos, hablo con personas que son interlocutores y que votan, pero no busco un voto, busco un interlocutor. Yo trabajo con otro criterio, pero a la larga este método es el que va a servir.
¿Los problemas internos del FA sumados a presuntos casos de corrupción que aparecieron en 2007 hacen peligrar un triunfo electoral de la izquierda en 2009?
No lo sé. Actitudes incorrectas hay en todos los partidos pero tenemos que intentar que el promedio de esas actitudes sea bajo entre nosotros. No somos seres impolutos, pero tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. En la izquierda nos hemos convertido en censores de los otros partidos y para serlo tenemos que tener buena conducta. Sino no tenemos autoridad moral para serlo.
¿No se puede decir ahora que los partidos políticos son todos iguales?
La gente puede pensar así, pero no son todos iguales. La escala de valores y la ideología de la sociedad es la escala de valores y la ideología de los sectores dominantes. Nosotros tomamos medidas en estos casos, entonces tan iguales no somos.
Acá hubo un sector social que prestó su voto, pero el que tiene la racionalidad política como para hacer un experimento así es la clase media. No sé si van a repetir el experimento, porque la gente de abajo votó sinceramente y ahí vamos a tener un crecimiento, uno lo ve en la calle, porque han tenido una posibilidad mayor.
Pero en los otros sectores, no sé, yo he visto frenteamplistas a los cuales le tocaron el bolsillo y están ofendidos, por eso planteo el interrogante.
Además se asustó mucho a la gente con la reforma tributaria. Ha habido casos en que la gente haciendo los números se ha dado cuenta que salen beneficiados, pero no hay que olvidarse de la reforma de la salud y de que los chiquilines tendrán cobertura médica, porque o iban al curandero o tenían que pagar una sociedad antes, con lo dificultoso que se hacía si la familia tenía más de un hijo.
"Una especie de monstruo"
¿Se puede definir el "marenalismo"?
El término lo creó Federico Fasano. No existe el marenalismo, lo que pasa es que tengo un modo de pensar y de enfocar las cosas que coincide con otros compañeros, pero no es un pensamiento propio tampoco. Me nutro de una discusión colectiva. El otro día habló Pepe Mujica y coincidió conmigo; ¿entonces él es marenalista?
¿Se ha dicho que está enfrentado con el ministro José Mujica y con el senador Eleuterio Fernández Huidobro?
No sé si la CIA está operando, pienso que sí. Soy como una especie de monstruo. En la contratapa de "El País" Carlos Maggi dijo prácticamente que pienso en matarlos a todos, una especie de talibán; no puso ese nombre, pero así me definió. "El Observador" hizo algo parecido, que yo era un monstruo antediluviano, pero pusieron algo que para mí es elogioso: que no me merecía la política. Con eso me dejaron contento.
Es una campaña contra el Pepe, que no rompió con este talibán. El talibán tiene el aparato, es la fuerza mayoritaria actualmente desde el punto de vista electoral. Entonces, si el Pepe fuera presidente, ¿qué pasa con el talibán? ¿Qué poderes va a tener?
Es un trabajo muy inteligente, elíptico, contra el Pepe. Si no hace una ruptura con el talibán, ¿van juntos? ¿Qué pasará si el Pepe sale presidente? ¿Lo llevará de ministro del Interior o de Inteligencia, que es menos visible? Dicen eso.
En una oportunidad alguien de la oposición dijo que el FA es muy amplio, pero tiene a los tupamaros ahí adentro.
Con el Ñato políticamente tenemos diferencias, pero no estamos enfrentados. Hace poquito nos juntamos, tenemos una muy buena relación personal.
¿En el caso Gonzalo Nin Novoa versiones de prensa le han adjudicado responsabilidad en la denuncia anónima?
Tienen esa idea de que investigamos a todo el mundo. Lo mismo dicen del caso del ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, y que el intendente Ricardo Ehrlich es marenalista.
Yo estoy de acuerdo en que se haya investigado el caso Bengoa. Se perdió mucha plata y había que meterle mano a eso.
¿El MLN investigó el caso Bengoa?
No. La información viene de adentro del municipio. Se nombró una auditoría que encontró elementos. Le pregunté a Ehrlich qué iba a pasar con esa auditoría y me dijo que si había méritos se enviaba a la Justicia. Esto fue muy gordo.
¿Qué posición tiene sobre la anulación de la Ley de Caducidad?
La gente está firmando, yo firmé también. Hay que incluirlo en la Comisión de Programa y presentarlo en el próximo período, porque hacerlo ahora es agregarle más problemas al gobierno, que ya tiene bastantes. Porque no sólo son las firmas, después hay que ganar el plebiscito. Es una exigencia militante que resta fuerzas cuando hay otras cosas. Tiene que ser un objetivo del programa para el próximo período.
¿Anular la normativa desde el Parlamento?
Soy contrario. Ese precedente lo voy a pelear, porque la democracia directa de un plebiscito no puede modificarla un puñado de gente, por mucha soberanía que tenga otorgada. Sino cada vez que hay un cambio de gobierno pasaría lo mismo.
Vamos a tener que analizar la herramienta del plebiscito para mejorar la democracia directa. El Estado uruguayo no fue organizado para que la gente participe y en el plebiscito la gente participa.
¿Cómo vivió el procesamiento con prisión del dictador Gregorio Alvarez?
La Justicia debe reparar el daño realizado y esos daños no se pueden reparar. La realidad cobra, a mí me cobró, cometí irregularidades y me cobró. Al Goyo también, se extralimitó, llegó a extremos de barbarie y la sociedad te cobra. Eso para mí no es justicia, porque sería reparar el daño y lo que él hizo es irreparable.
La sociedad está organizada así. Cuando uno comete un delito tiene que pagarlo con prisión; en otras sociedades te ejecutan.
Está bien la sentencia, pero no se repararon las atrocidades que cometieron.
¿Imaginaba algún día que Alvarez podría ir preso?
No me imaginé estar acá, creí que iba a morir preso. Nunca pensé que saldría en libertad.
Quiero agregar que no creo que los militares sean todos bandidos; no pueden ser diferentes a nosotros, sino serían una raza aparte. El fenómeno de los sádicos no es exclusivo de militares ni civiles.
El Ejército es una realidad. Ojalá pudiéramos vivir sin Ejército, pero por ahora no. Los militares hablan del honor militar, pero vamos a decir la verdad: lo perdieron, pero hay que recomponerlo. O suprimimos el Ejército o si lo necesitamos vamos a recomponerlo, que sea respetable para todos nosotros. Hay que limpiar ahí, y hay militares inteligentes que lo están viendo así. Es muy duro tener que reconocerlo, pero perdieron el honor.
Se tiene que recomponer porque es una fuerza necesaria y hay que dignificarla de vuelta.
¿Cómo se dignifica al Ejército?
Limpiándolo es una de las maneras. Puede haber muchos nuevos reclutas que están formados en los viejos trillos pero también hay que reconocer que las nuevas camadas militares no tienen nada que ver con las anteriores. No podemos poner en la misma bolsa a todos, vamos a darles la oportunidad de que tengan dignidad. Los que entraron en los últimos años, por más que algunos que estén arriba estén deformados, tenemos que hacer el esfuerzo para rescatarlos o sino no tenemos más Ejército. Ese esfuerzo hay que hacerlo.
¿Las Fuerzas Armadas tienen que pedirle perdón a la sociedad uruguaya?
No, no aporta nada. Sí hay que reconocer los errores cometidos.
¿Comparte el "Nunca más" que promueve el gobierno?
No sé si existirá un nunca más. Depende de los acontecimientos históricos. Acá en el siglo XIX pasaron cosas bravas y no era este Ejército, y mirá que se hacían barbaridades. Latinoamérica tiene muchos antecedentes de levantamientos y guerras civiles feroces.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL PUEBLO URUGUAYO FESTEJANDO LA PRISION DEL
EX-DICTADOR GRL. "Goyo" ALVAREZ
más fotos pulse la imágen
y relatos los últimos momentos
del emprisinamiento del ex-Dictador
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --
JUSTICIA EN URUGUAY
el "goyo"
preso !!!!
Dictan prisión a ex dictador uruguayo
Alvarez por violación a DDHH
MONTEVIDEO, 17 Dic 2007 (AFP) - El ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez (1981-1985) fue procesado con prisión este lunes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), informaron a la AFP fuentes judiciales.
El juez Luis Charles "emitió la solicitud de captura y dictó el auto de procesamiento", precisaron los informantes.
Desde el 12 de noviembre recaía sobre el ex represor el pedido de procesamiento como coautor de delitos de desaparición forzada en 1978 por traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados.
La solicitud de la fiscal Mirtha Guianze también abarca a los capitanes de navío Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau.
--------------------------------
El CONGRESO DEL FRENTE AMPLIO
A LA ESCUCHA DEL PUEBLO URUGUAYO VOTO POR LUCHAR
por la anulación de
LA LEY DE CADUCIDAD
AHORA TODOS UNIDOS POR LA ANULACION DE LA
ley de caducidad
no al olvido !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mensaje a los Congresistas del Frente Amplio
( 13-16 de diciembre 2007, Montevideo)
Señoras y señores congresistas del Frente Amplio Paris 10 de diciembre 2007
Presente
La asociación ¿Dónde Están? de Francia, fundada hace diez años en solidaridad con la lucha por verdad y justicia de las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura, envía un saludo cordial al Congreso del Frente Amplio y le desea mucho éxito en sus trabajos.
Nos dirigimos a todos los delegados con la esperanza de que en este Congreso, el Frente Amplio se pronuncie por la anulación
de la Ley de caducidad y se sume en forma decidida a la campaña que llevan adelante las organizaciones sociales.
La Ley de caducidad es una ley inmoral. La Ley de caducidad es una ley inconstitucional. La Ley de caducidad contradice las
norrmas internacionales de derechos humanos.
La Ley de caducidad es contraria a la tradición democrática del Uruguay, cuya imagen internacional daña gravemente.
La Ley de caducidad protege al asesino, al torturador, al secuestrador, al ladrón de niños, al violador de presas políticas, deja
impune las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
La impunidad ofende la memoria de las víctimas de la dictadura, de los cientos de compañeros desaparecidos, asesinados o muertos en la tortura, artesanos del presente y perpetúa el dolor de sus deudos.
Esperamos, anhelamos, que el Frente Amplio, nacido para defender la Constitución, las libertades, los derechos humanos y la justicia, valores avasallados por el pachequismo, Bordaberry y los militares, decida, fiel a su tradición y a la memoria de sus fundadores, terminar con la Ley de caducidad, último vestigio de la dictadura.
¿Que mejor situación que la de hoy para saldar esta deuda con la sociedad uruguaya?
¡Verdad y Justicia! ¡Anular la Ley de caducidad!
Por la asociación ¿Dónde Están?
Agradecemos dar amplia difusión
Héctor Cardoso, Presidente
Zelmar Michelini, Sergio Boubet, Luis Magallanes, Marcelo Datena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOS SIGUEN LLEGANDO FIRMAS POR LA ANULACION DE LA LET DE CADUCIDAD
En una nueva orueba que nuestro Sitio es visitado por el Mundo en que se encuentren uruguayos, siguen llegando firmas: desde Australia: anularla ya!!! : Miguel A.Campiglia - jubilado uruguayo en Melbourne Australia - Ana Cristina Martinez- Andrea Natalia Campiglia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICTAN PRISIÓN ADMINISTRATIVA PARA el Ex- Coronel CALCAGNO
Cnel.(R) Carlos Calcagno
Roberto Timbal informó a Montevideo Portal que el ex militar Calcagno se encuentra bajo prisión administrativa, mientras se espera el pedido de extradición. Por su edad, el militar podría ser detenido con prisión domiciliaria.
Timbal señaló que están esperando que el pedido de extradición ingrese a la Justicia uruguaya. A partir de allí el juez de turno se encargará de tomar una decisión al respecto.
Este viernes llegó a nuestro país el pedido de extradición de ex militar Carlos Calcagno, ex integrante del servicio de inteligencia del ejército, que el juez paraguayo Gustavo Santander pidió por su vinculación con el Plan Cóndor.
El juez Gustavo Santander el magistrado también pidió la captura de los militares argentinos José Montenegro y Alejandro Stada, ambos ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de Argentina.
Además de Carlos Calcagno fueron denunciados en marzo, Gregorio Álvarez, diez represores paraguayos y cuatro argentinos, por la desaparición, hace 30 años en Paraguay, de los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, según informó el periodista Roger Rodríguez en La República cuando se presentó la denuncia.
El militar habría viajado a Asunción capturado a los militantes y tras interrogatorios con torturas los trasladado en un vuelo de la marina argentina.
Al declarar este viernes, Calcagno negó a la prensa conocer el paradero de Inzaurralde y Santana y aclaró que "todavía no fue acusado de nada ( ) no tengo nada que ver"
El militar fue llevado a la cárcel especial de Piedras Blancas, en atención a su delicado estado de salud y podría otorgársele prisión preventiva domiciliaria, mientras se espera el fallo acerca de su extradición.
La causa en Paraguay implica todo el Plan Cóndor y fue abierta tras las denuncias realizadas por familiares de Tatter, quienes fueron asesorados por el activista en Derechos Humanos, Martín Almada, que trabajó en varios casos en nuestro país.
"Ordené, además, la comparecencia ante mi despacho del comisario retirado Alberto Cantero, ex jefe de la policía política durante el gobierno de Alfredo Stroessner (1954-1989); el coronel Sergio Alberto Valinotti y el general Guillermo Clebsh, funcionarios de inteligencia de aquel régimen", afirmó el juez Santander a la agencia AP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alvarez sorteó ayer los barrotes de la cárcel, pero no los huevos
Defensa. Recurso de inconstitucionalidad
contra la desaparición forzada frenó el procesamiento
La Suprema Corte de Justicia decidirá parte de la suerte de Gregorio Alvarez cuando se pronuncie en torno al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del ex presidente de facto contra el delito de "desaparición forzada", por el cual la fiscal Mirtha Guianze pidió su procesamiento.
Dictador. Gregorio Alvarez se retira de la sede judicial bajo una lluvia de huevos y bombas de agua. Esta vez volvió a su casa.
Los doctores Carlos Curbelo Tammaro y Pedro Montano, patrocinantes del ex dictador, interpusieron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21º de la Ley 18.026, que prevé el delito de "desaparición forzada", por el cual la Fiscalía pretende enjuiciarlo.
Alvarez volvió a declarar en la víspera ante el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco de la causa que indaga traslados clandestinos de presos políticos en 1978, iniciada en mayo pasado por el abogado Oscar López Goldaracena.
Guianze solicitó el mes pasado los procesamientos de Alvarez y los ex marinos Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau por su responsabilidad en los operativos de secuestro, traslado y desaparición de cerca de 40 uruguayos detenidos en Buenos Aires.
Larcebeau compareció nuevamente ante la Justicia asesorado por su abogado, el doctor Gustavo Bordes. Tróccoli, en tanto, no declaró ya que se encuentra fuera del país.
Así lo comunicó al juez Charles y la fiscal Guianze su defensor, el doctor Gastón Cháves. Sobre Tróccoli el juez evaluaba requerir su captura internacional (ver recuadro).
El recurso sostiene que la Ley Nº 18.026, aprobada a fines del año pasado, en cuyo artículo 21º se prevé el delito de "desaparición forzada", por el cual la Fiscalía pidió el procesamiento con prisión, no respeta preceptos constitucionales.
Para la defensa, la norma "viola los derechos del debido proceso y de legalidad, así como también el derecho de permanecer callado para no autoincriminarse".
"La ley viola principios cardinales de nuestro Derecho penal y procesal", dijo Curbelo Tammaro .
El recurso ya fue elevado a la Corporación, que según el mecanismo previsto para estos casos, en primera instancia deberá realizar un estudio de admisibilidad para decidir si es aceptado o no, para luego, en caso de una respuesta afirmativa, proceder a estudiar el fondo del asunto.
Guianze recordó que en 2006 la SCJ rechazó "en menos de una semana" el recurso contra la Ley de Amnistía presentado por varios de los militares involucrados en el "caso Soba" previo a ser procesados, al entender que la norma, al no haber sido enjuiciados, todavía no se estaba aplicando.
TROCCOLI, EN ALTA MAR
El capitán de navío Jorge Tróccoli, quien no compareció ayer ante el juzgado penal de 19º Turno, no estaría prófugo sino que se encuentra navegando en un barco mercante que regresaría a Montevideo a fin de mes. Las versiones sobre una eventual fuga se sucedieron en las últimas semanas cuando el ex oficial de la Armada dejó de ser visto en lugares habituales y su familia abandonó la vivienda que arrendaba en Malvín.
Tróccoli no habría renovado el contrato de alquiler, que vencía en noviembre. Ayer, una radio difundió que se encontraría en Paraguay. El ex jefe del Fusna, admitió su participación en la represión en su libro "La Ira del Leviatán", pero ante la Justicia negó haber actuado en los traslados de 1978.
Su coartada referida a que estaba de licencia o haciendo un curso cuando se produjo el secuestro de uruguayos en Buenos Aires no coincide con su legajo y la fiscal Guianze pidió su procesamiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniformes en remojo
Pasaron 12.581 días desde que el general Gregorio Álvarez marchó sobre
el Palacio Legislativo para aplastar la institucionalidad democrática.
Pasaron 10.901 desde que se encargó del comando del Ejército, y 10.749
desde que se inculpó, con su firma, de cualquier "actividad reñida con los
derechos humanos" cometida por su fuerza "durante la guerra contra la
subversión".
Pasaron 9.593 días desde que Álvarez se consagró
dictador con toda la pompa presidencial. Y 8.333 desde que abandonó el
cargo.
Un solo día más que pase
Álvarez en libertad es demasiado.
La sociedad uruguaya podrá respirar aliviada apenas el juez Luis Charles
disponga su mudanza al antiguo Cuerpo de Ingenieros Nº 7. Uno de los
criminales más peligrosos de la historia nacional estará sometido entonces
a una custodia apropiada. El tipo es, aun hoy, una amenaza para la seguridad
pública. Les recuerda a sus camaradas en actividad que es posible dar un
golpe de Estado, asesinar, torturar, robar, reprimir a toda la población de un
país, gobernar con una banda mafiosa.
Y, después, seguir tan campante. Impune.
Esta apreciación podrá parecerle exagerada a quienes equipararon
durante tres décadas a los represores con los reprimidos.
No debería.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tuvieron hasta hoy 8.316 días
para disculparse con la sociedad a la que esclavizaron.
No lo hicieron.
Algunos de sus integrantes, incluso, enhebraron nuevas cuentas al
monstruoso rosario.
A seis años de finalizado el régimen, militares en actividad participaron
en el secuestro, y tal vez en el asesinato, del científico chileno Eugenio
Berríos, un agente de la dictadura de Augusto Pinochet que sabía demasiado.
Hace dos diciembres, 20 años después de la huida de Álvarez del Palacio
Estévez, el entonces comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, dijo que
en el futuro podría haber otro golpe de Estado.
"El 'nunca más' es hasta que se produzca un nuevo conflicto", amenazó.
El mismo Bertolotti y sus pares de la Fuerza Aérea y de la Armada usaron
las mentiras de unos cuantos militares insubordinados, retirados y activos,
para elaborar los informes sobre desapariciones con que le tomaron el pelo
al presidente Vázquez en agosto de 2005.
Hace 22 democráticos años que soldados en actividad rinden homenaje, un
14 de abril y otro también, a criminales de lo peor como si fueran héroes.
Y 8.278 democráticos días no le bastaron al general Raúl Gloodtdofsky para
aprender que, sobrio o borracho, está tan obligado a respetar a este "gobierno
marxista" como a cualquier otro anterior.
El pacto de silencio que mantuvo tanto tiempo a Álvarez y a unos cuantos
delincuentes uniformados en libertad se resquebraja.
El espectáculo grotesco de Gloodtdofsky en Haití dejó al descubierto un
abismo que separa al Ejército de las restantes fuerzas. El general retirado
Iván Paulós, jefe de la inteligencia militar de la dictadura, esgrime ahora la
vetusta "obediencia debida" para librar de culpas a la patota de José Nino
Gavazzo y endilgárselas todas al Goyo .
El propio Álvarez sugirió a Búsqueda que, una vez en prisión, abrirá su propia olla podrida.
El reality show más extravagante de la TV mundial parecería Barney y
sus amigos si se instalaran cámaras en el viejo Cuerpo de Ingenieros.
Los seis militares y dos policías que residen allí se la pasan acusándose
unos a otros de su desgracia. Un coronel de ese grupo se pegó un tiro antes
de caer preso. Otro coronel retirado espera la extradición a Argentina o
Uruguay desde la ciudad brasileña de Santana do Livramento.
Un marino indagado por desaparición forzada de personas salió a navegar y
el miércoles se salvó del procesamiento.
Tres coroneles están detenidos en Chile por el caso Berríos. El avance de
la justicia en estos tres años, enorme en comparación con los tropiezos de
períodos anteriores, responde al empuje de los familiares de las víctimas,
de un puñado de abogados y de una fiscal solitaria.
Cuando la omertá termine de romperse, cuando las Fuerzas Armadas
y sus integrantes se decidan a recuperar su dignidad, cuando el Parlamento
o la ciudadanía consagren el fin de la impunidad, el país comenzará a recorrer
el camino hacia un verdadero "nunca más".
La última, final chicana de la defensa de Álvarez termina de confirmar lo
obvio: sin reconocimiento del juez a los derechos de un acusado no hay
debido proceso, sin debido proceso no hay justicia, sin justicia no hay
democracia.
Habrá que esperar unos días
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICTAMEN DE MIRTHA GUIANZE
Nada más que la verdad
La fiscal Mirtha Guianze dijo que entre los militares implicados en violaciones a los derechos humanos existe un pacto de silencio y otras estrategias para desviar la investigación, que incluyeron la llamada "Operación Zanahoria".
A través de un dictamen de 102 páginas, la fiscal Mirtha Guianze solicita el procesamiento del ex dictador Gregorio Álvarez y dos ex oficiales de la Armada. Últimas Noticias tuvo acceso al documento.
Entre las consideraciones acerca de los militares implicados en violaciones a los derechos humanos, dice advertir "que el propósito de los autores de los ilícitos es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad".
Esto no solamente incluiría un "pacto de silencio" sino también la "construcción de pistas falsas" y "estrategias urdidas para desviar la dirección de la indagatoria sobre el paradero de las víctimas".
Como prueba, Guianze cita las "gruesas contradicciones" por parte de los "altos funcionarios" y "la singular recorrida por montes intrincados, que no eran otra cosa que un campo de entrenamiento, dirigida nada menos que por un general del ejército".
En virtud de todo ello, "se advierte que los datos de las Fuerzas Armadas no eran verdaderos", y señala que sobre la Operación Zanahoria es "verosímil" la hipótesis del general Oscar Pereira "de que se trató en realidad de una operación de contrainteligencia, destinada en fin a provocar el desaliento y el abandono de la búsqueda".
La fiscal cree que en algún lugar existen archivos sobre la dictadura, pero que "no hay autoridad que haya podido rescatarlos para ser utilizados como prueba". Eso "implica admitir, en plena democracia, que hay cotos vedados para la justicia y que el Estado no ha podido aún dotarla de los elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos".

Montevideo 3 de diciembre 2007
El Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos firma su adhesión para la reforma constitucional que anule la ley de caducidad, en el marco del lanzamiento de la Coordinador Departamental, con la presencia de representantes de la Coordinadora Nacional y de la Departamental.
El acto que a las 20 hs. se realizó en el local de AEBU, contó también con la significativa presencia de militantes de todo el Departamento.
Además el domingo 2 se realizó la barriada puerta a puerta en la Cruz de Carrasco con una amplia participación de los vecinos de la zona.
Y en la feria Tristán Narvaja los compañeros de COFE, hicieron una jornada de recogida de firmas y movilización durante esa misma mañana.
La campaña va avanzando y la respuesta de la ciudadanía da la pauta de lo acertado y sentido del objetivo que persigue esta Coordinadora Nacional.
Javier Peralta-Prensa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
 |
SEPELIO: DESPIDIERON
RESTOS DE HELIOS SERRA
No fue en vano: en Paz descansa
Víctima de los vuelos de la muerte en 1978
Roger Rodríguez | La República
Nutrida caravana del Liceo Bauzá al Buceo 
Acompañado por una multitudinaria marcha popular fueron enterrados en el Cementerio del Buceo los restos de Helios Serra Silveira, uruguayo desaparecido en Argentina en 1978 cuando tenía 23 años de edad, e identificado hace algunos meses mediante un estudio de ADN.
Su madre, Albina Silveira, que tiene 84 años de edad, dijo a LA REPUBLICA sentirse "muy emocionada y muy contenta por la cantidad de amigos que vinieron a acompañarnos y porque a mi hijo lo quería todo el mundo".
La ceremonia comenzó con una concentración en las puertas del Liceo Nº3, ubicado en Jaime Cibils y Dámaso Antonio Larrañaga, donde Helios hizo sus estudios secundarios en la década del 70.
Hasta allí llegaron dirigentes del PIT-CNT, encabezados por Luis Puig; los integrantes de familiares detenidos desaparecidos Luisa Cuesta, Sara Méndez y Raúl Olivera, entre otros; el senador frenteamplista Rafael Michelini; el abogado especialista en derechos humanos Oscar López Goldaracena; la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Soledad Cibils; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez; además de otros dirigentes sindicales, militantes por los derechos humanos y público en general.
A las 10.15 llegó el coche fúnebre transportando una urna con los restos de Helios, acompañado de sus familiares más directos: su madre Albina y sus hermanos Ariel y Héctor, junto a otros familiares. Poco después partió una marcha a pie hasta el Cementerio del Buceo, encabezada por una pancarta con la leyenda "Helios, tus compañeros del Dámaso no te olvidan", transportada por sus viejos compañeros de liceo.
Helios Serra fue detenido el 27 de junio de 1978 en la vía pública en Buenos Aires, en la esquina de Santa Fe y Río Bamba. Su cuerpo fue encontrado seis meses después en una playa del balneario Pinamar, justamente el día de su cumpleaños el 16 de diciembre de ese año, tras haber sido víctima de los denominados "vuelos de la muerte". Fue enterrado en una tumba "NN", hasta que sus restos fueron identificados a principios de este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
JUNTO A UBAGESNER
El cortejo fúnebre llegó al mediodía al cementerio, donde fue recibido con un cerrado aplauso por parte de quienes que se encontraban esperando su llegada.
Allí el dirigente del PIT-CNT, Luis Puig, dijo que "con este homenaje al compañero Helios, también rendimos homenaje a los jóvenes que como él fueron culpables de querer un mundo mejor y de luchar por sus ideales".
"Nuestro compromiso es que la lucha de este pueblo va a encontrar a nuestros desaparecidos, y vamos a terminar anulando la ley de impunidad, para terminar precisamente con la cultura de impunidad que han impuesto sobre nuestro pueblo".
"La lucha de este pueblo asegurará que nunca más habrá terrorismo de Estado, nunca más desaparecidos, nunca más torturados, en definitiva, nuestro compromiso es por la verdad y la justicia", enfatizó.
Ariel Serra despidió a su hermano leyendo la poesía "Elegía" de Miguel Hernández, que dedicó a todos los desaparecidos. En una parte la poesía dice:
"Quiero escarbar la tierra con los dientes; quiero apartar la tierra parte a parte; a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte; y besarte la noble calavera; y desamordazarte y regresarte".
Con otro cerrado aplauso, la urna cubierta de flores, conteniendo los restos de Helios Serra, fue depositada en su última morada para su eterno descanso. Allí estará junto a los restos de otro desaparecido recuperado: Ubagesner Cháves Sosa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinato de Rodriguez Muela
"Rodríguez Muela estaba en mis
brazos...tembló y murió"
Júpiter Irigoyen
Por celular, la voz entrecortada de Júpiter Irigoyen evidenciaba emoción y firmeza. Había ido hasta la redacción de LA REPUBLICA luego de leer el artículo en el que se individualizó al mayor (r) Enrique Mangini -el custodio que se había exhibido armado el día en que el general Iván Paulós fue a declarar a un juzgado- como el asesino del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972.
En el hall del edificio en el que vive se produjo la entrevista entrecortada por los saludos cariñosos y respetuosos de los vecinos que entraban y salían. Irigoyen elude los formalismos y cuenta su historia, una historia que hasta ahora algunos hubieran querido que no se supiera...
-En esos tiempos se había formado la APAL, la Asociación de Padres de Alumnos Liceales. El director del Liceo 8 era una excelente persona, pero existía un enfrentamiento entre estudiantes y profesores, porque los muchachos no veían claro. Entonces, decidimos hacer una reunión de profesores, padres y estudiantes del Liceo 8 que se realizó en el Club Platense. Estuvo lleno. Allí se demostró que el problema no era entre estudiantes, padres y profesores, sino que tenían que estar los tres juntos porque el enemigo era el gobierno que no resolvía las cosas para que ellos pudieran estudiar.
-¿Qué edad tenían sus hijos?
-En ese tiempo estaban en segundo y tercero de liceo.
-¿Y la reunión del Platense había sido buena?
-Claro. Eso los calentó. Por eso querían dar un escarmiento, porque el Liceo 8 y el Dámaso Antonio Larrañaga eran los más combativos. Entonces hicieron un anuncio de que iban a asaltar el liceo.
-¿La JUP anunció el asalto?
-Sí, por eso esa noche del 11 de agosto no reunimos profesores, padres y alumnos...
-¿Usted en qué trabajaba?
-Yo entonces trabajaba en Agromac, era capataz de planta, allá, por Camino Durán. A mí me habían destituido de la UTE. Vivía en el barrio Jardines del Hipódromo.
-¿Y habían planificado algo ante el anuncio del asalto por parte de la JUP?
-Se había corrido la bola de que iban a asaltar el Liceo. En la mañana me llamó el director, porque estaba preocupado debido a que algunos botijas habían entrado damajuanas con nafta. Me fui para allá. Yo tenía 36 años, pero ellos me decían el abuelo. Cuando se ponían medio inquietos yo siempre iba y los calmaba.
-¿Qué pasó en aquella reunión?
-Hablamos. Yo les dije: si ustedes creen que pueden ganarle a mafiosos que son profesionales de las armas y además no tienen escrúpulos ninguno, están equivocados. Lo que hay que tener es el coraje de hacer la reunión y mantener la resistencia. Poder individualizarlos y denunciarlos, esa es la única arma que tenemos. En eso quedamos de acuerdo. Incluso les habíamos explicado que si alguno de ellos tenía, así fuera una navaja, nos iban a responsabilizar a los padres y profesores...
-¿A qué hora empezó la reunión?
-La hicimos a eso de las 8 de la noche. Estábamos unas quince o veinte personas... (se le quiebra la voz y hace un gesto de dolor y angustia, que lo obliga a tragar saliva)... A mí me dolió que se dijera que a Rodríguez Muela le dieron por la espalda porque salió disparando. El no salió huyendo, fue a buscar una silla para defenderse...
-Santiago Rodríguez Muela era un estudiante de 22 años, pero también era sindicalista, ¿era una dirigente conocido en el liceo?
-Era un trabajador que quería progresar y estudiaba el liceo nocturno. Trabajaba en Ancap y tenía conciencia. Asumió gran responsabilidad al sumarse a ese pequeño grupo de personas que estábamos en la asamblea... Yo creo que estaba sentenciado ya..
-¿...?
-Fíjese que entraron ellos y el botija estaba en el salón de al lado. De la entrada del liceo un salón a la izquierda. Él fue el que los vio venir. "¡Se vinieron, se vinieron los fachos!", avisó. Entonces entraron armados...
-¿Cómo entraron? ¿Gritando, a lo malón?
-No. Sólo con armas en la mano.
-¿Cuántos eran?
-Los que comentan, unos catorce o quince...
-¿Usted qué pensó?
-Yo estaba tranquilo. Entraron y nos hicieron separar a todos contra la pared con las manos en alto. Eramos algunos padres, profesores y alumnos ¿el director?, no, el director no estaba en ese momento.
-A ellos ya los habían visto armados afuera...
-Sí. Habían pasado los de las Fuerzas Conjuntas y los vieron con las armas en la mano. También los vieron los custodias del club de la Fuerza Aérea...
-¿Entonces, después que los separaron y pusieron contra la pared?
-Entonces, éste que ya estaba predestinado, lo vio entrar al "Charla" al salón y fue detrás de él. Le metió el balazo y salió con la pistola con silenciador en la mano. El botija salió detrás, caminando, y cayó al suelo...
-¿Con silenciador?
-Sí. Yo algo de armas sabía, porque mi padre, Martín María Salomé Irigoyen, había sido comisario.
-¿Usted recuerda como era el que tiró el tiro?
-Era más delgado que en la foto que apareció en LA REPUBLICA. No tenía bigote y la cara era más angulosa. Al otro día lo volví a ver en el Sirocco, el bar que estaba entonces en 8 de octubre y Albo.
-¿Pero identifica positivamente al mayor retirado Enrique Mangini como el hombre que mató a Rodríguez Muela?
-Era más flaco, pero la cara de él es imborrable. Tendría 18 años entonces, pero la misma actitud...
-¿Ustedes qué hicieron cuando Rodríguez Muela cae?
-Cuando el botija cayó, fíjese que yo era mucho más joven, alto y pesaba como 100 kilos, atiné a agarrarlo pensando que se había desmayado o algo. Y uno me dijo "¡Déjelo que tiene un ataque de epilepsia!", pero yo ya sentía la sangre caliente en mis manos. Otro gritó que no me dejaran salir y yo ni pelota les di. Hervía y me rebelaba ante la injusticia que había visto. Yo creía que solo estaba herido, pero nunca supuse que estaba de muerte... (vuelve a tragarse la angustia)
-...
-Estaba en mis brazos, tembló y murió. Yo había agarrado por 8 de Octubre como para ir al Sindicato Médico...
-Hay testimonios que dicen que los de la JUP cerraron las puertas del liceo para impedir que sacaran el cuerpo...
-No, no. Cuando yo salí ni se animaron a pegarme un tiro... Afuera, cuando llegué a frente del Club de la Fuerza Aérea, salió un teniente de la sede de las Fuerzas Conjuntas con soldados y me dijo a dónde iba. Le contesté que lo llevaba porque los mafiosos le habían pegado un tiro. Me dijo que no, que lo llevara a enfrente que estaba el Sanatorio Achard. Le dije que sí, yo lo llevo para enfrente pero si usted me cuida la espalda. Me dijo que fuera con él. Era un teniente gordo, petizo. Cuando lo puse en la camilla me di cuenta que estaba muerto. Está muerto, dijeron.
-¿Usted hizo la denuncia?
-Yo lo que trataba era de hablar por teléfono para avisar. Pero me retuvieron. Es una vergüenza, le dije al teniente, es un estudiante y esto fue una operación militar. Y se me enojó el oficial. Entonces le digo: me alegro si se enoja, porque quiere decir que usted no es cómplice de esto. Me dijo que me fuera para mi casa... ¿Lo qué?, le digo, de acá no me voy hasta que llegue la policía, y voy a hacer la denuncia, porque si me voy este chiquilín va a aparecer tirado y van a decir que fueron ladrones o un ajuste de cuentas.
-Se quedó allí.
-Sí, como una o dos horas, hasta que cayó un suboficial de la policía que estaba indignado. "La puta madre que los parió, esto es un asesinato", decía. A él le hice la denuncia, le expliqué que estábamos en una reunión y lo que había pasado... Cuando me iba a ir, me presentaron a otro, un capitán de inteligencia, que me pidió el documento. No me voy hasta que me lo devuelva, le dije. Y estuvo un rato, seguramente fue a indagar mis antecedentes... Yo había estado alguna vez preso como estudiante y por el gremio de la UTE.
-Hubo en aquellos días una versión de prensa en la que se decía que el tirador tenía un montgomery y una bufanda roja...
-No sé, a mí me quedó la cara. Iba con un traje, manos bien cuidadas, un traje clarito, abajo bien arropado. Entonces era delegado, un tipo carón, de cara blanca y delicada.
-¿Y al otro día lo volvió a ver en el Sirocco?
-Sí, yo fui a hablar por teléfono y vi cuando empezaron a entrar algunos caras raras... así que me fui. Entonces pude haber llamado a los estudiantes y enfrentar a ese hombre, pero mi espíritu siempre había sido en favor de la justicia
-¿Dio su testimonio entonces ante la Justicia?
-Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, a mi no me convocaron. Un patrullero llegó a mi casa y me dijo por qué no estaba en la reconstrucción, le dije que no me avisaron nada y fui con él, pero cuando llegamos ya se había terminado... Alguien no tenía interés en que yo fuera.
-¿Y hasta ahora no volvió a dar su testimonio?
-No. A la salida de la dictadura conté todo en una comisión parlamentaria, en la que estaba Antonio Marchesano, que fue ministro. Después, también fui a un Juzgado, por allá por la Aduana, y después que hablé, el actuario me dijo si me animaba a repetirlo adelante de sus compañeros, los llamó y volvía contarlo adelante de los funcionarios judiciales.
-¿Cómo recuerda a Rodríguez Muela?
-No puedo olvidarme de aquel muchacho. Era delgado, alto. Se comportaba siempre como un hombre lleno de responsabilidad. Le decían el "Charla", porque hablaba mucho. El era de la línea dura, maoísta. Yo era del Partido Comunista. Muchas veces habíamos conversado, era un compañero más allá de diferencias. Yo creo que hoy habría que ponerle su nombre a la plaza que esta allí en 8 de Octubre, porque fue un héroe y se lo merece.
-¿Qué piensa de la posibilidad de que su crimen pueda reabrirse a nivel judicial?
-Es que tiene que abrirse. El confiesa que lo mató. Yo lo reconozco que fue él. A mí no me va a venir a mentir. El no era policía, ni militar, ni nada, él fue un mafioso que hizo el trabajo sucio
TIENE 79 AÑOS, DOS HIJOS, MILITA EN EL FA
Y ES DIRIGENTE DE PASIVOS DE UTE
Júpiter Irigoyen tiene 79 años. En 1972 sus dos hijos cursaban secundaria en el Liceo 8. Hoy el varón es ingeniero, la menor es escritora. Uno de siete hermanos, Júpiter era funcionario de UTE, pero había sido uno de los gremialistas destituidos aquel año.
Trabajó como albañil, en Agromac y otras empresas. Luego de la dictadura. fue restituido y se jubiló. Dirigente de los pasivos de UTE, hoy milita en comedores infantiles de Jardines del Hipódromo y Bella Italia. Incluso es delegado de un comité de base en una coordinadora del Frente Amplio.
Su voz cobra fuerza cuando recuerda aquella pesadilla que vivió hace 35 años, y aún sigue recordando cada día, hasta hoy, cuando las venas y tendones del cuello se le tensan frente a la vanidad del asesino, y ante la impunidad de un crimen que aún exige justicia.
EL CUSTODIO
El pasado 30 de octubre, cuando el general (r) Iván Paulós debió declarar por primera vez ante un juez civil, apareció custodiado por dos guardaespaldas de lentes oscuros y acompañado por un grupo de militares jubilados que llegaron a la calle Misiones para solidarizarse con el ex mando de la dictadura.
Uno de los guardaespaldas era el conocido represor coronel Eduardo Ferro, asesino del escribano Fernando Miranda en 1974 y jefe del operativo de secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Díaz en Porto Alegre en 1978, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Pero ese día el protagonismo lo tuvo el otro custodio, un desconocido, que arengó a los viejos militares a gritar consignas y que exhibía sin pudor una pistola calzada en una funda de cuero. El desconocido fue identificado por LA REPUBLICA, era el mayor (r) Enrique Mangini Usera, el asesino del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972.
EL "ZAPATO"
Enrique Mangini Usera ingresó al Ejército luego del incidente del Liceo 8 como uno de los miembros de la patota de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que el 11 de agosto de 1972 asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela. Vivía entonces en Avenida Brasil.
En el arma de Caballería, Mangini nunca se destacó militarmente y siempre estuvo bajo la protección de conocidos represores, como el ex coronel Gilberto Vázquez y otros miembros de la Logia Tenientes de Artigas que le ayudaron a obtener misiones en la ONU.
Conocido como "El Zapato", Mangini llegó a ser jefe de la Base Antártica de Uruguay, pero terminó pasando a retiro obligatorio "por alcanzar la edad máxima prevista para la permanencia en situación de actividad en su grado"
30/10/2007 - Paulós sale del juzgado. Detrás suyo, el coronel Ferro y a su derecha, otro individuo (Enrique Mangini Usera) que al levantar el brazo deja al descubierto una pistola ceñida a su cintura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subject: H.I.J.O.S. Argentina, Conferencia de prensa: Patti detenido!!!!
Date: Thu, 22 Nov 2007 23:11:04 -0300
Comunicado de prensa
Patti detenido por delitos de lesa humanidad
Hoy es un día histórico. Otro genocida está en su lugar: en la cárcel. El torturador Luis Abelardo Patti está detenido por las desapariciones de Carlos Souto, Gastón Gonçalvez, Diego Muñiz Barreto, entre otros, y será trasladado al Penal de Marcos Paz.
Durante años, junto a las Abuelas, las Madres, los Familiares y los ex-detenidos-desaparecidos luchamos por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos les genocidas, cómplices e ideólogos. Y de a poco les va llegando el turno. Hoy es el de Patti, pero faltan muchos más. Y también falta que Patti sea juzgado y condenado por la totalidad de los delitos que cometió en el marco del genocidio.
H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional
POLITICA y REVES JUDICIAL
Patti fue detenido por crímenes de la dictadura y compartirá prisión con los otros represores
El ex subcomisario y ex intendente de Escobar fue notificado de su arresto cuando llegó hasta los tribunales de San Martín para entregar un escrito, en el marco de la causa que investiga tres desapariciones en 1976. Ahora era llevado hasta el Palacio de Justicia porteño y de allí podría ser trasladado al penal de Marcos Paz, donde se encuentran detenidos otros represores involucrados en crímenes de lesa humanidad.
El ex subcomisario Luis Patti quedó detenido al mediodía acusado de privación ilegítima de la libertad, en el marco de la causa que investiga las desapariciones de Gastón Goncalvez, Diego Muñiz Barreto y Carlos Souto durante la dictadura, informaron fuentes judiciales.
Patti quedó detenido tras presentar un escrito en los tribunales de San Martín, a cargo del juez federal Alberto Suárez Araujo, donde se presentó esta mañana para prestar declaración indagatoria.
En momentos, el ex policía bonaerense y ex intendente de Escobar será traslado a la alcaldía de los Tribunales, en Talcahuano y Lavalle de esta capital.
Desde allí podría ser derivado a la noche al penal de Marcos Paz, donde están detenidos los involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales y del Servicio Penitenciario Federal.
La declaración indagatoria ante el juez -que investiga los crímenes cometidos en Campo de Mayo- comenzó a las 10, pese a que el ex subcomisario llegó temprano a los tribunales ubicados en San Lorenzo 2374, que se encontraban rodeados por un importante operativo policial.
En los últimos días, la defensa de Patti presentó un escrito ante la justicia de San Martín en el que se alegó que el ex intendente de Escobar tiene "fueros parlamentarios", ya que fue elegido diputado nacional aunque aún no logró ingresar a la Cámara porque sus pares le negaron el ingreso por "falta de idoneidad moral".
Al momento del secuestro, tortura y asesinato de Goncalvez y su esposa en el '76, Patti se desempeñaba como oficial subinspector de la comisaría de Escobar.
Según testigos de la causa, antes de ser asesinado, Goncalves fue torturado en esa comisaría bonaerense, con la participación directa de Patti, y su cadáver y el de otros militantes fue abandonado el 2 de abril de 1976 en el paraje "El Cazador", sobre la ruta 4, según surge de las pruebas de la causa.
Su cuerpo fue encontrado en 1996 en el cementerio de Escobar junto al de otros tres militantes por el Equipo de Antropología Forense, que determinó que estas cuatro personas fueron fusiladas y posteriormente incineradas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense ya había identificado los restos de la esposa de Goncalves, Ana María del Carmen Granada, asesinada meses más tarde, el 19 de noviembre de 1976, durante un operativo conjunto entre el Ejército y las policías Federal y bonaerense.
En tanto, Souto fue secuestrado en la vía pública de Garin a los 18 años, en agosto de 1976, y no hay testimonio de que haya pasado por algún centro clandestino de detención.
Por su parte, Muniz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977 y fueron llevados a la comisaría de esa localidad, luego a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo.
Luego, fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legisladores y dirigentes del FA pretenden aprobar la iniciativa a comienzos de 2008
Estudian proyecto de ley reparatoria para víctimas del terrorismo de Estado
Legisladores del Frente Amplio y una Comisión de la Mesa Política Nacional de la coalición de gobierno están analizando el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, apuntando a poder presentarlo en el Parlamento a comienzos del año próximo para su rápida aprobación.
Una comisión de la Mesa Política del FA, junto a un grupo de legisladores izquierdistas, se encuentra analizando un proyecto de ley de reparación integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Legisladores del Frente Amplio y una Comisión de la Mesa Política Nacional de la coalición de gobierno están analizando el proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, apuntando a poder presentarlo en el Parlamento a comienzos del año próximo para su rápida aprobación.
Además de su contenido más abarcativo de la actual ley, se propone la creación de una Comisión Nacional de Reparación Integral, la emisión de Bonos especiales para financiar esta ley y se garantiza la prestación médica gratuita y vitalicia para garantizar la cobertura integral de salud.
A pesar que existe la Ley 18.033 que otorga una pensión a los ex presos políticos, el Presidente Tabaré Vázquez reconoció que el país no cuenta con una verdadera ley de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.
Las limitaciones de dicha ley alentaron al colectivo Crysol y al doctor Oscar López Goldaracena a trabajar en un proyecto de ley que llenara ese vacío legal. La iniciativa fue apoyada por diversas organizaciones donde se nuclean los luchadores políticos de aquella época y sus familiares, así como por organismos de derechos humanos.
El proyecto ya está en manos de una Comisión de la bancada de legisladores del Frente Amplio y de una Comisión de la Mesa Política Nacional que están trabajando a contrarreloj para poder presentar el proyecto a comienzos del año próximo y poder lograr una aprobación rápida por parte de todos los partidos.
En esencia, este proyecto abarca muchas situaciones que la ley 18.033 no tuvo en cuenta, aunque el propio López Goldaracena reconoció que la misma "ayudó a salir de la situación inicial de desamparo".
Se recoge también la experiencia de otras leyes de reparación en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
El proyecto parte de la Resolución 60/1247 adoptada por la Asamblea de la ONU en noviembre de 2005 para determinar quiénes son considerados "víctimas" y a su vez contempla la situación de ex presos políticos, desaparecidos y sus familiares, muertos en enfrentamientos, en torturas, en la cárcel o posteriormente, y a sus familiares, a los niños nacidos en prisión, a los exiliados y a los clandestinos, otorgándoles una reparación económica.
Asimismo propone la designación del Día Nacional de la Memoria en fecha que determine el Parlamento y que el Estado emita un documento público que acredite la condición de víctima en el que se reivindique "expresamente" el honor y honorabilidad de las personas comprendidas en la reparación.
La reparación
El proyecto abunda en citas de resoluciones de la ONU al respecto, ratificando que "se deberá tener en cuenta de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y prevención".
Se precisa que la rehabilitación ha de incluir la atención médica y sicológica así como servicios jurídicos y sociales, la necesidad de la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, el control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad y el fomento y fortalecimiento de la enseñanza de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Concordando en que la Constitución de la República consagra el principio de reparación integral, el proyecto advierte que "las víctimas no constituyen un conglomerado homogéneo", definiendo la existencia de "víctimas directas", "indirectas" (familiares) y la existencia de derivaciones en "la segunda generación, en muchos casos".
Se cambia el período abarcativo respecto a la vigente ley, estableciéndose como límites, el 13 de junio de 1968 y el 1 de marzo de 1985.
Los presos políticos recibirán una indemnización equivalente a 583 UI por cada día de prisión, las mujeres recibirán un plus de 30% y los menores de edad de 50%. El beneficio se extiende a hermanos y descendientes de los detenidos que siendo menores concurrían a los centros de detención a visitar a su familiar (en este caso será un año de indemnización).
Se contempla también a los familiares de presos fallecidos durante la detención y para quienes fallecieron luego de recuperar la libertad, así como para los familiares de muertos a raíz del accionar de agentes estatales o grupos paramilitares o parapoliciales, incluso se atiende a quienes recibieron lesiones por dicho accionar.
Los familiares de desaparecidos recibirán una indemnización 15 veces superior a la de los presos políticos.
Existirá reparación también para quienes nacieron en cautiverio, quienes sufrieron sustitución de identidad y/o apropiación por terceros.
Los exiliados recibirán una indemnización equivalente a tres años de la de los presos políticos y los clandestinos a un año.
Modificaciones
Con respecto a la ley vigente, se determina que el derecho a la pensión reparatoria no tiene "ninguna condición o limitación emergente de los regímenes jubilatorios o pensionarios". En caso de fallecimiento, la pensión corresponderá íntegramente a sus causahabientes, será acumulable a otros beneficios de indemnización o restitución conferidos y se ajustará la Base de Prestaciones y Contribuciones semestralmente. Finalmente, el derecho a acogerse a la ley no prescribe, la pensión
es inembargable y estarán exentas de gravámenes. *
-----------------------------------------------------------ooOOoo--------------------------------------------
Justicia y varios ex presos políticos
realizaron inspección ocular al ex SID
En el marco de la causa que indaga el "segundo vuelo" de Orletti, el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, realizaron en la mañana de ayer una inspección ocular donde funcionó el Servicio de Información de Defensa (SID).
En el edificio, ubicado en Bulevar Artigas y Palmar - actualmente está ubicado el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) -, habrían estado detenidos los "pasajeros" del "segundo vuelo" de Orletti, registrado en la madrugada del 5 de octubre de 1976.
En la instancia, estuvieron presentes los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Sara Méndez, Alicia Cadenas, Ana Inés Quadros, Gastón Zina, Sergio López Burgos y Eduardo Dean, todos ingresados a Uruguay desde Argentina en el "primer vuelo", quienes estuvieron detenidos en el SID.
También asistieron a la inspección ocular las abogadas Estela Arab y Rossana Gavazzo, defensoras de sus respectivos padres, Ricardo Arab y José Nino Gavazzo, procesados por la desaparición de Adalberto Soba, causa a la que se encuentra "acordonado" el expediente del "segundo vuelo".
Si bien el edificio ha sufrido importantes reformas, los ex presos políticos identificaron ante el juez y la fiscal la sala donde permanecieron detenidos, ubicada en el sótano, así como también los cuartos donde se realizaban los interrogatorios, dijeron fuentes que presenciaron la instancia.
Además, se ubicó una sala que denominaban el "tendedero", donde se presume que estuvieron detenidos los "pasajeros" del "segundo vuelo" de Orletti, que permanecen desaparecidos, y cuyo destino final intentan establecer el juez Charles y la fiscal Guianze.
En 1976, esta dependencia fue dirigida por el coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó el año pasado previo a ser procesado por el "caso Soba". En el SID, también operaron Gavazzo, Arab, Luis Maurente, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina, todos procesados por violaciones a los Derechos Humanos.
En los próximos días, por este caso, declarará el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien fue dado de alta días atrás y ya se encuentra alojado en Cárcel Central. Luego, el expediente pasará a la Fiscalía, para la elaboración de la acusación de los militares procesados por la desaparición de Adalberto Soba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El profesor torturador de UTU, Abella Zuasti, 'operaba' en Buenos Aires en mayo de 1976.
Desde Suecia denuncian que en los días del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz el militar estaba en Argentina
Alejandro Quiroga, un uruguayo radicado en Suecia, lo vio en un tren acompañado de "represores" argentinos el día que Peñarol jugaba contra Independiente por la Libertadores. Abella Zuasti había sido su compañero en el liceo militar y lo había amenazado en 1975 cuando fue liberado del Regimiento Nº 9º de Caballería. Quiroga, junto al escritor Carlos Liscano, fue víctima de una "purga" en la Escuela Militar de Aeronáutica en 1970. Abella, denunciado por el sindicato Afutu y separado del cargo por el Consejo de la UTU, fue reincorporado al plantel docente por el Codicen.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
El profesor torturador Guillermo Abella Zuasti, recientemente reincorporado por el Codicen al cuerpo docente de la Enseñanza al revocar una resolución del Consejo de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) que lo había suspendido, estaba "operando" en Buenos Aires en mayo de 1976, cuando fueron asesinados los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La presencia de Abella Zuasti en Argentina en los dramáticos días del golpe de Estado militar que derivaría en la persecución, secuestro, traslado ilegal y desaparición de decenas de uruguayos que se habían exiliado en el vecino país, fue denunciada a LA REPUBLICA por Alejandro Quiroga Pérez, un uruguayo radicado desde hace muchos años en Suecia.
Alejandro Quiroga afirma que en mayo de 1976 se encontró en Buenos Aires a Abella Zuasti, a quien conocía personalmente por haber sido durante varios años compañeros del Liceo Militar y de la misma generación de cadetes de la Aeronáutica y el Ejército, y porque el torturador fue la persona que le abrió la puerta del cuartel del 9º de Caballería donde estuvo preso hasta el 24 de julio de 1975.
"En los días cercanos al secuestro y asesinato de Zelmar y Toba, en mayo de 1976, reconocí a Guillermo Abella en un tren que iba de Quilmes a Avellaneda. El estaba sentado tres asientos más atrás que yo y mi esposa. Viajaba junto a tres hombres que no reconocí pero que por su aspecto eran militares o policías. El me reconoció y riéndose me señaló con su índice a sus acompañantes", narra.
Quiroga explica que al reconocer a Abella tuvo miedo y junto a su esposa bajó en la siguiente estación, donde se confundió con una multitud que se dirigía al estadio de Avellaneda, donde jugaban el local Independiente contra Peñarol por la Copa Libertadores de América. El partido lo ganaron los rojos 1 a 0. Fue el 26 de mayo de 1976, seis días después del asesinato de Zelmar y el Toba.
"Te voy a buscar afuera..."
"Con Abella nos conocíamos desde hace tiempo. Fuimos compañeros de clase en el Liceo Militar en 1963 y 1964 y luego lo traté varias veces durante mi período como cadete de la Escuela Militar de Aeronáutica hasta 1970, cuando él era cadete de la Escuela del Ejército. No lo veía desde julio de 1975 cuando me largaron del 9º de Caballería, donde estaba preso", cuenta Quiroga.
"Ese día, recuerdo que en la Guardia de Prevención del 9º había un soldado sancionado y de plantón. Cuando entró Abella, el soldado le dijo algo así como "por qué me tienen a mí de plantón como a los pichis", y la respuesta de Abella fue darle un cachetazo para que se callara", explica Quiroga al subrayar las condiciones de represor del reintegrado profesor de la UTU.
"Esa fue la última vez que lo había visto antes de Buenos Aires, el día que me largaron del cuartel. Abella era teniente primero y ocupaba el cargo de capitán de Guardia. "Te suelto porque yo no soy el que decido, pero te voy a buscar afuera", fueron sus palabras de despedida. Tenía que presentarme al cuartel cada tres días, pero no volví nunca más y, con mi compañera, salí como clandestino para Argentina".
La esposa de Quiroga había sido liberada el día anterior, luego de cuatro años de cárcel en Cabildo y el Carlos Nery. Se casaron hace 45 años, cuando ella estaba libre y él se encontraba recluido en el Penal de Punta Carretas. Hoy tienen dos hijos, Gabriela, bióloga molecular, y Camilo Ernesto, técnico en redes de computación. Viven en Gotemburgo, donde dirigen una empresa de servicios.
Quiroga y su esposa se exiliaron en Suecia en 1976, tras el golpe de Estado en Argentina. En 1985 regresaron a Buenos Aires y un año después intentaron radicarse nuevamente en Uruguay, pero en julio de 1991, ante un quebranto de salud, debió volver a Suecia donde se le unió la familia. En 2006 se acogió a la Ley 17.949 de reparación de militares destituidos, pero aún espera una resolución.
"Aquella purga en aviación"
Alejandro A. Quiroga Pérez (CI 1.125.697-1) nació el 22 de febrero de 1948 y fue una de las víctimas de una recordada "purga" de estudiantes realizada en la Escuela Militar de Aeronáutica en 1970, cuando ya comenzaba la "selección" de mandos y oficiales que poco tiempo después protagonizarían el golpe de Estado en Uruguay.
El 11 de enero de 1971, el diario "Ya" publicó un artículo en el que hizo referencia a la purga en la aeronáutica, denunciada por el entonces senador Pedro Zabalza (padre del dirigente tupamaro). El episodio también fue confirmado a LA REPUBLICA por el escritor Carlos Liscano, quien había sido una de las víctimas de aquella purga y compañero de estudios de Alejandro Quiroga, cuya credibilidad ratificó.
"La Fuerza Aérea poseía información de inteligencia policial o militar sobre vinculaciones o simpatías de algunos cadetes del último año con la izquierda guerrillera y armó una operación de inteligencia, por la que siete cadetes fuimos sometidos a la justicia militar, donde nos dejan en libertad, pero luego un Consejo de Disciplina, en forma totalmente ilegal, nos da la baja", explica Quiroga.
Entre los siete sancionados estaban Liscano y Quiroga, quienes habían aprobado todos los cursos, otros cuatro cadetes daban sus exámenes finales y uno, compañero de tanda del actual comandante en jefe, Enrique Bonelli, daba exámenes para pasar al último año de estudios. "Fue una operación represiva del pachecato, unida a una limpieza preparatoria del golpe de Estado", sostiene Quiroga.
En febrero de 1971, Quiroga fue procesado por la Justicia civil por "asociación para delinquir e intento de rapiña". Estuvo preso en Punta Carretas y en el penal de Libertad.
Liberado en 1973, volvieron a detenerlo a fines de 1974 cuando asesinaron al coronel Ramón Trabal en París. Estuvo en el cuartel de Blandengues, en La Paloma y en el 9º de Caballería. Cuando lo soltaron, se exilió en Argentina.
Prontuario de un "docente"
El profesor Guillermo Abella Zuasti era docente del curso de rematador de la UTU en la Escuela de Administración del Prado, cuando a mediados de 2006 fue reconocido como torturador por una de sus víctimas, al aparecer en una foto con un grupo de militares y represores que fueron a solidarizarse con el coronel Jorge "Pajarito" Silveira, quien había sido citado por la Justicia penal.
Su identificación derivó en una denuncia de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), que tuvo como respuesta una suspensión de sus actividades docentes por el Consejo de UTU y llevó a confirmar el pasado como represor del militar, según constaba en los archivos testimoniales del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Una investigación de LA REPUBLICA permitió agregar que Abella Zuasti había sido egresado de la terrorífica School of Americas (SOA) de Estados Unidos en Panamá, donde en 1969 realizó el curso "C-1" junto a los represores Mario Cola Silvera, Héctor Lluis, Luis Maurente y Antranig Ohannessian.
Abella, hoy con 60 años de edad, era conocido por el alias de "Cabeza Seca" y fue denunciado ante organizaciones de derechos humanos, por sus víctimas por tortura de picana, plantón, tacho, caballete y golpes, sufrida en 1972 en el 8º de Caballería y, posteriormente, en el 9º de Caballería. También es señalado como represor por el desertor Hugo Walter García Rivas.
Abella no aparece en el listado de militares enviados en misión oficial a Argentina en 1976, según las nóminas entregadas por el comandante en jefe general Hugo Medina al ministro de Defensa Juan Vicente Chiarino, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando en 1986 la información fue solicitada por la investigadora parlamentaria sobre el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
MOVILIZACION TOTAL POR RECOLECTAR LAS FIRMAS Y PONER EL FINAL DE LA
ley de caducidad
EN ARGENTINA
LANZAMIENTO CAMPAÑA POR ANULACION LEY DE CADUCIDAD
Panelistas:
Por Uruguay: PIT-CNT Luis Puig Senadores Michelini y Lorier Dr. Oscar López Goldaracena De Argentina: Ricardo Peydrò- Derechos Humanos CTA Graciela Rosemblum – Liga Arg. Por los Derechos del Hombre
AUDITORIO ATE
Avda. Belgrano 2527-
Capital Federal Día 17 de Noviembre 17 hs.
Se levantarán firmas Concurrir con la Credencial Cívica
Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad
– Buenos Aires, Argentina
Mail: nulidadcaducidad@yahoo.com.ar nulidadcaducidad@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUEREMOS UN JUICIO PÚBLICO
Justicia Ya Buenos Aires presentó el día viernes 9 de noviembre una carta ante la Corte Suprema de la Nación como medida para lograr que el juicio contra el genocida Febres pueda ser televisado y difundido en todo el país. La carta fue firmada por diversas organizaciones de ddhh, por la UTPBA y trabajadores de prensa. Se espera tener una pronta respuesta por parte de la Corte, a la que en la misma carta se le solicitó una audiencia para resolver esta situación.
Sr Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de laNación
Nos dirigimos a uds a fin de manifestar nuestra preocupación por lascondiciones en la cual se lleva adelante el juicio oral y público contra Héctor Antonio Febres, por delitos de lesa humanidad, ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal.
En efecto, a pesar de los planteos efectuados por los querellantes, elTribunal ha dispuesto que el juicio se desarrolle sin permitir que la prensa gráfica pueda ingresar con grabadores y cámaras, y que los medios televisivos puedan registrar las audiencias. Esto es así, según fue informado por elTribunal, por disposiciones propias del Edificio de Comodoro Py, quien solo permite el acceso y la filmación del mismo a la Policia Federal, solo a los efectos judiciales.
El principio de publicidad, propio de los juicios orales y públicos,requiere - en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar-, comprender el profundo sentido y rol social que estos juicios poseen. Y para que ese rol pueda cumplirse cabalmente, es necesario entre otras cosas la difusión por los medios masivos de comunicación.-
Por lo expuesto, solicitamos una audiencia y que se implementen las medidas necesarias para garantizar el pleno acceso de la prensa a las audiencias, en éste y los juicios que se avecinan por delitos de lesa humanidad en el ámbito de la Capital Federal.
Saludamos atte
AEDD - AGD UBA - A.L.I. - APEL - CADHU - Ce ProDH -CODESEDH - Com. De DDHH de Uruguayos en Argentina - Partido Comunista - Com. Porlos DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As. - Com. De Homenaje a los Desaparecidosy - FIDELA - IRE - LADH - Vecinos de San - CORREPI SUR - COM. DE PARAGUAYOS RESIDENTES EN BS.AS.-MST-NUEVA IZQUIERDA- COMISION POR LA MEMORIA DEL - Unión de Trabajadores dePrensa de Buenos Aires (UTPBA) - COMISION INTERNA DIARIO - PERIODISTASDE: - CANAL 5 NOTICIAS - RADIO BELGRANO - RADIO - LISTAVIOLETA (UTBA) - FM LA TRIBU
Prensa JUSTICIAYA!en BuenosAires.
JusticiaYaBs. As. Está integrado por : AEDD - AGD UBA -A.L.I. -APEL - - CADHU - CAJ - Ce ProDH- CODESEDH - Com. DeDDHH de Uruguayos en Argentina - Com. De DDHH del PC - Com. Por los DDHH deTrenque Lauquen Pcia. Bs. As. - Com. De Homenaje a los Desaparecidos y MártiresPopulares - CORREPI - FIDELA - H.I.J.O.S. - IRE - Liberpueblo -LADH - Vecinos de San
Nos representan en este juicio:Liliana (Abogados laboralistas deizquierda)
======================================================
SOBRE LAS DECLARACIONES DE
las hijas de Gavazzo y Medina
VERONIKA ENGLER - SUECIA
Es cierto que el acto de tortura rno fue
cometido por individuos que se desprendieron de
los mandos, fue una forma institucional de
operar durante la dictadura militar. Hago, por
lo mismo, responsable a los mandos de ello, pero
también a quienes acataron sin cuestionarlas,
ese tipo de órdenes que van contra todo valor
humano. Omito entrar en detalles sobre la
tortura y las vejaciones, por respeto a la
sensibilidad de quien lea esta carta. Quizás las
hijas/os de los torturadores, no estén al tanto
de la crueldad y los tormentos que implica la
tortura, castigos muy refinados, la mayoría de
las veces. Quizás haya que informarlos, y frente
a la descripción de cada barbarie cometida por
sus progenitores, preguntarles si consideran que
ése era el deber de sus padres, preguntarles
después de que lo sepan, si todavía están
orgullosos de ellos. La hija de Medina, dice por
ejemplo, en la entrevista concedida a Últimas
Noticias: "A mí no me interesa reivindicar y
hablar de lo que pasó. Porque a nosotras, por
nuestras edades, el pasado no nos interesa; el
pasado, pasado está". Este lavado de manos, muy
a lo Pilatos, es muy cómodo y conveniente para
su padre y para todos los torturadores, pero
suena cínico si se les dice a quienes aún no han
encontrado los cuerpos de sus seres queridos, o
han sufrido secuestrosde niños. Es duro para
esos niños que crecieron bajo la mentira, en
senos de familias que no eran las de ellos, e
inclusive para nosotros, hijos de ex presos, o
ex rehenes de la dictadura militar, como en mi
caso, que no pudimos evadirnos de las
consecuencias y secuelas familiares que nos dejo
el pasado, pasado que según ellas, hay que borrar.
Con total desparpajo declara, que no ingresan en
el terrenode si hubo o no violaciones a los
derechos humanos y dice: "En realidad, noes un
tema que nos ocupe, no es nuestro, no nos
pertenece. No somos nosotras quienes debemos
contestar eso". Yo le pregunto; ¿a quién le
pertenece este tema? ¿No es acaso un tema que
nos incumbe a todos y cadauno de nosotros? ¿Le
es posible vivir con dignidad y caminar con la
cabeza en alto, cuando asegura que no le ocupa
que se hayan violado losderechos humanos?
Evidentemente, su padre, uno de los
protagonistas detal violación, no le enseñó el
valor de los tan mentados derechos humanos, ni a
respetarlos, ni a defenderlos, hay sin lugar a
duda, una claraconsecuencia entre el actuar del padre y el decir de la hija.
Organismos defensores de los derechos humanos se
han visto involucrados en la de nunciade estos
hechos, no fue mero invento de un grupo de
enajenados, hay contundentes pruebas de las
barbaries cometidas en nombre del poder. Se sabe
de los secuestros, robo de niños, de las
muertes, de la tortura. ¿Er adeber de los
militares ignorar los derechos básicos humanos
de sus compatriotas, ejerciendo la vejación
extrema, tanto física como síquica? ¿Es un
militar capaz de hacer cualquier cosa si se lo
ordenan, por más aberrante que esta sea? ¿Puede
un hombre cerrar los ojos si se le ordenaromper
con los valores humanos básicos, por vestir un
uniforme y portarun arma? ¿Cuándo se deja ser
hombre para pasar a ser bestia?, o ¿es queacaso
no hay ningún límite? Un fenómeno realmente
aterrador y el delito,es doble delito si se
comete en nombre de la patria. Imaginen a Medina
yGavazzo, ya no matando en forma anónima, con
un arma "legal" en nombre de la"defensa del
país y el cumplimiento del deber", sino,
arremangados en unhúmedo sótano, practicando la
tortura a un hombre, a una mujer, que yace
indefensa, despojada de toda posibilidad de
defenderse. Imaginen a esosmilitares, que son
también hombres, hijos, padres, presuntos seres"humanos",
insensibilizados ante los gritos de sufrimiento, ante
la sangre y el dolor, torturando a seres que
también tienen padres que losaman, e hijos que
los esperan.
Al principio, para arrancarles
información, y después para satisfacer un
enfermizo sadismo, en el queme asusta pensar.
¿Se siguen sintiendo orgullosas? También me
pregunto en qué parte del cumplimiento del deber
estaba el de aterrorizar a los familiares de
esos hombres y mujeres que estaban siendo
torturados,aprisionados y desaparecidos.
Porque doy fe de que durante todos esos añosde
dictadura, los familiares sufrimos allanamientos
en los que destrozaban todo, inclusive el
material escolar y los juguetes de quienes no
teníamos más armas que nuestra debilidad.
Doy fe de que siendo niña era sometida a manoseos
denigrantes antes de las visitas, que se
desarrollaban en condiciones deplorables. Quiero
contarles que muchas veces, recorriendo
cuarteles del interior del país, nos tocó
esperar varias horas a la intemperie, en pleno
invierno y bajo la lluvia, a nosotroslos niños
y a nuestra familia, incluidos los abuelos, que
muchas veces,aun sin gozar de buena salud,
hacían los largos y caros viajes para poderver
a sus hijos, hijos que muchas veces encontraban
convertidos enapaleados faquires, que apenas
podían hablar.
Y teníamos suerte si, después de
todo eso, no se suspendía la visita por alguna
sanción inesperada y había que volver con la
cabeza baja y esperar quince días más, o el
tiempo que a los oficiales se les ocurriera,
para repetir elperegrinaje. Tuvimos que
soportar el abuso de poder que ejercían frente a
nosotros, niños de rostros tristes, que no
pertenecíamos a ninguna guerra, ni
significábamos una amenaza de ningún tipo.
¿Se sienten orgullosas de sus padres? Hablan de los
problemas que trae el llevar elapellido de un
torturador, creo que no es justo que las
familias se vean afectadas de esa manera. Pero
pueden hablar con cualquiera de nosotros,hijos
de presos políticos en épocas de dictadura,
pueden hablar del dolor de que les arrebaten y
en carcelen no sólo al padre, en muchos casos,ambos padres, tíos y familiares.
Pueden hablar con nuestras familias decómo
explicar a los niños este hecho y cómo
sobrellevar durante variosaños, más de una
década, las consecuencias de tener nuestros
apellidos,en escuelas, en facultades y en el
resto del ámbito en que vivíamos. Por suerte no
es necesario que les expliquen a sus hijos, ¿por
qué no pueden tocar a sus abuelos en las
visitas?, ¿por qué son apuntados con armas y hay
alambres o rejas entre ellos y ese ser querido?,
¿por qué esa persona ala que van a visitar está
sucia y enferma, o apenas puede hablar?
Qué suerte que no tengan que explicar a sus hijos
que los seres queridos están siendo torturados,
o que en cualquier momento pueden ser allanados
y no saben qué es lo que puede pasar. Imaginen
por un instante, haciendo gala de la poca
empatía que les pueda quedar, que si la vida de
ustedes fue 'trastocada, afectada y modificada
para toda la familia', lo que sucedió con
nuestras vidas en épocas en que sus queridos
padres, Medina y Gavazzo, junto a otros tantos,
ejercían su poderío como oficiales.
Les informo, por si no lo sabían, que esa guerra tampoco fue
nuestra, sin embargo tuvimos que crecer bajo las
reglas impuestas por quienes tenían el poder,
vida familiar "trastocada", suena bastante
romántico cuando recuerdo lo que nos toco vivir.
Eso que atrevidamente nombran "fábula" o"circo"
inventado por las, según ustedes,
"autodenominadas organizaciones de derechos
humanos".
Quedan las consecuencias que se van a
pagar durante toda la vida; de acuerdo a un
seguimiento terapéutico delas víctimas de la
tortura, muchas de ellas enferman, a veces
seriamente, tanto por las secuelas físicas como
por trastornos somáticosseveros en el aparato
digestivo, alteraciones dermatológicas complejas
ycrónicas, cuadros de hipertensión y otras enfermedades.
La parte sicológica, las pesadillas, la angustia
son una cadena perpetua a la que muchos se ven
sometidos, sin ninguna posibilidad de amnistía.
Está bienno renegar de los padres, pero antes
de asegurar sentirse orgullosas deellos, y
desacreditar a la Justicia, averigüen bien y de
buena fuente las barbaries que ellos cometieron,
por lo menos para no ser cómplices deese horror
y que sus hijos no se avergüencen de ustedes si
algún día escapan al cinismo de cerrar los ojos
frente a una realidad macabra, sufrida por
muchos, que sumió a nuestro país en una larga
pesadilla.
Sepan que nosotros, quienes creemos
en los derechos humanos, seguiremos también, sin
escatimar esfuerzos, denunciando dentro y fuera
de fronteras lo que pasó en Uruguay en época de
dictadura, no para vengarnos, sí para
asegurarnos de que no se va a repetir, sí para
castigar a los culpables, no con tortura ni
cárceles indignas, no persiguiendo a los familiares, sí haciendo justicia.
Por suerte, ni nuestra dignidad, ni nuestros
valores morales, ni nuestro respeto por los
derechos humanos nos permiten caer tan bajo.
Invito a los demás hijos de ex presos políticos
y exiliados a alzar su voz, para demostrar a
quienes tengan dudas, que a nosotros, niños de
esa época, no se nos tuvo en cuenta como tales y
fuimos víctimas delas decisiones tomadas por
Medina, Gavazzo y el resto de los involucrados
en expedir o ejecutar las órdenes inhumanas por
las cuales hoy estos señores son acusados.
Nosotros también tenemos derecho a alzar la voz y apedir justIcia
VICTORIA de las
mujeres uruguayas
Hacemos llegar nuestras felicitaciones a las mujeres
uruguayas, que por su tenacidad han sido escuchadas
y por lo cual se cierra un capítulo más que las
luchas reiinvidicadoras se mantienen con tanta
firmeza y obtienen sus justas demandas.
AHORA Y PARA TODO EL PUEBLO URUGUAYO HAY
QUE TERMINAR CON LA LEY DE CADUCIDAD
-------------------------------------------------------------------------------------
VA propone anular Ley de Caducidad
en el próximo período de gobierno
Alrededor de 300 delegados de todo el país
celebraron la Asamblea Nacional de la Vertiente Artiguista.
La Vertiente Artiguista (VA) propondrá al Frente Amplio (FA) "promover la eliminación de la Ley de Caducidad" del marco jurídico nacional para el "próximo período de gobierno", según acordó ayer la Asamblea Nacional del sector.
A partir de las 9 de la mañana se reunió ayer, en el Centro de Vendedores y Viajantes, la Asamblea Nacional de la VA, conformada por casi trescientos delegados de todo el país.
En la oportunidad los vertientistas recordaron que el Congreso Héctor Rodríguez, celebrado en 2004, luego de un histórico debate entre el actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eleuterio Fernández Huidobro y el fallecido líder del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Hugo Cores, resolvió trabajar respetando la aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad, en caso de acceder al gobierno nacional en 2005, tal como aconteció.
Esta iniciativa fue incluida en la campaña electoral previa a las elecciones nacionales, por lo que habiéndose "comprometido con la ciudadanía" al respecto no se derogó ni anuló la normativa en este período de gobierno, aunque se aplicó "cabalmente el artículo 4 de dicha ley".
Con este panorama el gobierno nacional logró "dar pasos importantes en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, poniendo de manifiesto los terribles alcances del terrorismo de Estado en nuestro país", subraya la declaración.
También fue bajo el gobierno progresista que asistimos al "procesamiento y la cárcel" para los responsables de la represión durante el gobierno de facto.
La VA reiteró su "irrenunciable compromiso con la memoria, la verdad y la justicia", por lo que la Asamblea Nacional resolvió proponer al V Congreso Ordinario del FA "Compañero General Líber Seregni", que se celebrará desde el 13 al 16 de diciembre, "promover la eliminación" de la Ley de Caducidad para el próximo período de gobierno".
La intención es que no existan sectores del FA que promuevan individualmente esta iniciativa, como acontece en este momento, sino que se buscará que sea la coalición de izquierda en su conjunto la que asuma esta propuesta, "en el marco de la unidad de acción de la fuerza política".De todas maneras, para lo que resta de este período de gobierno la VA reafirma el compromiso establecido con la ciudadanía, de "seguir recorriendo el camino de aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad".
Finalmente los vertientistas explicaron que "ante la posibilidad de que el Congreso del FA no asuma posición sobre el tema", el sector buscará "reunir al organismo de dirección que corresponda, a los efectos de definir las acciones a desarrollar" posteriormente.
Respaldo a Destouet
La Asamblea Nacional de la VA "repudió" las amenazas que sufrió el historiador Oscar Destouet de parte del "notorio torturador" coronel Ruben Sosa Tejera. Tal como informara LA REPUBLICA, el 30 de octubre Sosa Tejera insultó y amenazó a Destouet en las afueras de las instalaciones del IMPO, al finalizar la presentación del libro "Historia sobre detenidos desaparecidos".
Ante esto la VA expresó "su más fuerte repudio a las amenazas realizadas por el notorio torturador" a Destouet, quien es un "referente de la lucha por los derechos humanos", además de haber trabajado en "forma incansable y realizado aportes sustantivos para el avance de la memoria, la verdad y la justicia, compromiso irrenunciable de nuestra fuerza política". *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicados Eduardo Ferro, Ernesto Ramas,
Jorge Silveira y el traidor Ariel Ricci
Por el "derecho a la verdad" reclaman
la reapertura del caso Oscar Tassino
Oscar Tassino fue secuestrado el 19 de junio de 1977. La dictadura negó su captura y afirmó que estaba requerido. Con la Ley de Caducidad, un fiscal militar concluyó que no había indicios de la participación militar o policial en su desaparición. La Comisión para la Paz de Jorge Batlle dijo que murió el 21 de julio y fue enterrado en el Batallón 14, exhumado, y sus restos tirados al Río de la Plata. El informe del Ejército a Tabaré Vázquez, en cambio, sostiene que murió el 24 de julio, lo enterraron en el Batallón 13 y sus restos fueron esparcidos en la zona. Ante tantas contradicciones, la familia exige la verdad. 
¿ Donde se encuentra
Ariel Ricci ? *
ROGER RODRIGUEZ - articulo del 28/12/2006 La Republica.
El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, comenzó a actuar, días antes del inicio de la feria judicial mayor, en el caso de secuestro y desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino Asteazu, cuya reapertura solicitaron sus familiares amparados en el "derecho a la verdad".
La reapertura de la causa, auspiciada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), se fundamenta en el informe Nº 29 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunció en 1992, cuando declaró a la Ley de Caducidad incompatible con el derecho internacional.
El Caso Tassino había sido presentado ante la Justicia tras la reinstitucionalización del país, pero fue amparado por el presidente Julio María Sanguinetti en la Ley 15.848 el 20 de mayo de 1987, pese a los múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados.
El 8 de setiembre de 2006, los abogados de Ielsur pidieron la reapertura de la causa en representación de la hija, Karina Tassino Flores, y los hermanos Javier y Alvaro Tassino, en el entendido de que la propia Ley de Caducidad y la jurisprudencia internacional les habilitan a conocer la verdad de lo ocurrido.*
"El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos, y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía" , se fundamenta en el reclamo.
El expediente sobre el caso Oscar Tassino (Nº 149/85) se había "perdido" en los intrincados archivos del Poder Judicial, y recién fue ubicado a fines de noviembre de 2006, por lo que se reiteró su apertura que quedó ahora en manos del magistrado actuante.
Operativo de detención
En el caso están directamente involucrado los militares Eduardo Ferro, Ernesto Ramas y Jorge Silveira, y Ariel Ricci, a quien el Partido Comunista (PCU) considerara un traidor y que, según testigos, participó armado en el operativo de secuestro de Tassino.
En la mañana del 19 de julio de 1977, en la casa de Máximo Tajes 6632 se presentaron tres personas armadas que dijeron ser miembros de las Fuerzas Conjuntas. Redujeron a los ocupantes de la finca, Ana Regnier y Hermes Fule, y armaron una "ratonera" para secuestrar a Oscar Tassino.
Uno de los represores era el ex militante comunista Ariel Ricci, quien no dudó en poner un revólver en la cabeza de Martín Casco, amigo de los dueños de la casa que llegó al lugar media hora después. La "ratonera" se mantuvo hasta las 9.00 horas, cuando Oscar Tassino llegó al lugar.
Luego de la detención, ingresaron a la finca dos militares que fueron identificados como los reconocidos represores Ernesto Ramas y Eduardo Ferro, quienes llevaron a Tassino a un cuarto para golpearlo brutalmente. Media hora después se lo llevaron encapuchado en un auto marca Peugeot.
Al lugar llegó un jeep del Ejército con tres hombres armados, quienes permanecieron en el lugar hasta la tardecita. Al día siguiente, Ferro volvió al lugar, acompañado de una mujer que permaneció en silencio, y amenazó de muerte a los dueños de la finca para que abandonaran el país en 24 horas.
Testigos escucharon las terribles torturas que Oscar Tassino recibió en el centro de detención "La Tablada", donde entonces operaba el "300 Carlos" del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército I. Tassino ya había sido detenido y torturado en 1974.
Las grandes mentiras
Desde la desaparición de Oscar Tassino, las autoridades del Estado uruguayo han dado múltiples y contradictorias versiones sobre su destino y el eventual paradero de sus restos. Contradicciones que son en definitiva las que fundamentan el reclamo de "derecho a la verdad" de sus familiares.
En el caso Tassino, las contradicciones entre las informaciones dadas por el Estado uruguayo hacen que su destino se haya convertido, en dictadura, en los posteriores gobiernos, y aún en la administración Vázquez, en un tétrico juego de "mosqueta" que ofende tanto a los familiares como a la verdad.
El 15 de diciembre de 1980, el régimen dictatorial respondió a pedidos internacionales con un informe según el cual Tassino estaba requerido desde el 8 de febrero de 1977 por participar de "actividades subversivas". El 21 de mayo, la dictadura agregaba que "ignoraba su paradero".
Cuando se reinstauró el régimen de derecho se presentó la denuncia judicial del caso que fue rápidamente amparada en la Ley de Caducidad. El 14 de diciembre de 1988 el comandante en jefe del Ejército informaba que, según la investigación de un fiscal militar, no existían antecedentes sobre el operativo.
A los dos años de aprobada la Ley de Caducidad, 22 de diciembre de 1988, un fiscal militar interrogaba sobre el caso al teniente coronel Eduardo Ferro en "cumplimiento" del artículo 4º de la Ley de Caducidad. "Desconozco los hechos de los cuales se me pide información", ironizó Ferro.
Días después, el fiscal militar coronel Nelson Corbo concluía igual que el famoso fiscal José Sambucetti en otros casos: "No se ha podido obtener pruebas de que realmente haya habido participación de determinado grupo operativo perteneciente a las Fuerzas Armadas y policiales en la citada finca, y como consecuencia se hubiera detenido al buscado Oscar Tassino", decía.
Las medias verdades
El 2 de julio de 2003, en su informe final, la Comisión para la Paz creada por el gobierno de Jorge Batlle confirmó que Oscar Tassino "fue detenido el 19 de julio de 1977, las 9.00 horas, en una finca de la calle Máximo Tajes 6632, donde personal militar había montado una ratonera".
El informe agregaba que "fue llevado al centro clandestino de detención de La Tablada, donde fue torturado", que" murió el día 21 de julio de 1977 a causa de un golpe violento en la cabeza", y que "sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Las conclusiones de la Comisión para la Paz, que contrastaban con las falsas informaciones que el Ejército y el gobierno dictatorial habían dado en su momento, volvieron a ser corregidas en el informe que sobre los desaparecidos el Ejército entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005.
El informe presentado por el Ejército el 8 de agosto de 2005 ratifica que Oscar Tassino "fue detenido por la OCOA en una finca de la calle Máximo Tajes Nº 6632, el 19 de julio de 1977, y fue conducido al centro de detención de "La Tablada". Falleció en fecha aproximada al 24 de julio de 1977.
Sin embargo, el Ejército dio otra conveniente versión de su destino: "Según la información obtenida, y a diferencia de lo establecido en la Comisión para la Paz, el fallecimiento se produjo por suicidio, lo que sucedió en momentos en que concurre al baño sin sus custodias, no pudiéndose determinar la forma en cómo se autoeliminó, por no habérsele practicado autopsia."
Y, para confundir más, el informe concluyó que "sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I MEC Nº 13 y no en el Batallón I PARAC. Nº 14, cremados, sus cenizas y restos fueron esparcidos en la zona". Esa es la última versión recibida por los familiares que exigen su derecho a la verdad
---------------------------------------------------------ooOOoo--------------------------------------------------------
--------------------------------------ooOOoo---------------------------------------
Será interrogado por el juez Charles y la fiscal Guianze en la causa que investiga traslados en 1978
El "Goyo" vuelve ante la Justicia
El teniente general (r) Gregorio Alvarez declarará mañana ante la Justicia, en calidad de testigo, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata del caso que indaga una serie de presuntos traslados de presos políticos durante 1978, cuando el Goyo se desempeñaba como jefe del Ejército.
El teniente general (r) Gregorio Alvarez, dictador, ex jefe del Ejército. Documentos probarían que sabía sobre los vuelos clandestinos con presos políticos.
En el último tramo de la indagatoria primaria por los traslados clandestinos del año 1978, el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, interrogarán mañana, en la sede judicial de la calle Misiones a Gregorio Alvarez.
La denuncia, presentada en mayo por el abogado Oscar López Goldaracena, busca esclarecer el destino de cerca de 40 personas detenidas en Buenos Aires entre 1977 y 1978 -en su mayoría miembros de los GAU- que habrían sido ingresadas clandestinamente a Uruguay y luego asesinadas.
El Goyo había asumido como comandante en jefe del Ejército el 1º de febrero de 1978, y según documentación aportada por López Goldaracena en los últimos días, tuvo conocimiento sobre las diversas de denuncias por violación a los Derechos Humanos.
La documentación incriminaría a Alvarez en su condición de jefe de la División del Ejército IV, como secretario permanente de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) y como comandante en jefe del Ejército hasta 1979.
El último material agregado por el abogado la semana pasada incluye certificados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dan cuenta de una serie de asuntos despachados por el Departamento de Comunicaciones de la Cancillería, que informaron al ya presidente Alvarez sobre las denuncias.
En este caso, se encontrarían seriamente comprometidos los ex marinos Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli, por la evidencia que involucra a ambos en la coordinación represiva realizada por los Fusileros Navales (Fusna) de Uruguay con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Tras la declaración de Alvarez, el juez Charles pasará el expediente en vista a la fiscal Guianze, quien analizará el caso y evaluará si hay mérito para solicitar el enjuiciamiento de los militares indagados, cuya situación procesal podría definirse antes de fin de año.
Tercera declaración
Gregorio Alvarez comparecerá mañana por tercera vez ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze en el marco de causas que indagan violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Ya declaró por el "segundo vuelo" y por la desaparición del tupamaro Washington Barrios.
En el expediente que investiga el traslado masivo de presos políticos desde Automotores Orletti, que se encuentra "acordonado" a la desaparición de Adalberto Soba, por el cual fueron procesados el año pasado ocho ex militares y policías el Goyo declaró en el pasado mes de mayo.
Aseguró no tener información sobre el denominado "segundo vuelo" y puso en duda la existencia de desaparecidos. "Yo me resisto a creer que en el Ejército haya asesinos", declaró Alvarez en esa instancia ante el juez Charles y la fiscal Guianze.
En junio de 2006, Alvarez declaró por primera vez ante la Justicia Penal por la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, ocurrida en Córdoba, Argentina, en 1976, hecho sobre el cual, negó cualquier vinculación. "No tengo conocimiento", fue la frase más escuchada durante el interrogatorio.
Además, dijo no haber tenido conocimiento sobre la existencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisub-versivas (OCOA) ni del Servicio de Información de Defensa (SID) hasta que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) en 1974.
Movilización ante el Juzgado
La agrupación Plenaria Memoria y Justicia resolvió ayer manifestarse en las inmediaciones de la sede judicial para "repudiar al Goyo, que más allá de lo que decida la Justicia, nosotros sostenemos que ya tiene una condena social", dijo Irma Leites a LA REPUBLICA.
La activista dijo que la intención es manifestarse contra Alvarez, y para ello repartirán volantes. En estos casos, para evitar posibles enfrentamientos, la Policía dispone habitualmente un vallado en torno al Juzgado, bloqueando el tránsito por la calle Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito. *
---------------------
Etapas decisivas en las causas de derechos humanos
El umbral de la celda
Gregorio Álvarez tiene los días de libertad contados. Tróccoli y Larcebeau también. Habrá nuevos enjuiciamientos a militares presos, junto a otros de la Fuerza Aérea que aún están en libertad. Y factiblemente se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad.
Walter Pernas- BRECHA
Noviembre será un mes clave en la causa penal por los traslados clandestinos de detenidos desaparecidos desde Buenos Aires a partir de 1977.
Luego de su declaración ante la sede judicial, que se concretará el lunes 5, el ex dictador Gregorio Álvarez (jefe del Ejército en 1978) quedará en condiciones de ser procesado con prisión por delitos de lesa humanidad, de acuerdo a las pruebas documentales y testimoniales reunidas en la investigación.
A su vez, los ex oficiales de Fusileros Navales (Fusna) Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau factiblemente también terminen en prisión, por su participación en los operativos que determinaron los traslados ilegales de los militantes de los Grupos de Acción Unificadora (Gau) y su posterior desaparición a fines de los setenta.
Una de las pruebas más contundentes contra Álvarez es el decreto 77/77, por el cual el ex represor se hace cargo de los eventuales delitos cometidos por los subordinados. La teoría de la responsabilidad de los mandos en los crímenes de la dictadura encuentra en ese documento un argumento sólido, que será utilizado por la justicia en el momento de tomar una decisión.
Pero además, decenas de testimonios y una profusa documentación abundan sobre la responsabilidad de Álvarez en la persecución, represión y desaparición de integrantes de las fuerzas de izquierda en Uruguay y Argentina.
Para los otros dos casos resulta medular la publicación del libro La ira de Leviatán, escrito por el propio Tróccoli. En la obra aparecen sus confesiones sobre la represión que ejerció como mando en el servicio de Inteligencia del Fusna, y también queda comprometida la conducta de Larcebeau en la coordinación represiva entre los países del Río de la Plata durante la dictadura.
El factible procesamiento con prisión del “Goyo” Álvarez marcará un hito en las investigaciones penales por los crímenes de la dictadura, tal como sucedió en noviembre de 2006 cuando fue encarcelado el ex dictador Juan María Bordaberry.*
La expectativa en este caso es saber si los tribunales asumen que la conducta de Álvarez se enmarca dentro de las figuras contempladas en la ley contra los delitos de lesa humanidad -desparición forzada, genocidio-, o se aplican las tipificaciones antiguas -privación de libertad, homicidio- contenidas en el Código Penal.
De decretarse la figura de homicidio, la defensa de los militares hará valer la ley de caducidad, y argumentará que los delitos de militares y policías fueron perdonados por el Estado. A pesar de ello, el gobierno entiende que los mandos no están amparados por la norma, que ahora se busca anular mediante un plebiscito
Sin embargo, empleando ese criterio, los militares que no integraban los mandos pero fueron responsables de los crímenes podrían quedar protegidos por la ley de caducidad.
INCONSTITUCIONALIDAD.
Si ese extremo se concreta, es probable que llegue a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad, según supo Brecha de fuentes jurídicas.
Otras fuentes relacionadas a organizaciones de derechos humanos sostuvieron que, aun fuera de ese escenario, probablemente un recurso de esa naturaleza se presente en los próximos meses ante la scj: el escrito se apoyaría en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra leyes similares de otros países.
La corporación debería escuchar al fiscal de Corte, y luego adoptar una resolución por unanimidad o por mayoría. En 1988 la scj se expidió a favor de la constitucionalidad de la ley por tres votos contra dos, pero la legislación uruguaya permite la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad en los casos en que no se haya utilizado esa herramienta. Las desapariciones de los militantes de los gau, y otros traslados clandestinos y desapariciones de militantes de izquierda, por ejemplo, se encuentran entre los casos habilitados para concurrir ante la SCJ.
OTROS CASOS.
La situación procesal del represor prófugo Manuel Cordero, sujeto a juicio de extradición en Brasil, avanza a su vez lentamente en virtud de las garantías procesales que solicitó de la justicia argentina y uruguaya. Luego de extender el plazo a fin de que la defensa estudiara el pedido de extradición desde Uruguay, el juez brasileño Belmiro Tadeu Nascimento Krieger interrogó finalmente a Cordero.
Pese a la existencia de profusa prueba documental y testimonial en los expedientes uruguayos acerca de su participación en la coordinación represiva uruguayo-argentina, Cordero dijo que jamás estuvo en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Argentina, y culpó a la prensa por emprender una campaña en su contra.
Ahora los tribunales brasileños deben decidir si extraditan o no a Cordero, ya sea a Argentina o a Uruguay. Brasil es el único país de América que no ha indagado y responsabilizado penalmente a los violadores de los derechos humanos de la dictadura, y su historial de protección o refugio a dictadores y represores preocupa a las autoridades del sistema judicial uruguayo, dijeron a Brecha fuentes del ámbito penal.
En otro punto de la región, el juez paraguayo Gustavo Santander ordenó la captura internacional de Carlos Calcagno, coronel retirado del Ejército uruguayo, por la desaparición en 1976 de Federico Tatter, un militante opositor a la dictadura de Alfredo Stroessner. La justicia uruguaya deberá detener al militar e iniciar un proceso de extradición.
Por otra parte, los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Luis Maurente, José Arab, y los policías José Sande Lima y Ricardo Medina Blanco, presos por la desaparición en 1976 de Adalberto Soba, serán responsabilizados judicialmente en los próximos meses por las desapariciones de otros militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
En esa instancia se decidirían nuevos procesamientos, esta vez de militares de la Fuerza Aérea que participaron de los vuelos clandestinos de los años setenta.
Esta causa, denominada “segundo vuelo”, refiere fundamentalmente al traslado ilegal y desaparición de integrantes del pvp a manos de represores del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que operaban en Buenos Aires.
* Bordaberry continúa con prisión domiciliaria en una lujosa mansión de Carrasco, propiedad de uno de sus hijos. La justicia solicitó el 24 de octubre al Ministerio del Interior que responda si tiene algún lugar en el que se pueda encarcelar en condiciones adecuadas al ex dictador, que padece de una efermedad respiratoria.
La boca de Paulós
Acompañado por algunos militares y obsecuentes de la dictadura -incluso alguno que concurrió con una pistola enfundada en la cintura-, el ex director del sid Iván Paulós asistió el martes 30 al juzgado penal de la calle Misiones.
Allí aclaró que no fue director del sid en 1978 -cuando se produjo la desaparición masiva de militantes de los gau-, sino a partir del 1 de febrero de 1979 y hasta agosto de 1981. De todas maneras, en su afán de ocultar la verdad respecto de los delitos de lesa humanidad, sostuvo que durante su mandato en el sid no hubo desaparecidos, ni siquiera interrogatorios.
Negó incluso que en ese momento tuviese conocimiento de la aparición en Chile, en 1979, de los niños uruguayos secuestrados Anatole y Victoria Julien, hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas, desaparecidos en 1976 en Argentina.
No obstante, a la misma hora que declaraba el militar, el abogado denunciante Óscar López Goldaracena presentaba documentación que comprometía a Paulós en ese caso. Uno de los documentos desarchivados de la cancillería lo remite la Dirección General de ese organismo a Paulós, como jefe del sid, para informarle de la aparición de los niños.
Otro documento, también dirigido por la cancillería a Paulós, informa sobre la denuncia internacional de Washington “Perro” Pérez respecto de la desaparición en Buenos Aires de los dirigentes del pvp León Duarte y Gerardo Gatti.
Nada dijo Paulós en el juzgado respecto a la responsabilidad de los mandos en los delitos de la dictadura, pero una vez en la calle -y en conferencia de prensa en el Centro Militar- se despachó contra Gregorio Álvarez. Si bien no lo nombró, declaró que en caso de un delito cometido por un militar en cumplimiento de órdenes “el responsable es el militar que dispuso, por su jerarquía, el cumplimiento de la orden.
No es el ejecutante; el responsable es el jerarca”. Y añadió que “todo comandante es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer”. Las declaraciones de Paulós seguramente serán utilizadas en el juicio contra Álvarez, pero también pueden ser empleadas en su contra una vez que se investiguen las desapariciones ocurridas durante su mandato en el sid: las de Elsa Garreiro, Agustín Costa Fuentes, Idris Pérez da Silva, y Raimundo Trúcido, según figura en el libro A todos ellos, de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Más de 25 mil firmas
A menos de dos meses de haber lanzado la campaña, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad ha reunido más de 25 mil firmas, de acuerdo a los datos extraoficiales que manejan sus integrantes. De esta manera, crece el optimismo respecto al plazo que demandará llegar al 10 por ciento del padrón electoral (unas 250 mil firmas) necesario para convocar a un plebiscito, junto a las elecciones de 2009, sobre la anulación de la ley.
Si bien las firmas deben ser entregadas al presidente de la Asamblea General antes de abril de 2009, integrantes de la coordinadora dijeron a Brecha que prevén alcanzar la cifra buscada antes de que finalice 2008.
|
 |
 |

ULTIMAS NOTICIAS PAG. 4
LAS DECLARACIONES DE QUIENES NO HAN COMPRENDIDO LA GRAVEDAD DE LOS CARGOS IMPUTADOS A LOS MILITARES CULPABLES DE TORTURAS, violaciones y CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD...es "digno" de comprobar hasta que punto es la INCONCIENCIA de quienes toman la HISTORIA A CONTRA PELO DE LA REALIDAD..."busqueda" es culpable de prestar sus paginas a la "APOLOGIA DE LA BARBARIE Y DE LOS GENOCIDAS"....
ULTIMAS NOTICIAS PAG. 4
“No queremos que nuestros padres mueran en la cárcel”. HIJAS DE GAVAZZO Y MEDINA DECIDEN ROMPER EL SILENCIO; CREEN QUE ESTÁN “ILEGALMENTE PRESOS”.
Las hijas de José Nino Gavazzo y Ricardo Medina, dos de los oficiales procesados por violaciones a los derechos humanos, decidieron romper el silencio. Sostienen que no les interesa reivindicar el pasado, sino que sus padres no mueran en la cárcel. Aseguran que como soldados obedecían órdenes y están orgullosas de ellos.
ESCRIBE Karina Petroff
A COMIENZOS de este año, familiares y amigos de los militares procesados por hechos de la dictadura resolvieron formar el grupo "Unidos por la libertad de los prisioneros políticos Uruguay 2006".
Un sitio en Internet, un espacio radial y alguna que otra presentación han sido básicamente los medios utilizados para difundir su propósito de "libertad sin extradiciones".
Sin embargo, son reticentes a exponerse públicamente ante los medios de comunicación. Aseguran que pretenden resguardar la intimidad de sus familias para no afectar a sus hijos y cónyuges. Por dichos motivos, prefieren no ser fotografiados ni utilizar sus nombres de pila.
Pese a ello, el grupo decidió romper el silencio y dos de sus integrantes - una de las hijas del militar José Niño Gavazzo y una de las hijas del policía Ricardo Medina - concedieron una entrevista a Ultimas Noticias, la primera a un medio de prensa.
Por sobre todo, ellas se sienten más que nunca hijas de sus padres. "Me enorgullece ser hija de mi padre, sé por lo que peleó mi padre, lo admiro como persona y como soldado, las cosas que hizo y lo que está padeciendo hoy", dijo enfáticamente la hija de Gavazzo.
Sostienen que el grupo surgió como la "inquietud" de familiares y amigos para "detener" la política del gobierno que terminó con el encarcelamiento de sus padres.
Su objetivo es lograr la liberación porque "no queremos que nuestros padres mueran en la cárcel ilegalmente presos". A estos efectos, afirman que trabajarán "dentro y fuera de fronteras" sin "escatimar" esfuerzos.
REVANCHA ILEGAL
Consideran que todos los sucesos acaecidos desde 2006 a la fecha, con los procesamientos de por medio y la concesión de un pedido de extradición, son "consecuencia de toda esa revancha por lo que ha pasado años atrás".
Sin embargo, no reivindican los hechos de la dictadura. "A mí no me interesa reivindicar y hablar de lo que pasó. Porque a nosotras, por nuestras edades, el pasado no nos interesa; el pasado, pasado está", aseguró la hija de Medina.
Tampoco ingresan en el terreno de si hubo o no violaciones a los Derechos Humanos. "En realidad, no es un tema que nos ocupe, no es nuestro, no nos pertenece. No somos nosotras quienes debemos contestar eso", sostuvo.
El objetivo del grupo va por otro lado, por denunciar la "ilegalidad" que entienden se incurre con la prisión de sus padres.
"Los procesamientos son ilegales porque surgen de una ilegalidad, que es violar la ley de Caducidad", indicó.
Según la hija de Medina, en el país existe "inseguridad jurídica" porque "las leyes no pueden depender del Poder Ejecutivo de turno". A modo de ejemplo, sostuvo que el caso de Soba, desaparecido en 1976 en Argentina, había sido incluido por anteriores gobiernos dentro de la norma.
Además, las críticas también apuntan al proceso judicial, al juez Luis Charles, a la fiscal Mirtha Guianze y a las contradicciones de los testigos.
LOS MANDOS José Nino Gavazzo y "conejo"Medina
Para las hijas de Gavazzo y Medina, un dato relevante es que los presos son "un soldado, dos tenientes, cuatro capitanes y dos mayores", y, por ende, oficiales que "obedecían órdenes" de sus superiores.
"Nuestros familiares pertenecían a una institución jerarquizada y estructurada en la cual el mando no se puede cuestionar de ninguna manera", sentenció la hija de Medina.
Consultadas si eso quiere decir que los mandos serían responsables de los eventuales crímenes de los que se acusa a sus padres, respondieron que "no". Pero ratificaron que "todo lo que se haya hecho o dejado de hacer fue con conocimiento del mando".
En este sentido, se preguntaron si "alguien puede creer que un órgano, como el Servicio de Información de Defensa, puede tomar determinadas acciones y decisiones sin que la junta de Comandantes en Jefe, órgano del que dependía, lo sepa. ¿Puede ser que el general que esté a cargo no sepa si se utilizan servicios de la Fuerza Aérea?"
FAMILIARES
Las hijas de Gavazzo y Medina se paran de forma distinta ante organizaciones de DD.HH. y familiares de desaparecidos. Mientras cuestionan a las primeras, consideran "entendible" la búsqueda de los segundos.
"Es entendible que un familiar agote los medios para obtener lo que desea, saber dónde están sus familiares", sostuvo la hija de Medina.
No obstante, considera que no tienen nada para decirse con ellos, "porque cada cual está en un punto distinto, aquella guerra no es nuestra y lo que haya o no haya pasado no nos pertenece".
Por otra parte, critican a lo que llaman "las autodenominadas organizaciones de DD.HH." por armar "una fábula" y "un circo" sobre lo sucedido en la dictadura.
Vida familiar “trastocada”.
Las hijas de Gavazzo y Medina, pero especialmente la primera, han sentido muchas veces el peso de sus apellidos, según ellas relatan. "Sienten mi apellido y ya todo el mundo me pregunta si soy algo de... Y, como yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en decirlo. Pero desde que empecé a estudiar fui discriminada. No me han dado trabajo por mi apellido, no me dejaron entrar a la Facultad de Arquitectura por mi apellido. A mí me da bronca que me hayan frustrado una carrera", contó la hija de Gavazzo. Ella señala que a partir del envío a la cárcel de su padre, toda "la vida ha sido trastocada, afectada y modificada para toda la familia".
Lo más difícil, asegura, fue explicar a sus hijos por qué el abuelo está preso. "La imagen del abuelo al ser arrancado en forma abrupta de la vida familiar y cómo le transmitís a tus hijos". La hija de Medina "siempre" esperó que este tema "no fuera padecido" por sus hijos. "Uno siempre intentó no criarlos con odio, como fuimos criados nosotros, sin odio ni venganza", indicó.
Consultado sobre cómo les explican a sus hijos la situación, la hija de Medina contó su forma de hacerlo. "El abuelo está preso, porque hace 30 años se libró una guerra donde el abuelo, como era militar o policía, tuvo que intervenir. Y en este momento están en el gobierno quienes perdieron aquella guerra y consideran que el abuelo tiene que estar preso. Es muy difícil explicar este tema, sin generar ese sentimiento de rencor", relató como si le estuviera hablando a uno de sus hijos.
“No tienen nada de qué arrepentirse”.
Desde la asunción de Tabaré Vázquez a la Presidencia de la República, los ex oficiales y sus familias presumían que iba a suceder lo que finalmente pasó.
"Sí, ya sabíamos", dijo la hija de Gavazzo.
Según la hija de Medina, "en su discurso en las escalinatas del Palacio amenazó muy contrariamente a lo que había sido su campaña, donde había prometido que la ley de Caducidad no se iba a tocar. Esa promesa quedó en nada".
Consultadas si sus padres nunca pensaron en irse al exterior ante ese panorama que se planteó desde el 1 de marzo de 2005, la hija de Gavazzo sostuvo sin dudarlo: "Ninguno pensó en irse del país". "Ellos no tienen nada de qué arrepentirse, son soldados y cumplieron con una misión. El soldado tiene otra formación y visión de las cosas, muere por su patria si es necesario. Se quedaron acá y están enfrentando nuevamente al enemigo", dijo.
YA ESTAS PALABRAS BASTAN Y SOBRAN, que los "amores" filiales, pueden hacer decir CUALQUIER COSA, y mismo la "apología" de la BARBARIE y LA TRAICION contra el Pueblo Uruguayo.
------------------------------------------------------------------
Declarará en la causa de los traslados clandestinos
desde Buenos Aires a Montevideo en 1978
General Iván Paulós comparecerá
por primera vez ante
la Justicia
El juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, continuarán hoy instruyendo la causa que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos de presos políticos realizados desde Buenos Aires a Montevideo en 1978.
Por este caso, esta tarde a partir de la hora 13, en el Juzgado Penal de la calle Misiones, declarará el general (r) Iván Paulós, quien tras haber sido director del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) en 1978, asumió el 1º de febrero de 1979 como jefe del Servicio de Información de Defensa (SID).
Esta instancia, constituye la primera comparecencia de Paulós ante la Justicia -quien además fue denunciado en marzo pasado por la desaparición del sindicalista León Duarte, ocurrida en Buenos Aires en 1976- en el marco de una causa de violación de los Derechos Humanos durante la dictadura.
Si bien se estima que el militar retirado no aportará mayores elementos sobre las operaciones de traslado, podría tener información sobre el "destino final" dado a las cerca de 40 personas que habrían sido ingresadas de forma ilegal a Montevideo desde Buenos Aires durante el año 1978 que permanecen desaparecidas.
Según ha trascendido, en la investigación presumarial los militares más comprometidos en esta causa serían el comandante en jefe del Ejército de la época, teniente general (r) Gregorio Alvarez y los ex marinos Jorge Trócoli y Juan Larcebeau. Alvarez declarará el próximo lunes 5 de noviembre.
El general Paulós es uno de los fundadores de la Logia de los Tenientes de Artigas. Tuvo una activa participación en la gestación del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, año en que integró durante tres meses el Directorio de AFE junto a los coroneles Yací Rovira y Martín Guarino.
En 1981, Paulós pidió pase a retiro por discrepar con la designación de Gregorio Alvarez como presidente de la República. Desde ese momento, sus opiniones son vertidas a través de la revista "El Soldado", publicación oficial del Centro Militar, institución que presidió entre 1985 y 1991.
Para el jueves, en tanto, está prevista la comparecencia de Jorge "Charleta" Gundersoff, un ex integrante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Está acusado por haberse alineado a los servicios represivos de la dictadura.
--------------------------------------------------------
Declaró que viajaba en forma asidua
y que transportaba documentación del SID
Ex militar Arab cambia
versión: admite
que estuvo en Buenos Aires en 1976
El ex militar Ricardo Arab declaró ayer ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze por la causa del "segundo vuelo". Admitió que en el año 1976 viajaba asiduamente a Buenos Aires, pero aclaró que solamente trasladaba documentación. Por este caso, hoy declarará el coronel degradado Gilberto Vázquez
Esposado, el ex militar es conducido al juzgado de la calle Misiones.
En 1988 había negado su presencia en la capital argentina
ante el fiscal militar Sambucetti.
El ex mayor Ricardo "Turco" Arab reconoció ayer ante el juez penal de 19º Turno doctor Luis Charles y la fiscal penal de 2º Turno doctora Mirtha Guianze haber viajado a Argentina durante el 1976, aunque dijo que solamente se ocupó de trasladar documentación.
El ex militar compareció ante la Justicia por algo más de dos horas patrocinado por su hija, la abogada Estela Arab, en el marco del sumario que investiga la desaparición Adalberto Soba, caso al que se encuentra "acordonado" el expediente del "segundo vuelo" de Orletti.
Arab, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel especial construida para militares violadores de los Derechos Humanos, fue procesado con prisión el año pasado junto a José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima por el "caso Soba".
Si bien Arab admitió ayer que viajaba asiduamente a Buenos Aires, dijo que regresaba a Montevideo en el día, y que solamente trasladaba documentación entre el Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina.
Sin embargo, según pudo saber LA REPUBLICA, el oficial retirado que en 1976 operaba en el SID, dijo que no conocer el contenido de la documentación que trasladaba.
Además, negó haber participado en operativos represivos en la capital Argentina.
El testimonio brindado ayer por Arab se contradice con lo que declaró el 20 de diciembre de 1988 ante el fiscal militar coronel José Sambucetti. Según consta en el acta Nº 422751, ante la Justicia castrense el ex militar negó haber viajado a Buenos Aires en 1976.
Sin vinculación con el "segundo vuelo"
Por otra parte, Arab negó cualquier tipo de vinculación con el denominado "segundo vuelo" de Orletti, registrado en la madrugada del 5 de octubre de 1976, que habría trasladado a Uruguay cerca de una veintena de presos políticos uruguayos detenidos en Argentina.
Charles y Guianze buscan establecer el destino de los "pasajeros" del "segundo vuelo", ya que todos permanecen desaparecidos. En ese marco han manejado diversas alternativas de enterramientos clandestinos en predios militares y también han indagado la existencia de la "Operación Zanahoria".
Por esta causa ya declararon los ex comandantes del Ejército Angel Bertolotti y Carlos Díaz; el actual jefe de la Fuerza Aérea Enrique Bonelli (quien integró la tripulación del "primer vuelo"); el ex dictador Gregorio Alvarez; varios ex pilotos de la FAU y personal subalterno del SID.
Hoy, en tanto, el juez Charles y la fiscal Guianze tomarán declaración al coronel degradado Gilberto Vázquez. Mientras que el viernes está previsto que sea conducido al juzgado Penal de la calle Misiones el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo. *
más sobre em oficial ARAB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EEUU desclasificó 14 documentos que relacionan los vinos envenenados
con la destitución de Prantl y grupos de ultraderecha
Piden que el Goyo y Gavazzo comparezcanpor el asesinato de Cecilia Fontana de Heber
Documentos del Departamento de Estado revelan la
correspondencia de su misión diplomática en Montevideo.
Facsímil de uno de los documentos desclasificados. El atentado buscaba impedir una salida institucional.
El embajador Pezzullo manejó que el atentado a los dirigentes blancos buscaba impedir una salida institucional. El material desclasificado sigue sin incluir los informes de la CIA sobre el caso. La documentación fue entregada ayer a la jueza Gabriela Merialdo por el abogado de Carlos Julio Pereyra, Javier Barrios Bove.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
El ex dictador general Gregorio "Goyo" Alvarez y el encarcelado coronel (r) José Nino Gavazzo serían citados por la Justicia Penal para que expliquen la situación interna que vivían el gobierno, el Ejército y el Servicio de Información y Defensa (SID) en setiembre de 1978, cuando un atentado con vinos envenenados provocó la muerte de Cecilia Fontana de Heber.
La esposa del dirigente blanco Mario Heber falleció ese año luego de beber de una de tres botellas de vino que anónimamente habían sido enviadas a su esposo y a los líderes nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Alberto Lacalle, quienes junto a Dardo Ortiz dirigían al Partido Nacional, en su oposición al régimen de facto. El caso es indagado hoy por la Justicia.
Una serie de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, presentados ayer ante el Juzgado Penal de 9º Turno, confirman la hipótesis política del atentado contra los blancos por parte de grupos de ultraderecha y los rumores sobre la existencia de una negociación para la reapertura democrática cuya neutralización habría sido el móvil principal del crimen.
Alvarez y Gavazzo fueron protagonistas entonces de un enfrentamiento en la interna militar por el que el "Goyo", flamante comandante en jefe del Ejército, destituyó al jefe de los servicios de inteligencia, general Amaury Prantl, en un complejo episodio que, entre sus derivaciones, pudo tener como consecuencia la implementación del atentado a los dirigentes blancos.
El Departamento de Estado norteamericano se había negado inicialmente a desclasificar documentos sobre el caso, amparado en normas de la Ley de Información (FOIA) que explícitamente permiten mantener en reserva casos que afecten la política exterior del país o revelen métodos operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La decisión del gobierno estadounidense implicó entonces un reconocimiento implícito de la participación que Estados Unidos, su embajada en Montevideo y sus agentes de la CIA pudieron tener en el caso, por lo que dirigentes blancos se reunieron con el embajador Frank Baxter, quien realizó gestiones en su país para que algunos materiales se desclasificaran.
Sin desclasificar la CIA
El Departamento de Estado aceptó, finalmente, desarchivar sólo 14 documentos vinculados al caso del asesinato de la madre del senador Alberto Heber y la información fue entregada ayer a la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Montaldo, por el abogado Javier Barrios Bove, en representación del dirigente blanco Carlos Julio Pereyra, denunciante de la causa.
El material, enviado desde Washington el pasado 2 de octubre por Margaret P Garfeld, directora de la Oficina de Programas y Servicios de Información, fue encontrado en los Registros Centrales de Política Exterior, e implica a 12 correspondencias despachadas por la Embajada en Montevideo y dos informes remitidos por el Departamento de Estado relativos al caso.
Doce de los documentos fueron revelados en su totalidad y en dos de ellos se censuró la identificación de los informantes, de acuerdo con las reglas y regulación establecidas en la Ley de Libertad de Información (FOIA), pero se mantiene pendiente la ubicación de otros documentos en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Oeste y en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Todos los documentos se refieren al "E.O. 11.652", como quedó identificado el homicidio de Cecilia Fontana de Heber en la documentación interna norteamericana. Once de las notas procedentes de la Embajada estadounidense en Montevideo están firmadas por el embajador Lawrence Pezzullo, quien informa a su gobierno sobre las repercusiones internas del caso.
Pezzullo era el embajador que Jimmy Carter había enviado a Montevideo en lugar de Ernest Siracusa, quien había implementado en Uruguay la política exterior instaurada por Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, quien había constituido en Uruguay una de las mayores bases de la CIA dentro de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
Lawrence Pezzullo no llegó a estar dos años en la misión diplomática en Montevideo, y en mayo de 1979 fue designado por Carter como embajador en Nicaragua para intentar una dimisión del dictador Anastasio Somoza. Pezzullo terminó siendo el encargado de los asuntos de Haití durante el gobierno demócrata de Bill Clinton, tras ser derrocado el presidente Bertrand Aristide.
Un atentado terrorista
La información desclasificada sustenta la hipótesis de que el atentado fue realizado por elementos de ultraderecha, pero en la correspondencia hacia el Departamento de Estado no se descarta como móvil un intento de interrumpir negociaciones sobre un proceso de reapertura democrática que entonces propiciaban los "moderados" del régimen militar.
En el documento "E 12", el embajador Pezzullo informa que "...el 12 de setiembre, Carlos Scheck (editor de "El País" e íntimo de Alvarez), en referencia al asesinato de la Sra. de Heber con el Embajador, dijo: 'Quien sea que haya cometido este asesinato está tratando de frustrar los procesos políticos iniciados por las Fuerzas Armadas. Cuando se lo presionó para que diera detalles, señaló que se trató de un ataque de la extrema derecha a los moderados", narra.
En otro material (E 14), Pezzullo especulaba que el atentado "puede relacionarse con un rumor que ha estado circulando aquí por algunas semanas, y que en estos últimos días se ha hecho oír con más frecuencia e insistencia: que el presidente Méndez estaba por dejar (o ser retirado) el mando, supuestamente por temas de salud, y que sería sustituido por una junta de tres miembros que incluiría y sería designada por el comandante en jefe del Ejército, Alvarez".
El mismo documento agrega que Méndez "...es de extrema derecha y, como Presidente es capaz de coartar las intenciones reformista de Alvarez simplemente con negarse a firmar los decretos necesarios. Se especula con que los ultraderechistas eligieron este acto extraño (pero no poco característico) para desacreditar a los moderados dentro del gobierno uruguayo".
En la información que Pezzullo envió al gobierno del presidente Jimmy Carter tampoco se descartó la hipótesis de asociar con el asesinato de Cecilia Fontana, la muerte del abogado Roberto Sáenz Gallinal, cuyo cuerpo desmembrado fue descubierto el 13 de setiembre en el balneario Shangrilá. Sáenz era sobrino de Fontana y primo segundo de Horacio Terra Gallinal.
Los documentos también hacen referencia al enfrentamiento que entonces tuvieron el comandante Alvarez y el director del SID, Amaury Prantl, apoyado por el teniente coronel Gavazzo. El abogado Barrio Bove pide que ambos sean interrogados sobre el incidente en el que habría quedado enmarcado el operativo terrorista que derivó en la muerte de Cecilia Fontana.
----------------------------------ooOOoo---------------------------------
acablante !!
El regreso del "desertor" de la Armada
El ex marino Daniel Rey Piuma volvió a Uruguay y, por primera vez,
declaró todo lo que vivió y sabe ante la Justicia penal uruguaya
Prestó testimonio durante cinco horas ante el juez Charles y la fiscal Guianze, a quienes reveló los detalles de la coordinación de la marina uruguaya con la Armada argentina. Señaló los nombres de los represores de los servicios de Inteligencia naval que viajaban a Argentina y habrían participado de la repatriación forzada de militantes del GAU, PCR y el MLN que hoy están desaparecidos. Entrevistado por LA REPUBLICA, narra su historia como desertor y reafirma que existen archivos y que hay oficiales que pueden esclarecer todo lo que pasó en la dictadura.
ROGER RODRIGUEZ rogerrodriguez@adinet.com.uy
Fotos terribles tomadas por el marino Rey Piuma, más testimonios del horror de la Dictadura uruguaya
El martes 16 de octubre, veintisiete años después de desertar de la Armada y denunciar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos de la dictadura uruguaya, el ex marino Daniel Rey Piuma presentó su testimonio ante la causa de los traslados ilegales y desapariciones que instruyen el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal Mirtha Guianze.
La denuncia de Rey Piuma, publicada en un libro bajo el título "Un marino acusa", conmovió a los organismos internacionales a principios de los años ochenta, cuando la documentación revelada por el ex agente de la Dirección de Inteligencia de Prefectura Nacional Naval evidenció el verdadero origen de los cuerpos que habían aparecido en las costas uruguayas en los años setenta.
Aquellos que la dictadura uruguaya presentó como cadáveres de pescadores asiáticos que habrían sido asesinados en alta mar eran, en realidad, los cuerpos de desaparecidos que la Armada argentina había arrojado al Río de la Plata. Un bárbaro crimen de lesa humanidad del que los militares uruguayos no eran ajenos, ya que algunos de esos desaparecidos fueron detenidos por ellos en Uruguay.
El horror denunciado por Daniel Rey Piuma, radicado hoy en Holanda, donde le dieron asilo, evidencia la práctica metódica de la tortura en las unidades de la Armada uruguaya, señala con nombre y apellido a los torturadores y registra en documentos e imágenes una verdad que aún se pretende ocultar en los informes de las Fuerzas Armadas sobre la desaparición forzada de personas.
Rey Piuma, quien denunció como torturadores a los oficiales de la marina Eduardo Craigdallie y Ernesto Serrón cuando fueron designados por el actual gobierno del Frente Amplio en cargos de representación del país, sigue creyendo en la posibilidad de llegar a la verdad de lo sucedido para crear una sociedad sin impunidad, aunque tema que no haya voluntad política para hacerlo.
Entre los oficiales señalados como torturadores por el ex agente de Inteligencia de Prefectura (Dipre), también se incluye al mayor Alvaro Diez Olazábal, los capitanes Nelson Sánchez y Jorge Fernández y los tenientes Daniel Maiorano, Víctor Da Silva, Aníbal del Río, Carlos Gamarra, Uruguay Sánchez, Juan Carlos Fernández y Jesús de Armas, además de personal subalterno.
Bajo medidas de seguridad, en un apartamento de Pocitos, Rey Piuma recibió a LA REPUBLICA y contó su historia. El modo en que se infiltró como espía en la Armada, la forma en que robaba documentos militares que luego reveló internacionalmente, las razones por las que debió desertar y pedir asilo a Naciones Unidas y la lucha de casi 30 años que ahora pudo narrar ante un juez penal.
En su testimonio, Rey Piuma denuncia la participación de la Armada en la represión de uruguayos exiliados en Argentina en los años setenta, nombra a quienes operaban en coordinación con los argentinos, confirma datos de otros testimonios sobre el traslado a Uruguay de militantes GAU, PCR y MLN secuestrados en Buenos Aires, y denuncia que todo está en los archivos de la marina.
--Hace 27 años huyó de Uruguay.
--Sí. El 12 de octubre de 1980 partí de 8 de Octubre y Pan de Azúcar en una línea de ómnibus regular hasta la frontera con Brasil. Salí con mi compañera y llevaba cosidos entre mis ropas películas, negativos de fotografías y microfilmes. Del otro lado del puente me estaban esperando dos compañeros para confirmar que había podido cruzar la frontera.
Continúa el reportaje pulsando la flecha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTINA : Reclusión perpetua
para el capellán Von Wernich
Carlos Iaquinandi, redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativ
"Esta lucha es una lucha por la República Argentina, por su integridad,
pero también por sus altares (...).
Por ello, pido la protección divina en esta guerra sucia en la que
estamos empeñados."
Victorio Bonamín, vicario castrense, octubre de 1976
"Yo sé muy bien lo que hice, por qué lo hice y con quiénes lo hice."
Capellán policial Christian Von Wernich. Entrevista en "Siete Días", 1984
Tres meses duró el juicio oral, y en el exterior del recinto en la capital bonaerense, cientos de personas aguardaban expectantes el fallo.
El capellán castrense Christian Von Wernich mantenía su rostro impávido,como ocurrió cuando tuvo que escuchar los dramáticos testimonios de víctimas de la represión que lo responsabilizaban por su presencia durante torturas, y sus intervenciones en procura de que los detenidos "hablaran" a cambio de que cesaran los martirios.
La defensa pidió su absolución, alegando que el sacerdote había cumplido su "misión pastoral". La querella, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos habían reclamado la máxima condena. Finalmente, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, falló reclusión perpetua para Von Wernich por su participación en los hechos represivos ocurridos entre 1976 y 1983 durante la dictadura argentina.
Se le asigna responsabilidad en al menos siete homicidios y se le considera partícipe
necesario en 42 privaciones ilegítimas de libertad agravada y el delito de torturas en 32 casos. Madres de desaparecidos, familiares y amigos de víctimas de la represión no podían contener las lágrimas por la emoción del momento.
El sacerdote que durante la dictadura fue compinche activo de los torturadores, se había escondido en Chile en 1996, donde seguía dando misa en un pueblo de Valparaíso con el nombre de Christian González. De allí lo trajeron en el 2003 para que hiciera frente a los cargos que se habían acumulado en su contra.
El proceso judicial derivó en este juicio oral que determinó la responsabilidad de Von Wernich en gravísimos delitos contra decenas de personas que habían sido previamente secuestradas y "desaparecidas" por las fuerzas represivas.
También se aportaron testimonios del perverso "peaje" que impuso a algunos familiares que acudieron a él para saber de sus esposos, hijos o hermanos desaparecidos. El capellán policial solicitaba sumas de dinero para costear supuestos viajes al exterior de los "retenidos", como calificaba él a los desaparecidos, admitiendo tácitamente su condición
de secuestrados.
Algunos medios destacaron que éste era el primer miembro de la Iglesia que resulta condenado por su complicidad con la represión. Es cierto.
Por eso es importante recordar que es el primero pero no el único ni el de más alta jerarquía.
El comunicado emitido por el Episcopado, despacha el tema en 20 líneas el gravísimo caso, y con la particular habilidad que tienen las jerarquías eclesiales en estas ocasiones, combina ambigüedad con frases por la reconciliación, dejando la sensación de que Von Wernich es algo ajeno a la Iglesia y que ellos siempre están "por el bien". De hecho,
ni siquiera mencionan por su nombre al capellán policial. ¿ Habrán sido también ajenos a la "movilidad geográfica" que llevó a Von Wernich a ejercer de capellán en el pueblo chileno de El Quisco cuando intentó eludir a la justicia ?
Algo similar sucedió con su inmediato superior, el Obispo de Nueve de Julio, quien al parecer no ha tomado todavía ninguna decisión sobre Von Wernich. "Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico, acerca de la situación" dice refiriéndose al sacerdote condenado. Será interesante conocer cuándo se
producirá y cuál será la resolución sobre "la oveja descarriada" .
Muchos creyentes siguen esperando una actitud de profunda revisión de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Uno de los miembros del Tribunal Oral Federal de La Plata, Norberto Lorenzo calificó la sentencia como "un precedente importante" porque por vez primera se juzgó a un integrante de la Iglesia Católica. Y a continuación añadía
que a nivel personal consideraba que "la Iglesia necesita hacer una autocrítica, en serio, profunda, realista, frente a la sociedad sobre como actuaron durante la dictadura.".
El analista Washington Uranga, en una nota publicada en el diario argentino "Página 12", afirma que la condena impuesta a Von Wernich "no puede leerse apenas como una sanción de la sociedad contra un ministro religioso, pretendiendo que el ex capellán de la Policía
Bonaerense actuó en forma totalmente aislada y con desconocimiento de sus superiores eclesiásticos"; añadiendo que: "tampoco sería justo englobar en la sentencia a toda la institución eclesiástica, en cuyo seno también se cobijan algunas de las víctimas del cura represor, de los policías y militares".
Más adelante, en esa misma crónica expresa el periodista: " Lejos de cumplir la misión religiosa que le fue encomendada como capellán, Von Wernich actuó como parte integral de las fuerzas de represión comandadas por el general Ramón Camps. La condena
del sacerdote Von Wernich por genocidio constituye probablemente la más grave mancha de Iglesia Católica argentina en toda su historia. Pero de poco servirá si los responsables eclesiásticos no ven esto como una enseñanza dirigida a la institución."
Por último, apuntemos que el sociólogo Fortunato Mallimacci citado por la agencia Ecupress, se refirió al alegato final del acusado en estos términos: "El sacerdote Von Wernich al final habló. La Iglesia católica al final habló. Confiado, seguro, soberbio, altanero, miró al tribunal, miró a la cámara y pidió diez minutos. Miró también fijo al crucifijo que presidía la sala (¿hasta cuándo será un salón sacro un tribunal de Justicia?) y habló, explícito, en su condición de sacerdote católico". Más adelante, "No era alguien que se preguntaba sobre su pasado o que ponía en duda su accionar. Por el contrario, seguro de sí
mismo, reafirmaba con voz potente y manos que lo acompañaban, que había hecho lo que tenía que hacer. Dios y la Iglesia se lo habían pedido y ordenado.
El cumplía". "Y para que no quedaran dudas de que hablaba un sacerdote, la Iglesia Católica por su intermedio, utilizó todos los símbolos católicos disponibles. Jesús, Cristo, la Biblia, Dios, María,
el Demonio, el pecado, la confesión, los sacramentos y los 2000 años de historia de la Iglesia de la cual él forma parte, nos dijo, nos recordó y nos amenazó, lo estaban en ese momento acompañando".
En la sala del juicio oral, se escucharon las hipócritas palabras de Von Wernich. Pero también se escucharon los valientes testimonios de quienes fueron víctimas del terror implementado por los organismos represivos y sus colaboradores civiles. Y también las palabras del sacerdote Rubén Capitanio, que fue testigo en este juicio, cuando afirmó :
"La Iglesia no mató, pero no salvó. Debimos estar al lado de los crucificados y no tan cerca de los crucificadores". Pero la frase se queda corta. Nuestra memoria siempre recordará que algunos no solo estuvieron cerca, estuvieron juntos, ocultaron, mintieron, negaron, toleraron.
Fueron cómplices en su intento de absolver con su presencia y su palabra a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron.
La condena de Von Wernich es un paso importante, trascendente.
Pero queda mucho camino por delante. Y hay que recorrerlo.
* Carlos Iaquinandi Castro, SERPAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Felap apoyó anulación
de la Ley de Caducidad
La Comisión de Derechos Humanos y Salud de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), aprobó en su informe respaldar la "anulación de la Ley de Caducidad", según resolución del X Congreso que se realizó el sábado en Villa Gesell provincia de Buenos Aires.
También se resolvió designar al periodista uruguayo Walter Caimí en representación de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) perteneciente a la Felap, como delegado ante Uruguay.
En su declaración final, la Felap hizo suya la propuesta del representante uruguayo, en la que se "exhorta a las organizaciones afiliadas a la Felap, respaldar la derogación en cada país que aún no lo ha hecho, de las leyes que amparan la impunidad de los delitos de lesa humanidad.
En ese marco, proponemos apoyar la anulación de la Ley de Caducidad que deja sin castigo a los genocidas que violaron los derechos humanos en Uruguay, incluyendo a los compañeros trabajadores de la prensa". *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenapes lo acusa de haber participado en el OCOA en los años de la dictadura
Profesor acusado de "torturador"
declara el hoy ante la Justicia
El profesor coronel (r) Ruben Atilio Sosa Tejera, acusado de haber participado en la represión durante la dictadura, comparecerá el próximo jueves en calidad de indagado ante el juez penal de 21º Turno, doctor Julio Olivera Negrín, según informaron a LA REPUBLICA fuentes judiciales.
Sosa Tejera se desempeñaba como profesor de matemática en el Liceo Nº 13 de Maroñas hasta que en noviembre de 2006, tras una denuncia de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), fue sumariado y separado del cargo.
El profesor indagado, que ingresó a la Escuela Militar en marzo de 1957 y pasó a retiro en 1992 con el grado de coronel tras haberse desempeñado en el arma de Artillería, declarará ante el juez Olivera Negrín representado por el abogado Germán Amondarain.
El gremio de profesores lo acusa de "torturador" y por ese motivo el Consejo Directivo Central (Codicen) inició una investigación interna que no arrojó demasiados elementos. No obstante, sus antecedentes fueron elevados a la Suprema Corte de Justicia, que luego remitió el caso al juez Olivera Negrín.
El magistrado envió una consulta al Poder Ejecutivo respecto a la inclusión del caso de Sosa Tejera en la Ley de Caducidad. Días atrás, el juez recibió un oficio mediante el cual se lo habilitó a comenzar la investigación, y por ello citó al docente.
Actualmente, y hasta que se resuelva si situación en la Justicia, Sosa Tejera se encuentra de licencia con goce de sueldo. En caso de que sea inculpado por la Justicia, será destituido del cargo, pero si no se le atribuye delito alguno regresará a las aulas para continuar dando clases.
Sosa Tejera ascendió a capitán en 1967 y en julio de ese año fue destinado al grupo de Artillería Nº 2 con asiento en Trinidad. En 1971 fue trasladado al Grupo de Artillería Nº 1, ubicado en La Paloma.
En 1979, siendo mayor, pasó a prestar funciones en el Estado Mayor Conjunto (Esmaco). En 1981 ascendió al grado de teniente coronel y pasó a la División de Ejército I, actuando en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
El caso de Sosa Tejera se suma al de Guillermo Abella Zuasti, un docente de UTU que también es acusado de "torturador" por los gremios educativos. Sin embargo, su situación todavía se encuentra en etapa de sumario interno dentro del Codicen, que próximamente podría resolver su expulsión. *
----------------------------------------------------------------ooOOoo--------------------------------
Comunicado de Prensa
Durante los días 6 y 7 de octubre, en el marco del Día del Patrimonio, nuestra Coordinadora organizó dos jornadas activas de consolidación del patrimonio social en materia de valores, verdad y justicia. Es por ello que se implementó, con total éxito, la instalación de un muy importante número de mesas para la recolección de firmas por la anulación de la ley de Caducidad a lo largo y ancho del recorrido y de las actividades vinculadas con el Día del Patrimonio.
A pesar de las dificultades climáticas durante las horas iniciales de la primera jornada, el marco de público que concurrió a los diferentes sitios programados fue muy importante, así como el interés y la voluntad de muchísimos ciudadanos por completar las papeletas por la anulación de la ley de caducidad.
Agradecemos a todos los gremios, partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantes, personalidades y ciudadanas y ciudadanos de todos los partidos, la colaboración para organizar y llevar adelante ambas jornadas. A la ciudadanía su disposición a acompañar el proyecto de reforma constitucional propuesto por esta Coordinadora Nacional.
Convocamos a las organizaciones sociales, culturales y políticas a integrarse a las próximas instancias de recolección de firmas; a los ciudadanos que aún no hayan firmado, los invitamos a solicitar, en sus gremios, en sus organizaciones o en los espacios que se vayan anunciando, las papeletas para firmar su adhesión a la reforma constitucional propuesta.
Para anular la ley de impunidad.
Para A_firmar el futuro.
Montevideo 8 de Octubre 2007
Coordinadora Nacional por la Nulidad
de la ley de Caducidad
Intensifican recolección de firmas.
POR LA ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD.
LA COORDINADORA por la Nulidad de la Ley de Caducidad prepara sus primeras jornadas masivas de recolección de firmas .
En el marco del Día del Patrimonio, la coordinadora aspira a recolectar 10.000 firmas en 100 mesas que estarán repartidas en todo Montevideo.
Aunque los convocantes necesitan llegar a 250.000 firmas, han dicho que espera duplicar esa cifra.
La consigna de la actividad será "Para que la impunidad no sea patrimonio de los orientales" y estará acompañada por material gráfico, folletería y adhesivos.
En el Frente Amplio (FA), el Nuevo Espacio (NE) es el único sector que promueve la recolección de firmas y únicamente recibe apoyo del Partido Comunista (PCU).
El resto de la izquierda coincide en la necesidad de cumplir con el compromiso programático de respeto a la Ley de Caducidad y cumplimiento del artículo 4º aunque todos los sectores dejaron en libertad de acción a sus militantes para firmar si lo consideran conveniente.
En ningún sector habrá sanciones para los que firmen, ya que se reconoce que muchos militantes integran organizaciones vinculadas con la Coordinadora por la Nulidad.
El tema podría ser incluido para su discusión en el Congreso Nacional de diciembre. En tanto, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizará también en el marco del Día del Patrimonio, una muestra y exposición sobre la temática.
Esta actividad se llevará a cabo en el salón parroquial de la Iglesia de la Aguada, ubicada en Avenida del Libertador y Venezuela.
NO A LA LEY DE CADUCIDAD !!
QUE LA IMPUNIDAD NO SEA PATRIMONIO DE LOS ORIENTALES
FIRMEMOS PARA ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD
NO A LA CADUCIDAD NI A LA
IMPUNIDAD
---------------------------------------------------
DESDE YA LA BATALLA POR
LAS FIRMAS PARA OBTENER
LA DEROGACION Y NULIDAD
DE LA LEY DE "CADUCIDAD"
Declaran militantes del PVP
Desde mañana y hasta el lunes, el juez penal Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze tomarán declaración a varios ex militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) detenidos en Argentina, en el marco de la causa del "segundo vuelo" del 5 de octubre de 1976.
Ayer, declararon Sandro Soba --hijo del desaparecido Adalberto Soba, caso por el cual fueron procesados el año pasado ocho ex militares y policías-- y su madre. En los próximos días comparecerán los dirigentes del PVP Sergio López Burgos, Ana Inés Cuadros, Ariel Soto, Sara Méndez y Gastón Zina.
La intención de Charles y Guianze es ampliar en base a estos testimonios de ex presos políticos la información respecto a los posibles viajes de militares uruguayos para participar en operativos represivos en Buenos Aires. *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justicia retoma investigación en predios militares en base a nuevos testimonios
Juez ordenó excavaciones en cuarteles
en busca de restos de Elena Quinteros
El juez Penal de 1er. Turno, doctor Juan Carlos Fernández Lecchini resolvió ayer iniciar excavaciones en el Batallón de Infantería 1 y en el Instituto de las Armas y Especialidades (IMAE), en búsqueda de los restos de la maestra Elena Quinteros.
La información fue difundida por Canal 12 y confirmada anoche a LA REPUBLICA por el juez Fernández Lecchini. El magistrado adoptó la decisión tras analizar dos testimonios agregados al expediente en el último tiempo. Una versión indica que la militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fue sepultada en el Batallón de Infantería 1, al tiempo que el segundo testimonio asegura que fue enterrada en el IMAE.
Ambas unidades militares se encuentran ubicadas sobre el kilómetro 14 de Camino Maldonado, zona en la cual el juez, junto con la fiscal Mirtha Guianze y un grupo de peritos, realizaron dos inspecciones oculares: la primera a fines de junio y la segunda en la tarde del pasado miércoles. Los lugares donde se iniciarán las excavaciones ya fueron delimitados y debidamente señalados por el grupo de especialistas que asesoran al magistrado.
Los trabajos de búsqueda se basarán principalmente en el testimonio de Sergio Garcés, un testigo que actualmente se encuentra recluido en el Penal de Libertad, y que de niño habría ingresado a varias dependencias castrenses, en las que habría observado el enterramiento de la militante.
En los próximos días, el equipo de técnicos que encabeza José López Mazz, iniciarán los trabajos en las unidades castrenses, en las cuales el juez Fernández Lecchini, hace tres meses, a pedido de la fiscal Guianze, dispuso medidas de "no innovar" para preservar las características del terreno.
Precisamente, el grupo de técnicos que dirige López Mazz también está realizando desde hace algún tiempo excavaciones en la zona de la Cárcel de La Tablada, en búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos que habrían estado detenidos en ese centro de reclusión.
Por otra parte, el magistrado resolvió días pasados la realización de una pericia psiquiátrica al ex militar Asunción Alegre, quien asegura que Elena Quinteros fue enterrada en el Batallón Florida, aunque varias contradicciones en su testimonio generan dudas sobre la veracidad de su versión.
"El caso Quinteros"
La maestra y militante del PVP Elena Quinteros fue secuestrada de la Embajada de Venezuela el 28 de junio de 1976 por un operativo de las Fuerzas Conjuntas. Quinteros había solicitado asilo político en esa dependencia diplomática.
Durante el gobierno de Jorge Batlle, la Comisión para la Paz concluyó que sus restos fueron enterrados en el Batallón 14 de Toledo. Sin embargo, otras versiones indicaron que su cuerpo fue sepultado en el Batallón 13 ubicado en la Avenida de las Instrucciones.
Por la desaparición de Quinteros, en octubre de 2002 la Justicia procesó al ex canciller Juan Carlos Blanco, quien fue encontrado responsable como "coautor" de un delito de "privación de libertad", por el cual estuvo detenido poco más de seis meses. Se supo que la maestra estuvo varios días detenida antes de su muerte. Incluso, un enfermero que habría asistido a la maestra, después de ser sometida a torturas, fue sancionado con varios días de arresto a rigor por haberla saludado con un "buen día, señora".
Con motivo del "caso Quinteros", el gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay durante nueve años: de 1976 a 1985. *
La denuncia fue presentada el pasado 16 de mayo por representantes de los familiares de las personas trasladadas desde Argentina en 1978 -asesorados por el abogado Osca López Goldaracena.
Son 46 familiares directos de varias decenas de detenidos-desapararecidos, ayudados por abogados y militantes de DD.HH. que libran esta importante batalla contra la impunidad.
PROCESAMIENTOS POR TRASLADOS DE 1978
Verdes para cosechar
Es probable que en los próximos días se produzcan los primeros procesamientos a militares en la causa de
los traslados de 1978, según información que dejaron entrever fuentes judiciales.
|
|
Estas novedades en el caso de los traslados de detenidos desaparecidos uruguayos, sucedidos en el año 1978, se dan a causa de un careo entre un oficial que participó de esta maniobra y algunos de sus subordinados.
Así lo revela el matutino Últimas Noticias, adelantando que habrá "importantes derivaciones" de esta instancia judicial, desembocando en probables procesamientos.
Según la información que maneja el periódico, el oficial de iniciales M.S. aportó un testimonio que se contradice con lo manejado por sus subordinados días atrás.
Las contradicciones y evasivas de este oficial lo vincularían con el operativo de los traslados efectuados desde Argentina en 1978.
Esta misma semana sería citado a declarar el propio oficial y sus -por entonces- subalternos, de lo que se derivarán "novedades importantes", según las fuentes judiciales.
Recordemos que por el caso de los vuelos del '78 ya prestó declaración el ex capitán de navío Jorge Tróccoli y será llamado a testificar el propio Gregorio Álvarez. La causa investiga el traslado de unos 40 uruguayos de Argentina a nuestro país, donde habrían sido ejecutados y enterrados.
--------------------------------------------------------------------
|
FIRMAR CON LA PIT-CNT y el pueblo uruguayo LA ANULACION DE LA DE LA LEY DE CADUCIDAD
|
 |
Habrá careos entre un oficial y varios subalternos en los próximos días
Inminentes procesamientos
por los traslados de 1978
|
De un nuevo careo al que serán sometidos un oficial -que declaró ayer- y varios de sus subordinados que tendrían información o habrían participado de los traslados clandestinos entre febrero y agosto de 1978, podrían surgir "importantes derivaciones" antes de fin de mes, revelaron a Ultimas Noticias fuentes judiciales.
|
En la víspera, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze le tomaron declaración por unas dos horas a un oficial de la época, quien "se presume tuvo participación directa en los operativos", revelaron nuestros informantes.
"Lo anecdótico es lo que este oficial -quien en la época era capitán, de iniciales M.F.- al declarar ayer se contradijo absolutamente con lo que declararan días atrás varios de sus subordinados". De acuerdo a lo que pudo conocerse, durante la comparencia del entonces oficial en la sede judicial se vivieron ciertos momentos de tensión y provocaron cierta "molestia" al juez y la fiscal, ya que "o se negaba a responder o lo hacía con evasivas". Igualmente, algunas reiteradas contradicciones en las que incurrió "sirvió muchísimo para avanzar en la investigación, ya que hay algunos detalles que lo vincularían con el operativo de los traslados efectuados desde Argentina en 1978".
CAREOS, ESTA SEMANA
En efecto, en más de una oportunidad M.S. descartó cualquier vinculación con acusaciones que, semanas atrás, le formularan algunos subalternos suyos, que entonces prestaban funciones en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (Ocoa), el Servicio de Información de Defensa (SID) y los Fusileros Navales (Fusna).
La citación de los subalternos, junto al propio capitán M.S, podría efectivizarse esta misma semana, a efectos de ser sometidos a distintos careos. "Charles tiene premura en terminar con el presumario cuanto antes", se informó a Ultimas Noticias por fuentes cercanas al juez de la causa.
Asimismo, se indicó que tanto el juez como Guianze se manifestaron "muy optimistas" en cómo se va instruyendo el sumario. "Piensan que antes de fin de mes pueden surgir novedades importantes", se indicó.
CUARENTA EJECUTADOS
La denuncia fue presentada el pasado 16 de mayo por representantes de los familiares de los presuntos "pasajeros" -asesorados por el abogado Oscar López Goldaracena- y también recayó en el juzgado penal de 19º Turno, a cargo de Luis Charles, que investigan los traslados del segundo vuelo.
Por este caso, ya declararon oportunamente el capitán de navío Jorge Tróccoli, estimándose que el último en ser citado será el entonces comandante en Jefe del Ejército, Gregorio Álvarez, citado en la denuncia presentada por López Goldaracena.
Asimismo, en la denuncia se presentaron como indagados a todos los subalternos, cuya inmensa mayoría ya ha declarado, pero resta por hacerlo alguno, cuya comparecencia se concretaría antes del fin de semana.
Dichos traslados clandestinos -según revelaron las fuentes consultadas por Ultimas Noticias- habrían tenido lugar entre febrero y agosto de 1978, mediante la utilización de lanchas, aviones y avionetas.
En nuestro país, se maneja que los 40 "pasajeros" habrían sido ejecutados y enterrados, presuntamente en predios militares, específicamente en el actual centro de reclusión de La Tablada y también del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, sobre la ruta 34.
Oportunamente, el abogado de los familiares reclamó al juez Charles la disposición de medidas de "no innovar" en los lugares señalados, así como también solicitó que se dé intervención al Departamento de Antropología Forense para ubicar los sitios de posibles enterramientos.
|
Martes 25 de Septiembre de 2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
El ex comandante y el
ex embajador declararon
al juez que no hubo traslados
desde Argentina
Un documento confidencial desmiente a
Tabaré Daners y a Gustavo Magariños
El documento del Ministerio de Relaciones Exteriores está firmado por el propio Magariños cuando era embajador de la dictadura en Argentina. Le informa al canciller Alejandro Rovira que el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU protestaba por el traslado forzado de la uruguaya Nidia Caligari a Uruguay. La mujer fue secuestrada en Buenos Aires en noviembre de 1977 y torturada en la Brigada de San Justo por represores uruguayos, quienes volvieron a "interrogarla" en una base de Montevideo. La mujer pudo exiliarse en mayo de 1978. El traslado y liberación coincide con la desaparición de uruguayos bajo la coordinación represiva entre la ESMA y el Fusna, del que Tabaré Daners era segundo comandante y juez sumariante.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Un documento "confidencial" de la dictadura, que será presentado hoy como prueba ante el Juzgado Penal de 19º Turno, confirma la existencia de los traslados de uruguayos secuestrados en Argentina en 1977, que han negado el ex embajador Gustavo Magariños y el vicealmirante (r) Tabaré Daners.
El propio Gustavo Magariños, quien entonces representaba a la dictadura como embajador en Buenos Aires, es firmante del documento M3-2/77 (2729) dirigido a la Cancillería uruguaya, en el que se da cuenta del traslado forzado de la ciudadana Nidia Caligari de Cacciavillani, quien tenía estatus de refugiada.
El traslado se produjo en el período de coordinación represiva entre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina y la unidad de Fusileros Navales (Fusna) uruguaya, de la que entonces el vicealmirante (r) Tabaré Daners era segundo comandante y juez sumariante.
Nilda Caligari, salteña, C.I. Nº 22.196, se había exiliado en Argentina tras el golpe de Estado de 1973. Fue detenida en Argentina y cuando la liberaron fue amparada como refugiada por Naciones Unidas (ONU), hasta que el 27 de noviembre de 1977 fue capturada y torturada por represores uruguayos.
Caligari fue trasladada en forma forzada a Uruguay el 28 de noviembre y permaneció 15 días secuestrada, hasta que las protestas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) obligaron al régimen dictatorial a liberarla hasta que un año después pudo salir del país
.
Nueva prueba de cargo
El documento, procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que presentará hoy ante el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze el abogado Oscar López Goldaracena está fechado el 21 de diciembre de 1977 y tiene de asunto el título "Acnur Preocupación por ciudadana Nidia Cacciavillani".
En el informe membretado como CONFIDENCIAL, el embajador Gustavo Magariños le informa al canciller Alejandro Rovira que Acnur había realizado una formal protesta por el traslado a Uruguay "presuntamente sin consentimiento" de la ciudadana uruguaya en condición de refugiada.
La misiva de Magariños notificaba a la dictadura de la nota que con fecha 19 de diciembre de 1977 le había enviado el Representante Regional para el Sur de América Latina de Acnur, Kevin Lyonette, en la que se denunciaba la situación sufrida por Nidia Caligari.
Lyonette explica en la nota del organismo de la ONU que Caligari había estado presa en Argentina desde 1975 y liberada sólo tres meses antes de su nueva detención, cuando la Cámara en lo Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires la absolvió de todo cargo y dispuso su expulsión del país.
Sin embargo, Caligari, quien había sido declarada refugiada en enero de 1976, fue interrogada por militares uruguayos en la Brigada de San Justo y terminó siendo víctima de una repatriación forzada el 28 de noviembre, cuando la embarcaron hacia Montevideo donde fue detenida por los represores.
El testimonio de Nidia
En el libro "A todos ellos", editado por la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se incluye el testimonio ante Serpaj (Uruguay, Nunca Más) que la propia Nidia Caligari llegó a dar antes de su fallecimiento y donde cuenta la odisea sufrida durante su traslado ilegal a Uruguay.
"Al otro día (28 de noviembre de 1977) fui enviada a Uruguay y puesta en las manos de la Policía del departamento de Colonia. Al día siguiente me llevaron a Montevideo, a la División de Inteligencia y Enlace.
Hacia el mediodía me esposaron y me encapucharon y me trasladaron sentada en el piso de un vehículo a un lugar desconocido", narra.
"Allí -continúa el relato- me dejaron parada con las piernas separadas; gracias a un aparato de radio encendido cerca de mí, sé que estuve en ese estado hasta la noche siguiente. Esa noche, allí, escuché una voz de hombre que me preguntaba si lo reconocía..."
"Ese hombre me dijo: 'Nos volvemos a encontrar después de habernos encontrado en San Justo, fuimos nosotros los que pedimos tu expulsión de Argentina'... Sufrí nuevas torturas y esta vez participaron mujeres. Durante 15 días permanecí secuestrada. Durante varios días no me dieron de comer y no me dejaron hacer mis necesidades".
Ante la presión de la ONU, Nidia Caligari fue puesta en libertad el 13 de diciembre de 1977, aunque trasladada a su casa siguió recibiendo amenazas hasta que Acnur le confirmó que podía salir del país y abandonó Uruguay el 21 de mayo de 1978.
"Relevante y pertinente"
El escrito del abogado López Goldaracena, que acompaña la nueva presentada en el marco de la causa de los traslados ilegales de secuestrados durante la dictadura, considera que el documento y testimonio es "relevante y pertinente", dada la fecha de este traslado ilegal de 1977.
El secuestro de Caligari se produce días después de la captura en Colonia del montonero argentino Oscar de Gregorio (16 de noviembre), cuya "devolución" a la Argentina es resuelta por la dictadura uruguaya en el Cónclave de Solís, y luego de la cual la ESMA y el Fusna realizan operaciones conjuntas.
La carta del embajador Gustavo Magariños al canciller Rovira está fechada el mismo día en que en Buenos Aires se inicia el secuestro masivo de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU), retenidos en los pozos de Banfield y Quilmes antes de ser trasladados a Uruguay, donde víctimas de desaparición.
La liberación de Nidia Caligari (mayo de 1978) también coincide con la fecha en que los uruguayos que estaban secuestrados en los centros clandestinos de detención de Buenos Aires, fueron reunidos en el pozo de Banfield para su "traslado" y nunca más volvieron a aparecer.
En su testimonio ante el juez penal Luis Charles, el embajador Gustavo Magariños había señalado que, si bien reconocía un documento de prueba en el que la Cancillería dictatorial hacía referencia al traslado de opositores, nunca había sabido de la ejecución de esa política. La nueva prueba lo desmiente.
|
|
|
|
Se necesitan alrededor de 250 mil firmas para convocar a un plebiscito y
"desterrar la cultura de la impunidad "
Coordinadora por la anulación de la Ley de Caducidad lanzó
anoche la campaña
La sala César Campodónico del teatro El Galpón quedó chica anoche en el lanzamiento de la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad que impulsa la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la mencionada normativa, integrada por organizaciones políticas y sociales.
El contralmirante Oscar Lebel y el general Víctor Licandro,
ambos integrantes del Frente Amplio, y el doctor López Goldaracena
Con decenas de personas que no lograron ingresar a las instalaciones de El Galpón, a partir de las 19 horas de ayer comenzó la recolección de firmas para anular la ley de impunidad.
Luego de la primera lectura de adhesiones, abrió la oratoria la dirigente de la FEUU Mariana Licandro, quien destacó que "la reconstrucción del pasado histórico es fundamental para el presente" de nuestro país. La delegada de la federación universitaria reclamó "la necesidad de saber la verdad" sobre el destino de los desaparecidos y advirtió que con la anulación de la ley "el reino de la impunidad se va a acabar" para los violadores de los derechos humanos.
Acto seguido el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT Luis Puig afirmó que la Coordinadora "representa un amplio espectro de la ciudadanía uruguaya", debido a su conformación con colectivos políticos y sociales.
En cuanto al objetivo de la iniciativa popular, "tiene que ver más con el futuro que con el pasado", pues es "fundamental asegurarle a las nuevas generaciones que no sufrirán más el terrorismo de Estado" y la única forma de hacerlo es "terminar con la cultura de impunidad acuñada durante cuatro gobiernos". De todas maneras el sindicalista reconoció que han existido avances en el área de los derechos humanos en la administración frenteamplista.
Puig aseguró que anular la Ley de Caducidad significa un avance para nuestra democracia, dándole a su vez la "oportunidad a los uruguayos de reencontrarse con su mejor historia". Finalmente adelantó que la Coordinadora "duplicará la cantidad de firmas necesarias" para alcanzar el plebiscito.
Por último el jurista experto en derechos humanos Oscar López Goldaracena aseveró que el Estado "renunció ilegalmente a perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad" mediante la normativa en cuestión.
Argumentó que los artículos 1º al 4º de la ley "son nulos" y por lo tanto "deben ser declarados inexistentes". Además la ley tiene "vicios notorios", pues fue "dictada bajo presión militar", "violenta la separación de poderes" y "viola principios esenciales del derecho internacional", entre otras explicaciones que brindó el abogado.
López Goldaracena llamó a los presentes a "desterrar la cultura de la impunidad declarándola inexistente", frase que levantó a los presentes de sus asientos para aplaudir emocionadamente de pie.
"Matengámonos de pie y ratifiquemos nuestro compromiso", continuó el abogado, que luego de leer el proyecto de reforma constitucional propuesto afirmó que "depende de nosotros superar las 250 mil firmas". A posteriori de la oratoria, y luego de que el cantautor Daniel Viglietti presentara un número artístico que fue seguido con mucho entusiasmo por los presentes, comenzó la recolección de firmas, siendo los primeros en estampar su rúbrica los senadores Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Víctor Vaillant (Claveles Rojos Espacio 609) y Eduardo Lorier (Partido Comunista), además del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, el contralmirante Oscar Lebel y el general Víctor Licandro, entre otros. *
Adhesiones de todos los ámbitos
Decenas de actores políticos y sociales adhirieron ayer a la iniciativa popular que promueve la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, aunque muchos de ellos no pudieron estar presentes en El Galpón.
En el plano político se destacó la presencia de los senadores Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Víctor Vaillant (Claveles Rojos Espacio 609) y Eduardo Lorier (Partido Comunista), el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, el contralmirante Oscar Lebel, el general Víctor Licandro, el director de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, y el integrante del Ejecutivo del PVP Carlos Coitiño, entre otros. En tanto, presentaron su adhesión, aunque no pudieron estar presentes, la senadora de la Vertiente Artiguista Margarita Percovich, los diputados Beatriz Argimón (Partido Nacional), Diego Cánepa, Horacio Yanes y Jorge Pozzi del Nuevo Espacio, Doreen Ibarra (Fidel), Víctor Semproni (Claveles Rojos) y Gonzalo Mujica (Compromiso Frenteamplista), la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la subsecretaria de la cartera, Ana Olivera, además de la politóloga Constanza Moreira.
También adhirieron integrantes de Familiares de Detenidos Desaparecidos como Amaral García, Sandro Soba, Alberto Mechoso, Beatriz Mechoso, Adriana Cabrera, Mateo Gutiérrez, Isidora Musco de Chaves Sosa, Valentina Chaves y Macarena Gelman, entre otros.
Los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, así como del resto de los colectivos que integran la Coordinadora, estuvieron también presentes.
Personas del mundo de la cultura como Daniel Viglietti, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Idea Vilariño, Yamandú Cardozo, Tabaré Rivero, Jorge Temponi, Gabriel Peluffo, Guillermo Peluffo, Marcelino Duffau, Jorge Esmoris, Petru Valensky y Jorge Denevi; periodistas y deportistas, entre otros. *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brasil revela atrocidades de la dictadura militar
Más de 339 personas fueron
asesinadas entre 1964 y 1985
Por primera vez un documento oficial del gobierno federal brasileño acusa a las dictaduras que gobernaron sin interrupciones el país entre 1964 y 1985, por la desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos y ejecuciones clandestinas.
El primer mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó ayer un informe oficial que admite, por primera vez en 25 años de democracia, las atrocidades cometidas durante las dictaduras (1964-1985) en ese país.
El documento denominado "Derecho a la Memoria y la Verdad", realizado por la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Sdhpr), busca contribuir al "rescate de la memoria" y "el respeto por los derechos humanos" de las más de 339 personas asesinadas durante la dictadura.
En el informe se oficializa la existencia de estos detenidos-desaparecidos y se expone una lista con nombre y apellido.
Además este informe-libro que evidencia las "muertes por torturas intensas", sostiene que los militares hicieron esfuerzos "insuficientes" por esclarecer dónde están los restos de los desaparecidos. "Derecho a la Memoria y la Verdad", que registra lo que la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos investigó durante once años, considera ser la verdad histórica sobre la represión política durante la dictadura militar en Brasil.
Además, sugiere al presidente brasileño que solicite al Ministerio de Defensa, la creación de una "instancia administrativa permanente" que tenga por objetivo tomar declaraciones de policías y militares, y acceder a documentos que puedan haber permanecido ocultos. El titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, resaltó que "el libro contribuirá a la consolidación del respeto por los derechos humanos en Brasil".
Asimismo, Vannuchi destacó que "ningún espíritu de revanchismo o de nostalgia del pasado será capaz de seducir el espíritu nacional, así como el silencio y la omisión funcionaron, en la práctica, como barrera para la superación de un pasado que ninguno quiere de vuelta".
Por su parte, el presidente de la comisión Marco Antonio Rodríguez Barbosa, explicó que este libro "es un trabajo histórico, donde el Estado reconoce los derechos de los familiares de los brasileños muertos y desaparecidos en el régimen militar y significa el rescate de la memoria, de la verdad y, por tanto, de la justicia sin revanchismo".
El evento coincide con los 28 años de la Ley de Amnistía de 1979 que perdonó a todos los brasileños, tanto civiles como militares, por los supuestos delitos cometidos durante las dos décadas de plomo.
Las víctimas y sus familiares señalaron que el libro es "un modesto progreso para revelar el pasado". En ese sentido, Victoria Grabois, fundadora del grupo Nunca Jamás Tortura, señaló que "desde un punto de vista positivo, es la primera vez que el Gobierno muestra los resultados de las investigaciones".
Grabois también recordó que el gobierno brasileño, a partir de una ley de 1995, admitió la responsabilidad gubernamental por la muerte de adversarios de la dictadura y pagó indemnizaciones a más de 300 familias, dinero, que según advirtió, "sirvió para aliviar la conciencia de los ex agentes militares", ya que el costo por las vidas humanas, "no tiene precio". *
Reconocimiento
El Estado brasileño reconoce por primera vez crímenes de la dictadura en un libro. El gobierno brasileño lanza el miércoles el libro "Derecho a la memoria y a la Verdad", fruto de once años de trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, en el que reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en los crímenes de la dictadura.
-------------------------------------------------
La investigación apunta a determinar causas de su muerte, ocurrida en 1974
Justicia podría disponer
una inspección en predio militar
por caso Sabalsagaray
El juez penal de 10º Turno, doctor Rolando Vomero, estudia la posibilidad de disponer una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros Nº 5 en el marco del expediente que indaga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974
Un informe elaborado por especialistas del Instituto Técnico Forense (ITF), que fue elevado al magistrado semanas atrás, no descartó que Sabalsagaray haya sido asesinada, contradiciendo la versión de la dictadura que estableció que la militante se suicidó estando detenida.
Los peritos del ITF, doctores Rúben Arias, Hugo Rodríguez y la psicóloga forense Beatriz López, recomendaron al juez Vomero realizar una autopsia psicológica, instancia que podría contribuir a esclarecer las circunstancias que rodearon al dudoso fallecimiento.
Los especialistas consideraron relevante analizar una novela escrita por Sabalsagaray y también una carta enviada a sus familiares días después de ser detenida.
Además, se propone interrogar a allegados a la joven fallecida para determinar si ésta pudo tomar la decisión de quitarse la vida.
En ese contexto, los peritos también señalaron la relevancia de realizar una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros Nº 5, con el objetivo de llevar a cabo un análisis criminalístico del lugar, posibilidad ante la cual la fiscal del caso, doctora Mirtha Guianze, se pronunció favorablemente.
El "caso Sabalsagaray"
Nibia Sabalsagaray estudiaba literatura en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y militaba en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Murió estando detenida el 29 de junio de 1974. Según el certificado firmado por el médico militar José Mautone, Nibia se suicidó.
Los militares que entregaron los restos a su familia dieron la orden de no abrir el féretro. Sin embargo, ante esta prohibición el novio de Nibia recurrió a Marcos Carámbula, el actual intendente de Canelones, quien en aquel entonces estaba próximo a recibirse de médico.
Carámbula comprobó que la militante comunista murió a causa de los golpes infligidos durante la detención.
El "caso Sabalsagaray" está contenido fuera de la Ley de Caducidad en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles.
A fines del año pasado el juez Vomero había dispuesto el archivo del expediente, pero luego de que la fiscal Guianze apelara esa decisión, el magistrado revió su postura y reabrió el caso, en el marco del cual ya declararon varios testigos y militares presuntamente involucrados. *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sobre JULIO MARIA SANGUINETTI
Carta abierta a la Universidad de
la Paz ante el nombramiento
de Julio María Sanguinetti
LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE QUIERAN ADHERIR AL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO, PUEDEN HACERLO ESCRIBIENDO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ (Costa Rica) www.upeace.org):
GRACIAS TAMBIEN POR DIFUNDIRLO AMPLIAMENTE
para leer el artículo compreto pulse
------------------------------o-----------------------------------
Pérez Esquivel afirmó que fue
"el artífice de la política de impunidad" en Uruguay
Premio Nobel solicitó el cese de Sanguinetti de Universidad de la Paz
El Servicio Paz y Justicia en América Latina, mediante su Secretariado Nacional, Serpaj-Uruguay, expresó a través de una carta su "profunda preocupación" por el nombramiento del ex presidente Julio María Sanguinetti como miembro y presidente del Consejo de la Universidad para la Paz (UPAZ) y solicitó que se revise la designación y busque un sustituto acorde con valores como "la paz y los derechos humanos".
Según la página web de la UPAZ, la designación del ex presidente uruguayo tuvo lugar el 29 de junio pasado y contó con el visto bueno del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en consulta con el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura. Fuentes de Serpaj dijeron a LA REPUBLICA que Sanguinetti es el segundo candidato propuesto para ese cargo.
El primero fue el diplomático norteamericano John Maresca, quien fue cesado tras una fuerte campaña internacional en contra de su nombramiento.
La misiva de Serpaj fue dirigida el viernes a la sede de la UPAZ en Costa Rica y firmada por el premio Nobel de la Paz y actual presidente honorario de SerpajAmérica Latina, Adolfo Pérez Esquivel, por la coordinadora latinoamericana Ana Juanche Molina y por el abogado Guillermo Payssé (coordinador Nacional de Serpaj en Uruguay). En la carta, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, se señala que "los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz".
Agregó que el ex presidente, actual senador de la República, "no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de 'campeón de la impunidad'".
En la nota se agrega una reseña histórica de la "conducta" del doctor Sanguinetti en esta materia, en particular durante las negociaciones con los militares en 1984, la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la Ley de Caducidad y el caso Gelman, entre otros episodios de notoriedad.
Por ejemplo, se señala que "durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984 Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya como en toda la región había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos".
Además, una vez asumida la presidencia, "ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad".
Por otro lado, recuerda que "en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado)".
Durante la convocatoria a un referéndum para anular la ley iniciativa que al final se frustró "el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública)".
"La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4º el deber del Poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado", agregó.
"Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti", recordó Serpaj. Más adelante, la argumentación se centra en el conocido "caso Gelman", en el que LA REPUBLICA tuvo un rol casi protagónico al obtener información sobre una serie de pistas que conducirían a localizar el paradero de la nieta del conocido poeta argentino.

La carta recuerda que "Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas".
"Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de Policía del departamento de San José", dice la nota.
"Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años".
Por lo anterior, "consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos" y por tanto, "esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo". *
una expresión típica de quien declaró públicamente que
en Uruguay,durante el "PROCESO, cívico -militar"
"JAMAS hubo apremios físicos y que JAMAS
se secuestraron niños"
Preparando a Cordero
Supremo Tribunal Federal le negó traslado a Santana do Livramento
para leer el artículo pulse la línea
--------------------------------------------------------------
Recibimos de CRYSOL y transmitimos
Con la presencia de varios centenares de ex presas y de ex presos políticos se llevó a cabo en el día de ayer la concentración organizada por Crysol en la Explanada del Edificio Libertad. Participaron además delegaciones de Bella Unión, Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres entre
otros lugares del interior.
El texto de la proclama leida por el cro. Julio Martínez en dicha concentración pueden leerla integramente
en nuestro Sitio:
-------------------------------------------------
La Comisión de Familiares de Detenidos y Muertos por la Dictadura en campaña para anular la Ley de Caducidad.
Walter Cruz
Uruguay también tuvo sus campos de
concentración; muertes y torturas
Cinco mil encarcelados y torturados, doscientos desaparecidos, setenta muertos y cientos de miles de exiliados, fue el saldo que dejó la peor dictadura del siglo XX en Uruguay. En combinación claro está, con el siniestro Plan Cóndor fundado en 1975 en Santiago de Chile bajo el ala del gobierno de los EE.UU.
En 1986 el presidente Julio María Sanguinetti - con el apoyo de la bancada del Partido Colorado, parte de la del Partido Nacional y con el Frente Amplio en contra - promulgó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
La Comisión Nacional Pro Referéndum -integrada por legisladores de todos los sectores, representantes del movimiento sindical y social y diversas personalidades - juntó millares de firmas y finalmente el 16 de abril de 1989 la ley fue plebiscitada.
En medio de una campaña de miedo y terror el Voto Verde cosechó el 47% de los sufragios, perdiendo ante el Voto Amarillo que obtuvo el 53%.
La Ley ha sido catalogada de "mamarracho jurídico" y viola los convenios internacionales firmados por nuestro país.
En 2005 el primer gobierno progresista de Uruguay abrió la rendija que le permitía su artículo 4o.
Y hoy ha habido avances notorios en materia de derechos humanos. Pero no basta. Deja atado al Poder Judicial a lo que resuelva el Poder Ejecutivo.
Si alguien presenta una denuncia y la Presidencia de la República no habilita a que se investigue,
legalmente no se hace
Lea la totalidad del artículo
Juez Charles citará a declarar a Opertti.
POR INFORMACIÓN QUE HABÍA EN CANCILLERÍA SOBRE LOS TRASLADOS DE LA MUERTE EN 1978.
EL JUEZ Luis Charles llamará a declarar al ex canciller Didier Opertti por haber negado información relacionada con los traslados de 1978, que fueron encontrados en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el historiador Oscar Destouet.
Gustavo Magariños, embajador uruguayo en Argentina en 1978, también deberá concurrir a declarar el próximo 3 de setiembre ante Luis Charles, según informó anoche el informativo de Canal 4.
También declararán por este caso, el capitán retirado, Jorge Trócoli y el ex Comandante en Jefe de la Armada Tabaré Danners, que era juez sumariante en 1978.
El llamado tercer vuelo de la muerte, consiste en realidad en una serie de traslados aéreos, terrestres y fluviales en los que fueron trasladados unos 40 militantes pertenecientes al Grupo de Acción Unificadora, el Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional y otras personas que no tenían vinculación política con ninguno de estos grupos.
Eduardo Gallo Castro, Carlos Federico Cabezudo Pérez, Célica Gómez Rosano y, posiblemente, Carolina Barrientos, fueron trasladados por mar.
Mientras que en el resto de los traslados llamados "de la muerte" se llevó a José Enrique Michelena, Graciela Susana De Gouvela, Edmundo Sabino, Ileana Sara María García, Julio César D'Elía, Yolanda Iris Casco, Guillermo Manuel Sobrino, Gustavo Alejandro Goycochea, Graciela Noemí Basualdo, Juvelino Andrés Carneiro, Miguel Ángel Río, Aída Celia Sanz y Elsa Haydée.
----------------------------------ooOOoo-------------------------------
A 30 años de su secuestro, abogados del Estado continúan desconociendo su tortura, asesinato y enterramiento
Julio Castro sigue
desapareciendo
Julio Castro fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del SID. Fue apremiado hasta la muerte en el centro de torturas La Casona de Millán y Loreto Gomensoro. La denuncia judicial sobre su desaparición fue incluida en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti. La Comisión para la Paz, admitió la desaparición pero fue ambigua respecto a lo ocurrido con sus restos. Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional defienden al Estado desde el gobierno de Jorge Batlle en una causa de reparación civil iniciada por los familiares. Los mismos abogados continúan hoy interponiendo recursos y apelaciones.
ROGER RODRIGUEZ
Un documento desclasificado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, evidencia cómo el inspector Víctor Castiglioni señalaba a Julio Castro en su función de redactor responsable de "Marcha" en un oficio al ministro del Interior, general Hugo Linares Brum, en abril de 1976. Un año después sería desaparecido.
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, han sostenido en 2006 ante un Juzgado del Contencioso Administrativo, que si Julio Castro Pérez no fue liberado con la ley de amnistía de presos políticos de 1985, está muerto y, por lo tanto, el delito caducó hace años.
El Ministerio de Defensa Nacional quedó a cargo de la defensa del Estado en un juicio de reparación patrimonial que la familia de Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977, decidió iniciar en 2003 luego que la Comisión para la Paz les diera un ambiguo informe sobre el paradero de los restos del maestro y periodista.
Durante treinta años los familiares de Julio Castro han luchado por encontrar una verdad y la asunción de una responsabilidad por parte del Estado que, les sigue siendo esquiva en el presente, aún cuando en el gobierno se encuentra el partido Frente Amplio, del que Julio Castro fue fundador en 1971.
La historia oculta del caso Julio Castro, cuyo recuerdo será motivo de múltiples homenajes la próxima semana, evidencia las consecuencias de una impunidad vigente que ante cada instancia ha seguido desapareciendo al renombrado pedagogo y reconocido periodista.
Julio Castro Pérez ha sido objeto de una continua desaparición. Cuando fue secuestrado y torturado hasta la muerte, cuando la dictadura montó una farsa pública sobre su salida del país, cuando la Justicia no pudo actuar por la Ley de Caducidad, cuando la Comisión para la Paz y, aún hoy, en la causa de reparación.
Amigos de Julio Castro y organizaciones de derechos humanos no descartan iniciar una nueva causa penal sobre su desaparición en un juicio a los mandos de la época, para intentar esclarecer la verdad sobre lo ocurrido con su vida y con su cuerpo. Sus hijos, ya mayores, han desistido de hacerlo, ante tanta frustración.
Secuestro: la primera desaparición
El maestro y periodista Julio Gerardo Castro Pérez, con 68 años de edad, fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977, cuando salía de la casa de su amigo Efraín Quesada en Francisco Llambí casi Avenida Rivera.
Desde entonces ha estado desaparecido.
Julio Castro estaba jubilado como docente y era el redactor responsable de la clausurada revista "Marcha" que durante décadas había dirigido Carlos Quijano, entonces en el exilio. Esa mañana fue a conversar con el capitán de navío Oscar Lebel y luego a lo de Quesada, de donde se retiró a las 10.30 horas.
El ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, confesó en 1985, a la salida de la dictadura, que él había sido uno de los miembros del grupo de operaciones del SID que secuestró a Julio Castro y narró cómo lo llevaron al centro de torturas La Casona en Millán y Loreto Gomensoro.
Barboza cuenta que cuando salía de las oficinas de la sede del SID, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, el oficial principal Juan Ricardo Zabala, un policía en comisión, le ordenó acompañarlo en un operativo. En un auto fueron hasta Rivera y Soca donde esperaron para secuestrar a Julio Castro.
La primera desaparición de Julio Castro se produce en aquel sórdido centro de torturas del SID desde donde se operaba con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que entonces se había trasladado a La Tablada.
El periodista brasileño Flavio Tabárez fue testigo de lo ocurrido.
Tabárez, a quien habían secuestrado y torturado en La Casona de Millán cuando realizaba una cobertura periodística sobre la dictadura uruguaya, narra que el 2 de agosto escuchó que los represores habían traído a una persona a la que llamaban Castro o "el veterano", a quien torturarían en el lugar.
En su relato, el periodista brasileño explica que el jefe de operaciones, apodado "Julio César", interroga a Julio Castro y le pregunta si era algo de Fidel y cuando niega parentesco alguno le dice: "Sos, claro que sos".
Esa tarde, escucha sus gemidos...
Al día siguiente dos soldados reconocen que "el veterano está jodido...".
Farsa: la segunda desaparición
La desaparición de un pedagogo reconocido internacionalmente y periodista de una publicación de la trayectoria de "Marcha" provocó inmediatas reacciones a nivel nacional e internacional. La dictadura decide, entonces, orquestar una segunda desaparición de Julio Castro.
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior recoge en sus archivos la falsa indagatoria realizada ante la denuncia de la desaparición del maestro. Los "partes de novedades" dejan constancia de la indagatoria que terminaría con una falsa información pública.
El diario El País publica el 4 de octubre de 1977 el Comunicado Nº 36, fechado el 27 de setiembre, donde se afirma que Julio Castro había abandonado Uruguay el 22 de setiembre en el vuelo 159 de Pluna a Buenos Aires. Agregaba que no había datos de la camioneta Indio matrícula 129-024 que desapareció con él.
En aquel vuelo de Pluna viajaba el periodista Ruben Cotelo, quien cuenta que hasta hicieron llamar por los altavoces del aeropuerto a Julio Castro. Cotelo recorrió el avión y constató que su colega y amigo no estaba a bordo. En aquella aeronave viajaban otras dos personas también llamadas Julio Castro.
Durante años aquella mentira fue mantenida por la dictadura uruguaya, incluso en informes oficiales presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado uruguayo el esclarecimiento de la desaparición del maestro y periodista.
La dictadura nunca admitió lo ocurrido, aún cuando en noviembre de 1977 un oficio de Interpol informó desde Buenos Aires que: "Sobre el llamado Julio Castro Pérez, impresiones digitales enviadas no reúnen condiciones", y cuando el gobierno argentino informó a la CIDH que Julio Castro nunca abordó aquel avión.
Pese a las denuncias internacionales de su esposa, Zaira Gamundi, y los trámites internos ante la Seccional 4ª de Policía, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el Consejo de Estado y una carta personal al general Gregorio Alvarez, quien había sido su alumno en la Escuela Sanguinetti, Julio Castro siguió desapareciendo...
Caducidad: la tercera desaparición
La familia de Julio Castro siguió buscando la esquiva verdad. El silencio de la dictadura les obligó a esperar casi ocho años, hasta que, reinstitucionalizado el país con la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, pudieron presentar denuncia penal ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia el 28 de junio de 1985.
La denuncia sobre el secuestro de Julio Castro no tuvo mejor suerte que otras tantas que entonces derivaron en contiendas de competencia con la justicia militar y luego de largos trámites volvieron a los juzgados penales para quedar adormecidas en el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El juez penal Jorge Ruibal Pino no llegó a realizar la esperada indagatoria. Con la aprobación de la Ley de Caducidad las actuaciones quedaron congeladas, aun cuando no aparecía el acto administrativo por el cual el gobierno colorado había amparado el caso Julio Castro en la impunidad.
El 1º de junio de 1987 la familia pidió que se le notificara sobre la resolución por la que se incluyó el caso en la Ley 15.848. Recién dos años después, el 31 de julio de 1989, el juez Ruibal Pino diligencia la denuncia a la Presidencia de la República, que un mes más tarde la deriva a la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1989, la Presidencia de la República comunica al máximo órgano judicial que efectivamente se había incluido el caso Julio Castro en la caducidad y se había ordenado al Ministerio del Interior la investigación prevista en el artículo 4º de la ley.
La investigación fue realizada por la Jefatura de Policía en solo 17 días.
En las conclusiones comunicadas el 13 de noviembre de 1989, se insistía en la versión que la dictadura había tejido durante años respecto al viaje hacia Argentina en el avión de Pluna. En democracia, Julio Castro seguía desapareciendo.
Comipaz: La cuarta desaparición
Pasaron los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y otra vez de Julio María Sanguinetti, antes de que el presidente Jorge Batlle decidiera crear la Comisión para la Paz con el objetivo de esclarecer los casos de desaparición forzada ocurridos en la dictadura y dar, finalmente, cumplimiento al artículo 4º de la propia Ley de Caducidad.
Lugo de presentar todos los antecedentes y testimonios relativos al secuestro y tortura de Julio Castro por integrantes del SID, la Comisión para la Paz citó a los familiares a una reunión con otras víctimas donde el asesor presidencial Carlos Ramela Regules le informó formalmente de sus conclusiones.
El 26 de febrero de 2003, en presencia del hoy secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, Ramela les dijo que todos los desaparecidos habían muerto, pero que los cuerpos de Julio Castro y de Elena Quinteros nunca serían encontrados.
La familia no había terminado de asimilar el impacto de semejantes afirmaciones cuando, con fecha 10 de abril de 2003, se les entregó el informe final de la Comisión para la Paz, en el que se incluía a Julio Castro en la misma versión que todos los demás desaparecidos...
"1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Julio Castro Pérez (C.I. Nº 167.820), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10.30. b) Se le trasladó a un centro clandestino de detención sito en la Avenida Millán Nº 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera, en ese lugar, el 4 de agosto de 1977, sin recibir atención médica. 2. Sus restos según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Una vez más, el maestro y periodista seguía desapareciendo.
Contencioso: la quinta desaparición
Ante la doble respuesta del gobierno de Jorge Batlle, los hijos de Julio Castro decidieron, por primera vez, presentar acciones civiles de reparación patrimonial y radicaron una denuncia contra el Estado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1º y 2º turnos.
La defensa del Estado ante el reclamo civil, fue encomendada al Ministerio de Defensa Nacional en un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el ministro Yamandú Fau. Desde entonces en la causa representan al Estado uruguayo los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera.
Los dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional han interpuesto desde entonces una serie de trabas jurídicas para evitar el definitivo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de Julio Castro, como reclama su familia.
Aún luego de la asunción del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los abogados Mella y Maeso han interpuesto recursos dilatorios y apelado los pronunciamientos en contra del Estado con los mismos argumentos jurídicos y políticos que esgrimió la dictadura y los posteriores gobiernos.
El 18 de marzo de 2004, el abogado Alfredo Maeso Vera argumentó que el Ministerio de Defensa "desconoce la procedencia del reclamo en todos sus términos" y la misma línea argumental esgrimió hace sólo un año, cuando decidió apelar el fallo por el que el tribunal condenaba al Estado.
En nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado Maeso apeló con fecha 17 de mayo de 2006, el último fallo judicial contrario, a la vez que el abogado Mella interponía un recurso de reposición y nulidad contra la sentencia condenatoria con el argumento de que se les había comunicado tardíamente de la audiencia.
Julio Castro sigue desapareciendo
En el alegato del abogado Maeso, al que LA REPUBLICA pudo acceder, se afirma: "En opinión de nuestra representada, el derecho a obtener una indemnización reparatoria fruto de la responsabilidad civil del Estado emergente de los hechos ha caducado inexorablemente".
El argumento que dejó establecido el defensor del actual Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la familia debió presentar su demanda antes de los cuatro años de producida la desaparición y que debía demostrarse la certeza razonable de que ello hubiera ocurrido.
"El estado de incertidumbre finalizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 15.735 del 8 de marzo de 1985 (amnistía de delitos políticos), desde que dicha persona no fue liberada, ni se produjo su aparición", sostiene el abogado representante del gobierno del Frente Amplio.
En definitiva, el argumento de la defensa del Estado sostiene que si Julio Castro no fue liberado con la ley de amnistía de 1985, está muerto, y si así fuera, el delito y la responsabilidad del Estado caducó en 1989, por lo cual no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El fundamento del abogado Maeso no reconoce ni la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo al validar las conclusiones de la Comisión para la Paz, ni los informes de las Fuerzas Armadas, donde el Ejército también admite que Julio Castro fue detenido por el SID y muerto en La Casona de Millán.
El último recurso del Estado fue presentado el 23 de julio de 2007 por el abogado Maeso, quien introdujo en el expediente, como "prueba superviniente", un capítulo del libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se incluye una extensa ficha policial sobre Castro, pero no se contextualiza su desaparición.
A treinta años de su secuestro y cuando el Parlamento, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, las autoridades de la Enseñanza, y los gremios de la prensa, magisterio y escritores preparan diversos homenajes en su recuerdo, Julio Castro continúa desapareciendo. *
Julio Castro,un inolvidable maestro
MILTON CUBON
Confieso que no sé si seremos muchos los sobrevivientes de aquellos fines de la década de los 30 y comienzos de la de los 40, que concurríamos a la Escuela Nº 93 de 2º grado de Villa Muñoz, cuyo viejísimo edificio, desde hace años abandonado, aún está en pie en la calle Arenal Grande a pocos metros de Gutiérrez, en pleno corazón del barrio más conocido como "de los judíos".
Por esos tiempos, muchos chicos apenas si nos enterábamos de que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sí sabíamos que a la entrada de la misma, un vendedor con dos enormes canastas ofrecía (a los "ricos") un refuerzo de salame, cuyo costo era de cinco centésimos.
En la otra, los "pobres" por apenas "dos guitas", teníamos la opción del de mortadela. Por ese entonces no tenía Villa Muñoz el movimiento comercial de hoy, donde se destacaba el "registro" de los Landesman en Arenal Grande y Blandengues, frente a la Escuela "de las mujeres", dado que en aquellos tiempos los colegios no funcionaban como mixtos.
Nuestra escuela era un caserón de grandes dimensiones, con dos plantas y gastadas escaleras de metal, a las que únicamente subían los mayores, dado que 4º, 5º y 6º funcionaban en los inmensos salones de arriba y 1º, 2º y 3º en la planta baja.
El patio para el recreo de las 10:30, era ocupado en parte por los alumnos y en parte por los maestros que, insólitamente, durante el descanso y contra una altísima pared pintada de amarillo, jugaban a la pelota de mano contando por supuesto con la hinchada de sus propios alumnos. (¡Siempre y cuando, claro está, los rezongos no hubieran estado a la orden del día!)
El director no participaba del juego, atendiendo visitas de padres, reclamos de abastecedores, moviéndose de un lado para otro con su túnica blanca, su rostro serio y su cabellera lacia de poco pelo, con un dinamismo que asombraba.
Se llamaba... Julio Castro, mostrándose siempre como un hombre poco afecto a las risas pero con un corazón de oro tratando de resolver mil problemas al mismo tiempo, evidenciando no sólo un condicionamiento fenomenal de su profesión, sino, además, no descansando un minuto mientras por media hora sus colegas del Magisterio le daban entre manotazos y ruidosas expresiones, a su entretenimiento deportivo bajo la mirada atenta de gran número de alumnos.
La escuela, cuya dirección estaba a cargo del insigne maestro, funcionaba en horas de la mañana.
Y por cierto, ahora nos damos cuenta, contaba con muchos menos recursos que la de la tarde, a la que solían asistir muchachos de gente más clase media alta de la populosa barriada. Su director, un señor Rossi, era del barrio y solía andar siempre con un clavel rojo en el ojal de su saco, que llamaba la atención.
A Julio Castro le tocó no sólo dirigir aquella escuela, sino a la vez, dictar cátedra dentro y fuera de ella, de sus notables conocimientos.
Fue un estudioso permanente de la profesión y su currículum, publicado en el último número de Brecha, muestra una impresionante ristra de actividades en el Magisterio, que son orgullo para nuestra Escuela Pública.
Esa vida que dedicó con verdadero amor al Magisterio, la alternó posteriormente con una actividad periodística que lo llevó a director de Marcha, lo que sirvió a los esbirros de la última dictadura para secuestrarlo, torturarlo y hacerlo desaparecer, un 1º de agosto de hace treinta años.
En verdad, el maestro Julio Castro fue uno de los tantos temerarios que abrazó dos profesiones tan proclives al sufrimiento, cuando en un país se arrasan las instituciones democráticas y no se respetan los derechos humanos.
De más está decir que cada vez que alguno de sus ex alumnos lo encontraban, recordaban aquella su figura inolvidable al frente de la Escuela de Villa Muñoz, de donde salieron muchachos que lograron destacarse en las más variadas actividades, incluyendo las del boxeo, con el siempre querido y admirado Dogomar Martínez.
Algunos como nosotros y Toyos, agarramos para el periodismo. Obviamente, los pibes descendientes de judíos se destacaron en lo comercial, caso de Ernesto Béjar (San Francisco), Salomón Friesel (Optica Azul) y otros muchos que ahora no afloran en mi memoria.
Cuando fuimos creciendo y dejando la escuela, no pocas veces nos cruzamos con el maestro. Su pregunta nunca fallaba: ¿te estás portando bien?
Y sonreía alentándonos a no torcer un camino que él, precisamente, junto a aquellos recordados educadores, a toda hora nos trazaba con firmeza.
De sólo pensar en ese cruel final de Julio Castro a manos de sus captores se nos pone la piel de gallina. Sus secuestradores y asesinos siguen por ahora impunes y ni siquiera sabemos dónde yacen sus restos para llevarle una flor. Pero esté donde esté, que el maestro sepa que sus alumnos de todos los tiempos jamás lo olvidarán.
Mientras tanto, seguiremos bregando para que la Intendencia Municipal de Montevideo designe maestro Julio Castro al tramo de la actual calle Arenal Grande entre Garibaldi y Domingo Aramburú.
No es mucho para lo que merece como real homenaje, este hombre que de sus profesiones hizo un apostolado. Y cuya vida segó el proceso porque, para sus integrantes, la gente inteligente no merece vivir.
¡Malditos sean!!
--------------------------------------------------------------------------------
Un testigo reveló a cómo era
La Tablada durante la dictadura
El infierno de la Base Roberto
"Los gritos que venían de La Tablada, eran desgarradores". "Se oían desde la calle cuando uno pasaba de noche"."Pude ver la cama donde hacían las torturas, y el lugar donde desde unas argollas colgaban a los detenidos. Las ví ensangrentadas. Colgaban desde una pared, donde estaba el signo del Ejército". "Conozco el sótano, al que bajé varias veces, era grande y frío, y ocupaba gran parte del edificio". "No sé quién le puso Base Roberto, para nosotros ese lugar siempre se conoció como el infierno de La Tablada".
MARIO DELGADO GEREZ
El edificio de La Tablada "es clave". "En ese sótano puede haber de todo", dijo.
Así relató uno de los tantos vecinos que conoció desde adentro La Tablada. Antes de ser centro de detención, cuando lo era y después de dejar de serlo.
Quien se prestó a dialogar es conocedor del lugar, ya que nació en el barrio.
Este lugareño, que prefirió mantener el anonimato, dijo: "Conozco bien el lugar porque íbamos ahí. Antes era solamente el edificio, después le pusieron el alambrado que tiene ahora y los galpones".
"La calle, que era entonces Camino de las Tropas, rodeaba el edificio, y no como ahora que el tránsito sigue hacia Lezica. Lo demás era todo campo.
"Pero como lo vi desde adentro, le puedo decir que cuando los militares lo entregaron, estaba todo cambiado. No era el mismo edificio que yo conocí". "Las celdas que habían construido no estaban".
"Recuerdo muy bien lo que era aquello. Le puedo decir que cuando el Ejército se hizo cargo de lo que fue el ex hotel de La Tablada, los soldados que había era toda muchachada joven. Venía desde San Ramón, los cambiaban dos por tres".
"Ellos se mezclaban con el vecindario. Jugaban al fútbol, con la misma ropa de fajina y recuerdo muy bien que dos por tres rompían los vidrios de los ventanales, que al otro día ya los reponían. "Había una cosa muy singular. En la entrada de La Tablada habían puesto una campana que hacían sonar cada vez que venía Cristi, el que fue general, que en esa época no sé qué grado tendría.
Como La Tablada está en la altura, desde ahí se veía cuando venía el auto. Entonces los milicos hacían sonar la campana, como aviso para que nosotros nos fuéramos, al grito de "viene Cristi, viene Cristi". Una vez casi nos agarra adentro de La Tablada. Estaba prohibido que entraran civiles al lugar.
"Después todo cambió. Vino gente más madura y se nos prohibió entrar.
Seguramente fue cuando empezaron a traer a los detenidos".
"Eran gritos desgarradores"
"No creo que nadie que viviera cerca de La Tablada y que viva todavía, pueda olvidar los gritos que se escuchaban de noche. Eran desgarradores, se escuchaban desde la calle, cuando uno pasaba por allí. Era atroz aquello", relata nuestro entrevistado.
"No sé quién le puso la Base Roberto a eso, para nosotros siempre fue 'el infierno de La Tablada'".
"Cuando los milicos se retiraron entró la gente del Ministerio de Transporte a arreglar el edificio.
Ahí pude ver la cama donde hacían las torturas, que era una cama muy especial, y vi también las argollas que estaban clavadas, colgando de una pared que tenía de fondo el signo del Ejército.
La vi con sangre. Seguramente era el lugar donde colgaban a los detenidos y los torturaban. Eso duró pocos días, porque después la sacaron al toque. No sé cómo dejaron eso ahí".
La Tablada es clave
Para nuestro entrevistado el edificio de La Tablada y su entorno es clave en la búsqueda de los restos de los detenidos-desaparecidos.
"Eso está todo cambiado. En esa época era todo tierra greda. Los animales se enterraban en el suelo y ahora hay tierra seca. Hay que pensar que lo sucedido aconteció hace 30 años, Para mí el edificio de La Tablada es clave. En ese sótano puede haber de todo.
Antes de irse los milicos, sacaron camiones y camiones de escombros: se ve que rompieron todo lo que habían construido, porque eso no quedó como yo lo conocí".
Ahora no sé cómo van a hacer para buscar adentro. Ese sótano era grandísimo y la única manera de trabajar tranquilo ahí es sacar a los presos, no queda otra.
La verdad que no se cómo harán".
"Ojalá que encuentren algo donde están excavando, pero es medio raro que enterraran a los detenidos tan cerca de donde pasaba toda la gente.
Fíjese que donde buscan ahora está prácticamente encima de lo que era entonces Camino de las Tropas, el camino principal que unía La Tablada con la zona del puerto".
------------------------------------------------------------------ooOOoo-----------------------------------------------------------------------
Al menos 9 desaparecidos
Serían nueve las personas detenidas en Uruguay que fueron muertas por tortura en La Tablada cuando el lugar era utilizado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí, en algún lugar, podrían estar enterrados los restos de: Amelia Sanjurjo (fecha de detención: 1977), Julio Castro Pérez (1977) , Luis Eduardo Arigón (1977), Oscar José Baliñas (1977), Oscar Tassino (1977) , Ricardo Valiente (1978) , Félix Ortiz (1981), Antonio Omar Paitta (1981) y Miguel Angel Matto (1982). A ellos se podrían agregar los cuerpos de otros cuarenta uruguayos secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país, en el denominado "tercer traslado
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento desclasificado presentado a la Justicia confirma política de secuestros y traslados ilegales de uruguayos
La "repatriación forzada" de la dictadura
continuación del artículo
----------------------------------------------------------------
Senadora del FA se sumó a campaña
de anulación de la Ley de Caducidad
La regional Salvador Allende del Nuevo Espacio llevó a cabo en el club Congreso, la conferencia "Razones para anular la Ley de Caducidad", en donde participaron como panelistas la senadora de la Vertiente Artiguista Magarita Percovich, el jurista vinculado a los derechos humanos Oscar López Goldaracena
y el general (r) Oscar Pereyra.
continuación del artículo
----------------------------------------------------------------------------
Por unanimidad,
la Comisión de Derechos Humanos aprobó creación del Archivo Nacional de la Memoria
continuación del artículo
-------------------------------------------------------
Presenta documentación de Cancillería en causas del "segundo vuelo"
y traslados de 1978
El abogado especializado en Derechos Humanos Oscar López Goldaracena adjuntará nueva documentación de la Cancilleria a las causas del "segundo vuelo" de Orletti y de los traslados clandestinos de 1978, ambas a cargo del juez penal Luis Charles.
El jurista solicitará agregar a los expedientes un documento de la Cancillería uruguaya, fechado el 2 de junio de 1976, en el cual se "aprueba y comparte todo lo actuado por la sede diplomática, en los casos de uruguayos exiliados en Buenos Aires", según dijo López Goldaracena a LA REPUBLICA.
Específicamente, el documento menciona los "recientes hechos de notoriedad" y otro comunicado del 28 de mayo del mismo año, en el que podría deducirse que se hacía referencia a los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
En su último tramo, el télex encriptado enviado a la embajada uruguaya en Buenos Aires autoriza a realizar traslados de exiliados en el vecino país "... si se tratare de personas legalmente requeridas por la autoridad competente del Uruguay, se servirá a su traslado a la República".
López Goldaracena dijo que el documento que se incorporará hoy a ambas causas "es de fundamental importancia para demostrar que los uruguayos residentes en Argentina se los traía a Uruguay, y ese sería el caso de los traslados de 1976 y 1978".
"El documento involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió la orden a la embajada en Buenos Aires, y eso determina la responsabilidad de los intervinientes y de las autoridades, tanto del dictador Juan María Bordaberry y del canciller Juan Carlos Blanco, agregó el abogado. El caso que indaga el "segundo vuelo" de Orletti del 5 de octubre de 1976 está a cargo del juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, quienes investigan el destino de una veintena de presos políticos trasladados a Uruguay.
Mientras, en otro expediente, también a cargo de Charles y Guianze, la Justicia indaga una serie de seis traslados por lancha, avión y avioneta que tuvieron lugar durante el año 1978, en los que habrían sido ingresados a Uruguay unos 40 militantes de los GAU, el MLN y el PCR, detenidos en 1977. *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECOMENZARON LOS TRABAJOS DE
BUSQUEDAS DE "DESAPARECIDOS"
en "La Tablada"
Nueve asesinados por tortura
en La Tablada siguen desaparecidos
Luis Eduardo Arigón Castel tenía 51 años, casado, dos hijas. Era dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria (Fueci) y militaba en el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Su familia fue testigo de su detención por parte de las Fuerzas Conjuntas el 14 de junio de 1977. Fue una de las primeras víctimas de La Tablada.
De su muerte por torturas fueron testigos los sindicalistas Eduardo Platero y Juan Angel Toledo, quienes también habían sido recluidos en el centro de detención clandestino "Base Roberto", en La Tablada, de Camino La Redención y Camino de las Tropas.
Platero relató que en la madrugada del 14 de junio "estando colgado, a mi lado estaba un hombre que respiraba penosamente. Los custodias discutían si aguantaría o no, por sus precarias condiciones. En un momento dejó de respirar y nos bajaron a ambos, chocaron nuestros cuerpos. Se trataba de una persona corpulenta, lo que me hace suponer que puede haber sido Arigón..."
Oscar José Baliñas Arias también tenía 51 años, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba en el Banco de Previsión Social (BPS) y era miembro del Movimiento Popular Unitario integrante del Frente Izquierda de Liberación (Fidel). Fue secuestrado el 21 de junio de 1977.
La detención en su domicilio fue presenciada por una vecina del edificio quien vio cuando lo introducían en un vehículo militar. También fue llevado al centro de torturas de La Tablada, donde realizaba sus "interrogatorios" el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Ricardo Rosa fue testigo de su presencia en La Tablada. "Cuando había un interrogatorio, el decía: "Soy el hijo del general Baliñas", a lo que le contestaban "del ex general". También cuenta que un día reaccionó ante un guardia y siete soldados lo golpearon con violencia. No se supo más de él.
Oscar Tassino Asteazú, de 40 años, estaba casado y tenía tres hijos. Era empleado de UTE, dirigente sindical de AUTE y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), por lo cual estaba requerido. Fue secuestrado en la casa de unos amigos el 19 de julio de 1977.
Ana Regnier relató a LA REPUBLICA que entre los captores estaban los militares Eduardo Ferro del Servicio de Información y Defensa (SID) y Ernesto Ramas de la OCOA. Su presencia en La Tablada fue testificada por Graciela Salomón, quien era torturada en el lugar cuando Tassino muere.
Cuenta que hubo una gritería, su interrogador sale y pregunta qué pasaba. Y oye: "¿Vos qué querés hacer, idiota? Recién te bajamos y ahora te tenemos que subir". Oyó la voz de Tassino, seguida de golpes impresionantes y sintió como una cabeza que se rompe contra una pileta. Después un silencio total.
Julio Castro Pérez, había nacido en Florida el 13 de noviembre de 1908, casado, dos hijos. Maestro de reconocida obra docente y pedagógica a nivel nacional e internacional, era redactor responsable del semanario Marcha, colaborador de Unesco y del grupo de independientes en el Frente Amplio.
Fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 por agentes del SID al mando del oficial principal Zabala, relata el ex agente Julio Barboza. Su camioneta Indio fue robada y usada en otros operativos. Llevado a La Casona, de Millán y Loreto, su muerte fue presenciada por el periodista brasileño Flavio Tabárez.
El régimen dictatorial declaró, durante años, que Julio Castro había abordado un avión de Pluna hacia Buenos Aires. La mentira fue reconocida muchos años después, pero aún en los informes sobre desaparecidos del Ejército se oculta el destino de sus restos, que pudieron ser enterrados en La Tablada.
Amelia Sanjurjo Casal tenía 39 años, estaba embarazada, era empleada de una editorial y militaba en el PCU. Fue detenida el 1º de noviembre de 1977 en su domicilio de Colón, donde los efectivos de la OCOA habían montado una "ratonera" para capturarle.
De su secuestro es testigo su amigo Carlos Aguilera, retenido en la "ratonera". Varios testimonios dan cuenta de que Amelia Sanjurjo fue llevada a La Tablada y que su muerte se habría producido cuando intentó escapar pese al mal estado físico en que se encontraba.
La Comisión para la Paz concluyó que "fue severamente torturada y después encerrada en un calabozo de la planta baja; cuando se le iba a conducir a una nueva sesión de tortura, que tenía lugar en el primer piso de La Tablada, se resistió, fue golpeada y murió alrededor del día 8 de noviembre", dice.
Ricardo Valiente Blanco tenía 49 años, casado y con dos hijos. Había sido empleado de UTE y dirigente sindical en Mercedes. Era dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y fue detenido en un almacén de su propiedad el 15 de enero de 1978. En el lugar también fue secuestrado luego Angel Gallero, quien es testigo de la tortura que ambos recibieron en La Casona de Millán y Loreto antes de ser trasladados a La Tablada, donde Blanco seguía sobreviviendo a las torturas hasta el día 26. Desde entonces está desaparecido.
Fuentes militares dijeron a la Comisión para la Paz que Ricardo Blanco orinaba sangre y sospechaban que padecía de una afección renal y habría fallecido como consecuencia de una hemorragia interna en el Hospital Militar. Familiares explicaron que Blanco no tenía problemas renales al ser detenido.
Felix Sebastián Ortiz tenía 45 años. Era sindicalista de Fueci y miembro del Partido Comunista del Uruguay. Fue detenido en la calle el 16 de setiembre de 1981, cuando estaba requerido y militaba clandestinamente en contra de la dictadura cívico militar que entonces presidía el dictador Gregorio Alvarez.
El informe de la Comisión para la Paz establece que fue secuestrado en José Belloni y San Cono a las 10 de la mañana y trasladado al centro de detención de La Tablada, donde fue torturado hasta su muerte, un día después, el 17 de setiembre.
Existen versiones de su presencia en el Hospital Militar en noviembre de 1982, en una silla de ruedas y con el Nº 2163 en su espalda. El Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno hizo pública su requisitoria el 31 de agosto de 1983, ante las denuncias internacionales sobre su desaparición.
Antonio Omar Paitta Cardozo, había nacido el 20 de agosto de 1920. Casado y padre de tres hijas, era militante del Sindicato Unico de la Construcción y Afines (Sunca) y del Partido Comunista del Uruguay. Fue secuestrado en la mañana del 21 de setiembre de 1981. Su voz fue reconocida en el centro de detención de La Tablada por otro sindicalista metalúrgico que realizó una denuncia ante Amnistía Internacional en la que cuenta que fue torturado hasta perder el conocimiento y le hicieron un careo con Paitta.
La Comisión para la Paz concluyó que Paitta fue muerto por torturas en La Tablada el 1 de octubre de 1981, pero recoge la versión de fuentes militares de que, como otros, su cuerpo fue sepultado en el Batallón 14 de Toledo, exhumado, cremado y arrojado al Río de la Plata.
Miguel Angel Mato Fagián tenía 39 años, también casado y padre de una hija. Estudiante de derecho, fue empleado de Funsa y militaba en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Fue secuestrado el 29 de enero de 1982 luego de una reunión con una compañera en un bar.
Raúl Clérico, militante del PCU que conocía a Miguel Angel, señala que mientras era interrogado en el centro de torturas de La Tablada, un militar de alias "Ariel" le mencionó a "El gordo Tito", apodo de Mato Fagián, como uno de los comunistas que allí estaban detenidos. La Comisión para la Paz concluyó que fue asesinado el 8 de marzo de 1982 cuando era trasladado en una camioneta custodiado por cuatro militares y al llegar a Camino Corrales y Serratosa intentó fugarse. Fue alcanzado por una ráfaga de subametralladora. Su cuerpo sigue desaparecido.
-----------------------------------
Lille Caruso: "Es información de primera mano"
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Lille Caruso, dijo ayer a LA REPUBLICA que los datos en base a los cuales comenzará a trabajar el equipo de especialistas que lidera José López Mazz "son de primera mano".
La dirigente del PCU explicó con la información sobre enterramientos en La Tablada fue aportada por un ex militar del Servicio de Información de Defensa (SID). "Yo pienso que esta persona debe haber hecho los primeros enterramientos", agregó.
Caruso indicó que principalmente existen dos lugares en los cuales, en base a la información recabada, pudieron llevarse a cabo enterramientos clandestinos: el primero, en una cañaveral ubicado sobre el ingreso al establecimiento; y el segundo un antiguo sótano del edificio. No obstante, Caruso afirmó que la versión "con los datos más firmes" serían los vinculados a los enterramientos en la zona próxima a la entrada al actual centro de reclusión, donde existe un espeso matorral, con importantes árboles y arbustos.
Finalmente, la dirigente del PCU opinó que en el caso de La Tablada, que actualmente depende de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC) y no del Ejército, tal como ocurrió en los predios investigados anteriormente, los especialistas "van a trabajar mejor y más cómodos". *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo técnico encabezado por el arqueólogo José López Mazz
reinicia hoy la búsqueda de desaparecidos
El "enterradero" de La Tablada
Donde hubo un hotel para hacendados, la dictadura uruguaya instaló un "enterradero" humano. Los cuerpos de nueve detenidos en Uruguay y de otros cuarenta, que fueron secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país, pueden ser encontrados a partir de hoy en La Tablada, donde entre 1977 y 1983 los represores del OCOA y el SID centraron sus operativos de tortura y muerte. Las excavaciones ordenadas por el Poder Ejecutivo, además del objetivo central de encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, pueden ser una prueba de cargo en la instrucción judicial que se va a reiniciar en agosto.
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Los cuerpos de medio centenar de uruguayos desaparecidos pueden haber sido enterrados en las instalaciones del Centro de Reclusión de La Tablada, donde entre 1977 y 1983 funcionó un centro de torturas de la dictadura, y en la que hoy se reinician excavaciones de búsqueda por orden del Poder Ejecutivo.
Los trabajos arqueológicos que efectuará un equipo de técnicos de la Facultad de Humanidades bajo la dirección de José López Mazz intentarán confirmar versiones concretas de lugares de enterramiento en la dependencia del Ministerio del Interior ubicada en Camino Melilla y Camino de la Redención.
A los restos de nueve personas detenidas en Uruguay, quienes fueron muertas en La Tablada cuando el lugar era utilizado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se pueden agregar los cuerpos de otros cuarenta uruguayos secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país.
Estos operativos, coordinados entre el OCOA, el Servicio de Información y Defensa (SID) y los organismos de Inteligencia de las tres armas, han sido confirmados por documentos desclasificados, nacionales y extranjeros, y por testigos que ya declararon ante la Justicia penal uruguaya.
Las indagaciones judiciales sobre el traslado ilegal de desaparecidos que vienen realizando el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, continuarán en el mes de agosto, cuando finalice la feria judicial en curso, y comience la citación de indagados.
Entre los responsables de esos crímenes de lesa humanidad, se encuentran ex oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército uruguayos, quienes siguen actuando bajo un pacto de silencio por el que se niega la información respecto al paradero de los restos de los desaparecidos.
Traslados ilegales
Charles y Guianze, quienes ordenaron el procesamiento con prisión de ocho militares y policías por la privación de libertad del uruguayo Adalberto Soba en Argentina en 1976, agregaron luego el caso del "segundo vuelo" de Orletti, denunciado en 2002 por una investigación periodística de LA REPUBLICA.
El "segundo vuelo" implica el traslado ilegal de una veintena de uruguayos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que fueron secuestrados en Argentina en setiembre de 1976 y traídos a Uruguay ese 5 de octubre en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Todos ellos permanecen desaparecidos.
El Juzgado Penal de 19º Turno también incorporó a su instrucción el caso del llamado "tercer traslado" masivo, compuesto por una serie de intercambios ilegales de presos entre las dictaduras de Argentina y Uruguay en 1977 y 1978, que incluyó unos 40 uruguayos secuestrados en el vecino país.
El "tercer traslado" revelado por una investigación del abogado Oscar López Goldaracena en colaboración con LA REPUBLICA denunció que militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Grupo de Acción Unificadora (GAU) secuestrados en Argentina en 1977 también vinieron a Uruguay.
Un sobreviviente de La Tablada, Angel Gallero, testimonió a LA REPUBLICA que mientras era torturado en el lugar en febrero de 1978, pudo ver a su compañero del PCR Carlos Cabezudo y escuchó hablar a Eduardo Gallo y Célica Gómez. Los tres habían sido secuestrados en Buenos Aires ese fin de año.
Las excavaciones que se iniciarán hoy, fueron ordenadas por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, ante una nueva serie de evidencias y testimonios recabados por la dirigente comunista Lilie Caruso y el periodista Samuel Blixen del semanario Brecha. *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El "Goyo" y el "Operativo Conserva"
El Comargen fue uno de los frigoríficos que se benefició con la defraudación del "Operativo Conserva",
uno de los delitos económicos cometidos
por el gobierno de la dictadura cívico militar.
En 1982, en pleno gobierno del dictador y ex jefe del Ejército Gregorio "Goyo" Alvarez, el Ministerio de Ganadería firmó un contrato con la empresa Inversur Trading Company, a través del cual se comprometía a exportar carne vacuna a Argentina, elaborar corned beef en el vecino país, vender el producto y prestar "servicios especiales" por parte de la empresa privada.
El representante de Inversur, José María Alori, era director del Frigorífico y Matadero Carrasco, del cual además era director el ex vicepresidente de la República Enrique Tarigo mientras que desempeñaba tareas Rosario Flores, esposa del dictador.
El acuerdo establecía que el precio final de adquisición del corned beef, por parte del Estado uruguayo, era superior al que se obtenía en su colocación, beneficiándose de esta forma los frigoríficos, entre ellos el Comargen. Además se obligaba a nuestro país a pagar los costos de la operación y a comprar la producción.
El Operativo Conserva llevó a que el Ministerio de Ganadería obtuviera el corned beef un 25% más caro del precio internacional, adquiriendo de esta forma una deuda con el Bank of América de 15 millones de dólares.
La conserva fue reexportada por Alori, que ganó unos 700 mil dólares más las comisiones que pagó INAC por la venta. Por su parte, el gobierno de facto compró la cartera de deudores incobrables del Bank of América por unos 10 millones de dólares, además de pedirle un préstamo por 27,3 millones de la moneda americana. El Operativo Conserva supuso una pérdida de unos 12 millones de dólares para el Estado uruguayo. *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LA PROPOSICION DE CRYSOL SOBRE
REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DE LA DICTADURA
EN URUGUAY
Un importante documento ha sido publicado en nuestro País proveniendào de la Asociación de ex-presos politicos en Uruguay. Damos la integridad de dicho documento.
CRYSOL
Asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay
ANTEPROYECTO de LEY de REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE
LOS DERECHOS HUMANOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reparación integral es un derecho de las víctimas. Sin desconocer que desde 1985 se han dado pasos sucesivos en materia de reparación de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, hasta el momento no se ha implementado una reparación integral.
El anteproyecto adjunto, elaborado por el colectivo de CRYSOL, es un aporte abierto que debe ser enriquecido por el debate social y político, pero teniendo presente que resulta de implementación indispensable en la medida en que las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Asimismo, no puede soslayarse que el Estado, quien fuera el causante del daño, está moral y jurídicamente obligado a instrumentar medidas reparatorias integrales, eficaces y adecuadas.
Este anteproyecto de ley integra, en su articulado, varias de las propuestas realizadas por organismos de derechos humanos que trabajan en la reparación integral de los derechos de las víctimas. La participación social de las víctimas resultará fundamental para su consolidación. Recoge, asimismo, la experiencia de países que en las últimas décadas han transitado desde regímenes dictatoriales a la consolidación de la democracia y que han adoptado sus propias leyes reparatorias, las que sirven de antecedentes (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay).
La consideración de la aplicación de estados de excepción como el momento a determinar el inicio de la falta de garantías legales y procedimientos administrativos es similar a la solución argentina. De ahí que el proyecto reconoce el período comprendido entre el 13 de junio de 1968, inicio de la aplicación continuada de medidas prontas de seguridad y el 28 de febrero de 1985, último día antes de la asunción del primer gobierno democrático post-dictadura. Especialmente, en relación con los presos políticos se extiende hasta el 14 de marzo de 1985, fecha en la que finalizó su liberación.
La propuesta de reparación integral considera las especiales particularidades que tuvo la aplicación del terrorismo de estado en nuestro país: práctica masiva, sistemática y generalizada de tortura, desaparición forzada, prisión política, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el marco ideológico de la “doctrina de la seguridad nacional”. Teniendo asimismo presente las directivas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos, las medidas de reparación que se proponen se entienden adecuadas y efectivas para que la reparación sea, realmente, reparación integral.
***
Una persona es considerada víctima cuando, como resultado de acciones u omisiones que constituyen violaciones de derechos humanos o normas de derecho internacional humanitario, sufre daño físico o mental, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales como persona.
La Resolución 60/1247 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de noviembre de 2005, sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones señala: “A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima:
a) Toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario;
b) Toda persona que, al intervenir para ayudar a una víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones, sufra daños físicos, mentales o económicos;
c) De conformidad con el derecho interno, una persona jurídica, el representante de una víctima, una persona a cargo o miembro de la familia inmediata o del hogar de la víctima directa. 9. La condición de víctima de una persona no dependerá de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado.
***
El derecho a la reparación integral tiene un fuerte componente moral pero, también, ha adquirido solidez jurídica, incorporándose como un derecho fundamental de la persona.
Diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, obligatorias para el Uruguay, reconocen el derecho a la reparación para las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos; en particular, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También se le reconoce derecho a la reparación para las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, como es el caso del artículo 91 del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
Más recientemente, el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dispone que la Corte establecerá: “principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”; asimismo, se obliga a la Asamblea de los Estados Partes a establecer un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes que son de la competencia de la Corte, así como en beneficio de sus familias (artículo 79).
Por su parte, en el ámbito de Naciones Unidas, la Asamblea General adoptó por Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, resultante de los debates del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. En la misma se consagra el derecho de las víctimas a “una pronta reparación del daño que hayan sufrido” (artículo 4).
La evolución que se viene desarrollando en la materia, tiene su mayor grado de expresión cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, por Resolución 60/1247 del 16 de noviembre de 2005, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Se dispone que conforme al derecho interno y al derecho internacional, se deberá tener en cuenta las circunstancias de cada caso y otorgar a las víctimas, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes : restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención.
Al respecto se establece:
“20.- La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según proceda, el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
21. La indemnización ha de proveerse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:
a) El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y los trastornos emocionales;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales, incluido el daño a la reputación o a la dignidad;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.
22. La rehabilitación ha de incluir, la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.
23. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:
a) La cesación de las violaciones continuadas;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños innecesarios o amenace la seguridad de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según las prácticas culturales de sus familias y comunidades;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos jurídicos y sociales de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella, como la identidad de los niños secuestrados;
e) Una disculpa que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.
24. Dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, las garantías de no repetición y de prevención han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes:
a) El ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;
e) El fomento y fortalecimiento de la enseñanza de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de modo prioritario y permanente, en todos los sectores de la sociedad, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como las fuerzas armadas y de seguridad;
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a vigilar y prevenir y resolver los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.
continuación del documento >>>>>>
A las 5 en punto, homenaje
a ex trabajadores de
"El Popular",
34 años después
A las 5 de la tarde en punto, con un breve pero emotivo acto en la esquina del 18 de Julio y Río Branco, la Junta Departamental de Montevideo rindió ayer homenaje a ex los trabajadores del diario El Popular "por su resistencia a la dictadura", según reza una de las líneas de la plaqueta que se colocó en la pared del edificio donde funcionó el recordado matutino.
A la cita concurrió Laura Abriles, quien cuando se produjo el desalojo del diario estaba en el vientre de su madre Estela, y el fotógrafo de El Popular, Aurelio González, aprovechó para exhibir parte del archivo fotográfico que rescató 30 años después de que los militares lo expulsaran por la fuerza de la redacción del matutino, el 9 de julio de 1973.
Al culminar el acto, González dijo a LA REPUBLICA que "después de 34 años es emocionante que haya llegado público joven interesado por saber qué fue lo que ocurrió ese día", señaló.
En la esquina de 18 de Julio y Río Branco, la Junta
Departamental colocó una placa y le rindió tributo
a "su resistencia a la dictadura".
El fotógrafo agregó: "Si por ahí hay algún soñador de golpes de Estado, deben saber que este pueblo haría lo mismo que hizo en 1973 y los enfrentaría con el mismo fervor que en aquella oportunidad", sentenció.
González recordó que "El Popular fue el diario de la clase obrera, esa es la verdad, y se lo ganó a pulso, con méritos propios". Acto seguido recordó aquel día y dijo: "Yo por mi profesión tenía que estar enterado de lo que iba a ocurrir ese día y sabía que desde la esquina de 18 de Julio y Julio Herrera y Obres se iba a pegar el grito de CNT y Libertad, y efectivamente así lo hicieron los trabajadores de la bebida".
Luego de que los efectivos represores de la dictadura militar disolvieran la manifestación convocada por la CNT, procedieron a desalojar por la fuerza la redacción del diario El Popular, unos de los bastiones de la clase obrera y desde donde se mantenía la Huelga General.
Sobre el desalojo, García dijo que "fue brutal, no solamente por el uso de la fuerza contra hombres y mujeres indefensas, sino por la tanqueta que voló la puerta de hierro del diario y por los hombres que ingresaron con mascaras antigás y bayonetas caladas".
El fotógrafo dijo que "a pesar de los golpes y los insultos, la gente del diario salió entonando las estrofas del Himno Nacional, con una entereza que sorprendió hasta a los propios represores", recordó.
Por su parte, Tania González, que en aquella época era una auxiliar de la secretaría, dijo a LA REPUBLICA que una de las cosas que no se pudo olvidar "fue cuando los militares nos bajaron dos pisos a patadas y luego simularon que nos iban a fusilar". *
GOLPIZA A UN TESTIGO CLAVE
Un artículo aparecido en el
Semanario "Brecha"
sobre una agresión a un ex-cabo del
Ejército uruguayo el cual confesó de haber
enterrado a "desaparecidos" y que nuestra
Página ya lo había editado:
Para ver el VIDEO descienda esta misma página
LA VERDAD DE LOS
DESAPARECIDOS
Para leer el artículo de "BRECHA" pulse el botón 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apología de CRIMENES DE LESA HUMANIDAD......
Militares procesados reconocen,
en su página web, su participación en la desaparición de uruguayos
Una confesión en voz baja
Detrás del operativo de "enchastre" sobre ciudadanos fallecidos, la página "envozalta.net" de los militares procesados se transforma en una prueba de cargo. Allí admiten su participación en los operativos represivos, aunque desvían las responsabilidades hacia los mandos militares y al ex dictador Gregorio Alvarez. En cinco artículos, Gavazzo termina por reconocer que actuó en las desapariciones de Adalberto Soba, María Claudia Gelman, Elena Quinteros y Alberto Mechoso, instancia en la que robó cinco millones de dólares.
pulse el botón para leer el artículo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAMBIEN HOY A LAS "5 en punto"
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO
HOMENAJEA A LOS TRABAJADORES DEL DIARIO MONTEVIDEANO "El Popular"
colocando una plaqueta recordatoria en la esquina
de"18 de Julio y Río Branco"
|